El PNV reclama en Bruselas medidas para blindar a la flota vasca ante el cierre de 42 áreas en aguas escocesas

La eurodiputada Oihane Agirregoitia pide a la Comisión Europea compensaciones, plazos y un estudio de impacto tras la veda de más de 32.000 km² que afecta a artesanales y de altura; alerta de “riesgo económico y social” para las comunidades pesqueras

EAJ-PNV ha trasladado a Bruselas la inquietud de la flota vasca por la veda decretada por el Gobierno escocés sobre 42 áreas marinas —más de 32.000 kilómetros cuadrados entre las 12 y 200 millas de la costa— y ha reclamado a la Comisión Europea un paquete de medidas de protección para los barcos de la Unión que faenan en la zona. La eurodiputada Oihane Agirregoitia registró una batería de preguntas en el Parlamento Europeo en la que advierte de que la decisión, en vigor desde el 16 de octubre, “supone una amenaza para la estabilidad económica y social del sector”, con impacto tanto en la pesca artesanal como en la flota de altura, incluida la vasca.

Agirregoitia subraya que el cierre alcanza caladeros históricos como Rockall, donde la flota vasca ha mantenido actividad durante décadas y que, además, UE y Reino Unido acordaron mantener accesibles hasta 2038 en el marco del Acuerdo de Comercio y Cooperación. “Lograr un equilibrio económico, social y medioambiental no es un eslogan: es una condición para la viabilidad del sector”, defiende la eurodiputada jeltzale, que reclama a la Comisión “respuestas concretas y rápidas”.

En su iniciativa, EAJ-PNV pide a la Comisión que detalle qué medidas compensatorias prevé para “proteger a las y los pescadores” afectados por las nuevas restricciones, en qué plazos y bajo qué condiciones podrían activarse, y si encargará un estudio de impacto que cuantifique las consecuencias económicas y laborales en las flotas de la UE que operan en aguas escocesas. Para el partido, el cierre masivo de áreas, incluso cuando se justifica por objetivos de conservación, “debe ir acompañado de mecanismos de transición que eviten el colapso de empresas y empleos en los puertos de origen”.

El Gobierno escocés ha defendido la veda como una herramienta para proteger especies y hábitats de importancia nacional y un “paso clave” para salvaguardar la biodiversidad marina. Sin cuestionar ese objetivo, Agirregoitia recuerda que “toda restricción a gran escala en zonas compartidas exige coordinación, evaluación y compensación”, y alerta de efectos colaterales como el desplazamiento de esfuerzo hacia otras áreas, el aumento de costes por más millas navegadas y la pérdida de días efectivos de pesca por la incertidumbre regulatoria.

En Euskadi, el impacto potencial se mide en las rutas y campañas de palangreros y arrastreros que, cada temporada, planifican su actividad entre varios caladeros del Atlántico nororiental. Con parte de esas “ventanas de trabajo” ahora cerradas, las empresas se ven obligadas a reensamblar planes de marea, renegociar logística y suministros y recalcular rentabilidades en un contexto de combustible caro y márgenes estrechos. “No hablamos solo de capturas: hablamos de puestos de trabajo a bordo y en tierra, de lonjas, astilleros, suministros y servicios portuarios que dependen de que los barcos puedan salir a faenar”, apuntan fuentes del sector consultadas por el grupo jeltzale.

La dimensión política del caso no es menor. EAJ-PNV advierte de que la decisión escocesa “tensiona” el espíritu del acuerdo UE–Reino Unido y pide a la Comisión que active los canales bilaterales necesarios para armonizar los objetivos de conservación con los derechos de acceso pactados y con la continuidad socioeconómica de las regiones pesqueras europeas. “La conservación y la pesca no son antagonistas si se planifican bien las transiciones”, insisten desde la delegación vasca.

Mientras tanto, el sector vasco pide certezas. En la práctica, los armadores reclaman seguridad jurídica para programar campañas y apoyos temporales —financieros y operativos— si el cierre de zonas obliga a reducir esfuerzo o cambiar de artes y destinos a corto plazo. También demandan que cualquier ajuste se diseñe con participación directa de la flota y basado en ciencia con metodologías compartidas, de forma que los beneficios ambientales esperados se midan y verifiquen y se compensen los costes que asume quien pesca de manera legal y controlada.

En su ofensiva parlamentaria, Agirregoitia insiste en un mensaje de fondo: la transición ecológica del mar requiere tiempos, datos y recursos, y no puede traducirse en cierres súbitos que dejen “descolgadas” a flotas que han invertido en selectividad y control. De la respuesta que dé la Comisión en las próximas semanas dependerá, en buena medida, el grado de alivio que llegue a los muelles vascos y del resto de la UE. Entre la urgencia climática y la supervivencia de las comunidades pesqueras, Bruselas vuelve a tener que coser fino.