El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San Sebastián ha autorizado la venta de la unidad productiva de Astilleros Balenciaga al consorcio formado por AD Ports Group (Abu Dhabi) y Premier Marine, a través de la sociedad Safeen Drydock. La operación, valorada en 11,2 millones de euros, pone fin al concurso de acreedores en el que se encontraba la histórica compañía naval de Zumaia desde finales de 2024. Fuentes conocedoras a la operación detallan que previsiblemente la compañía mantendrá la denominación Balenciaga Shipyard, reforzando la marca centenaria ahora bajo el paraguas de un grupo internacional.
La oferta, negociada discretamente desde abril, cuenta con el respaldo de la Administración Concursal, del Gobierno Vasco y de los sindicatos LAB, UGT, ELA y CCOO, además de la aprobación de la Inspección de Trabajo, que certificó la existencia de sucesión de empresa. Fuentes conocedoras del proceso destacan que el visto bueno se ha dado «con el conocimiento de todas las administraciones, pero con un trabajo realizado en silencio» y subrayan que «se trata de la mejor oferta, asegura todos los empleos y la continuidad del astillero».
Según la resolución judicial a la que ha tenido acceso este periódico, la oferta presentada es la más ventajosa por garantizar la continuidad de la actividad y el empleo, además de contar con solvencia técnica y financiera. El consorcio se subrogará en 59 contratos laborales –incluidos 15 trabajadores mayores de 55 años– y asumirá deudas con la Seguridad Social y Geroa correspondientes a esos empleados. Se excluyen únicamente siete puestos en contratos de relevo o en edad de jubilación.
El auto detalla que la adquisición incluye todos los activos de la empresa: desde las instalaciones y maquinaria del astillero hasta los derechos de propiedad industrial e intelectual, concesiones administrativas y contratos en curso. Entre ellos figura el arrendamiento con el Ayuntamiento de Zumaia sobre el muelle y varadero, así como la concesión portuaria de Pasaia para servicios de reparación naval.
Con los 11,2 millones abonados, se atenderán de forma prioritaria los pasivos existentes, lo que permitirá cubrir los salarios, créditos o los propios costes del procedimiento concursal. La operación, que aún no es firme porque cabe recurso de reposición en cinco días, despeja el futuro de uno de los astilleros más veteranos de España.
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