El MAPA agiliza la tramitación de las medidas UE para facilitar al sector pesquero y acuícola el acceso a las ayudas por Covid-19

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido, por videoconferencia, con los representantes del sector pesquero y acuícola español, a los que ha asegurado que su departamento ya está trabajando para agilizar la tramitación de las medidas de apoyo, tras la modificación del reglamento del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), aprobada la pasada semana.

El Ministerio se ha volcado en la búsqueda de soluciones para mitigar los efectos de la crisis sanitaria en el sector pesquero, sin desatender las actuaciones ordinarias de gestión de las pesquerías, como la ordenación de la pesquería de la caballa por provincias, la actualización de los censos o las gestiones para desarrollar una campaña de la sardina ibérica satisfactoria.

Según ha detallado el ministro, se han agilizado diferentes trámites como por ejemplo flexibilizar la operativa de acuerdos para asegurar que la flota de larga distancia pudieran continuar su actividad de la manera más normal posible en los caladeros de Marruecos, Guinea Bissau y Mauritania.

El ministro ha destacado el esfuerzo realizado por España ante las instituciones comunitarias para que el paquete de medidas de apoyo recogidos en el FEMP sea el más beneficioso posible para el sector pesquero y acuícola, indicaron fuentes ministeriales.

Planas ha valorado la incorporación de medidas como la posibilidad de establecer ayudas para las paradas temporales dirigidas a armadores, tripulantes y, a petición de España, la inclusión de los mariscadores. También se financiará la ayuda al almacenamiento –medida que se dejó de aplicar en 2018-, el aumento de las compensaciones a las pérdidas económicas en las Islas Canarias y modificaciones reglamentarias de apoyo específico a la acuicultura.

El ministro ha destacado la inclusión de mayores porcentajes de cofinanciación en algunas de estas medidas, lo que permitirá utilizar en mayor medida los fondos comunitarios asignados a España en el FEMP.

Para agilizar su puesta en marcha, Planas ha recalcado que tan sólo dos días después de que la Comisión Europea autorizase la reactivación del mecanismo de almacenamiento, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el pasado viernes la primera resolución para facilitar el uso de estas ayudas.

La orden fija los precios de activación de las principales especies, como anchoa, sardina, caballa, jurel, merluza y la bacaladilla en fresco, entre otras. La segunda resolución con otras especies de interés para el sector saldrá próximamente.

Planas ha expresado su confianza en que la aplicación de estas medidas permita, a la mayor brevedad posible, consolidar la normalidad en la actividad pesquera.

Ha comentado que en breve se remitirá a las CC.AA y el sector pesquero un documento con los criterios aplicables a todas las flotas y explotaciones acuícolas afectadas en todo el territorio nacional.

A la reunión han asistido representantes de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, de la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar), de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado (Anfaco-Cecopesca), de la Asociación Española de Mayoristas Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar) y la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (Anmupesca).

Agricultura, Pesca y Alimentación vigila los precios de los alimentos, aunque no detecta subidas anómalas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está realizando un seguimiento pormenorizado de la evolución de los precios al consumo de una amplia gana de alimentos, tanto en el mercado mayorista (Mercas) como en los puntos de venta al consumidor.

Así lo ha señalado el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha presidido por videoconferencia la X sesión extraordinaria del Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria.

Según los datos del Panel de consumo alimentario del Ministerio, desde la semana 11, previa a la declaración del estado de alarma, hasta la última semana de la que se dispone de datos, la semana 16, no se han observado movimientos que puedan indicar la existencia de operaciones especulativas que provoquen incrementos de precios anómalos, frente a lo que el Ministerio permanece vigilante.

Además de los datos del Panel de consumo, el secretario general ha hecho referencia al Índice de Precios al Consumo de la alimentación del Instituto Nacional de Estadística (INE) del mes de marzo, que apenas varió el 0,1 % frente a febrero, así como a la información facilitada por la distribución alimentaria.

El secretario general ha señalado que todos los agentes de la cadena alimentaria han tenido que soportar mayores costes debido a la crisis sanitaria de la COVID-19, como la adquisición de equipos de protección individual, adaptación de nuevos requisitos higiénico-sanitarios en los centros de acondicionamiento y manipulación de los producción, así como en los puntos de venta, sin que estos costes se hayan trasladado de manera significativa a los precios finales al consumo.

La cadena alimentaria, ha señalado el secretario general, ha funcionado en su conjunto en el curso de una de las mayores crisis a las que se ha enfrentado nuestra sociedad y el mundo en su conjunto, garantizando el suministro de alimentos en todo momento en calidad, cantidad y sin que se produzcan perturbaciones en los precios.

Estudios sobre la cadena de valor

Por otra parte, Miranda ha detallado que el Ministerio realizará a lo largo de 2020 la actualización de un primer grupo de estudios sobre la cadena de valor y la formación de precios, que incluyen el aceite de oliva virgen extra, leche líquida, melocotón y nectarina, seleccionados previa consulta con los diferentes sectores y las comunidades autónomas.

El Ministerio atiende de esta manera la decisión tomada por el Observatorio en su anterior reunión de retomar la realización de estos estudios, que se llevaron a cabo entre 2007 y 2014, ya que son una herramienta muy útil para obtener información fiable sobre la formación de precios en la cadena alimentaria y poder evaluar posibles distorsiones.