El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación avanza en la reducción de las capturas accidentales de cetáceos en la actividad pesquera

 

La Secretaría General de Pesca ha informado en la reunión del grupo de trabajo sobre la situación de los proyectos puestos en marcha para profundizar en el conocimiento de estas especies y limitar las interacciones dentro de la actividad pesquera.La información disponible refleja un bajo nivel de interacción de la flota española con estos mamíferos marinos. Por este motivo, España cumple con sus obligaciones en la materia a través del paquete de medidas adoptado.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha informado en la 7ª reunión del grupo de trabajo sobre capturas accidentales de cetáceos sobre las medidas puestas en marcha para la reducción de las interacciones y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por España. En este encuentro ha participado representantes del sector pesquero y las Comunidades Autónomas del Cantábrico y Noroeste y del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico,

Durante la reunión, de carácter informativo, se han repasado todas las medidas puestas en marcha en los últimos años, como la obligación de la instalación de pingers a determinadas flotas españolas, y especialmente la puesta en marcha de un ambicioso proyecto científico para la mejora del conocimiento del grado de interacción en las distintas pesquerías del Cantábrico y Noroeste y en aguas de Francia en el golfo de Vizcaya por parte de la flota española, mediante un programa de observadores a bordo específico y observación electrónica.

Estas medidas quedaron plasmadas en la Orden APA/1200/2020, de 16 de diciembre, por la que se establecen medidas de mitigación y mejora del conocimiento científico para reducir las capturas accidentales de cetáceos durante las actividades pesqueras. Para su aplicación se cuenta con el asesoramiento científico de los institutos científicos españoles IEO-CSIC y AZTI, que intervinieron durante la reunión para dar a conocer los resultados de los proyectos puestos en marcha.

También se han suscrito convenios con las Universidades de Las Palmas y León. Además de todas estas importantes inversiones, se cuenta igualmente con la puesta en marcha de otros proyectos, como el proyecto Cetambicion financiado por la Unión Europea.

Durante el encuentro también se ha informado de la situación del procedimiento sancionador que tiene abierto la Comisión Europea por un supuesto incumplimiento de determinadas obligaciones recogidas en el Reglamento de Control (Reglamento 1224/2009) y la Directiva de Hábitats (Directiva 92/43/CEE) relacionadas con las capturas accesorias de cetáceos en el ámbito de la actividad pesquera.

Este procedimiento implica a diversas administraciones en el ámbito de sus competencias: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y administraciones autonómicas. Otros Estados miembros, como Francia y Bulgaria, también han sido identificados por este mismo asunto.

Para dar respuesta a la última notificación recibida, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en coordinación con el resto de administraciones competentes, va a remitir la actualización de las mejoras introducidas en el procedimiento de control de los pingers, así como de la información recogida en el proyecto de mejora del conocimiento científico realizado hasta ahora y que continuará en los próximos años.

Las actuaciones llevadas a cabo demuestran el cumplimiento de las obligaciones por parte de nuestro país en la materia, y los datos recopilados a través del programa de observación puesto en marcha revelan un bajo nivel de interacción dentro de la actividad pesquera que despliegan los buques españoles con las poblaciones de cetáceos en la zona del Cantábrico y Noroeste, y la eficacia del uso de los pingers para reducir las capturas accidentales.

Toda esta información que se transmitirá a la Comisión Europea en los plazos previstos por el procedimiento debería conducir, en opinión de España, a poner fin al procedimiento puesto en marcha por la Comisión Europea en 2019.