Por tercer año consecutivo, el Golfo de Vizcaya afronta un parón invernal de la pesca considerada de “alto riesgo” para las capturas accidentales de pequeños cetáceos. La medida, aplicada a los buques de más de ocho metros que usan determinados artes (como algunos tipos de arrastre y redes fijas), vuelve a activarse del viernes 22 de enero al 20 de febrero, con el objetivo de reducir la mortalidad de delfines comunes y otras especies que cada invierno aparece ligada a la actividad pesquera en la fachada atlántica francesa.
El cierre, nacido de la presión judicial y regulatoria, se ha convertido en un símbolo incómodo: funciona para bajar la mortalidad, pero deja un reguero económico y social en los puertos. Las repercusiones se cifran en “casi 300” los barcos amarrados y describe un sistema de compensación pública que ronda el 80% del volumen de negocio durante el periodo de inactividad, con indemnizaciones que han alcanzado en campañas previas el entorno de los 20 millones de euros, en Francia.
En ese contexto, la Organización de Productores Les Pêcheurs de Bretagne (LPDB) ha lanzado un mensaje claro: “toca pasar página” y trabajar ya para una reapertura en 2027. Su argumentario —en seis puntos— mezcla ciencia, tecnología y economía. Por un lado, reivindica la implicación directa de la flota en programas de observación y mitigación (pingers, cámaras embarcadas y proyectos de seguimiento), y sostiene que prohibir faenar precisamente en el periodo de mayor riesgo impide comprobar “en condiciones reales” qué herramientas reducen mejor las interacciones con delfines. Por otro, apela al giro científico que, según los investigadores del proyecto DELMOGES, sitúa el cambio climático como factor “central” para explicar el aumento de contactos: un reordenamiento trófico que acerca presas pelágicas a la costa y, con ellas, a los cetáceos y a los artes.
Las cifras son el combustible del debate. Los datos recientes del Observatoire Pelagis, referencia en el seguimiento de varamientos y mortalidad, sitúan en torno a 1.900 los delfines comunes muertos por captura accidental en el invierno 2024-2025 (fachada Atlántico y Mancha oeste), frente a una media aproximada de 4.700 en los inviernos 2017-2023. Sobre esa base, las administraciones han defendido que el “mes sin pesca” reduce de forma importante las muertes, aunque el propio observatorio advierte de que el nivel previo a la parada sigue siendo incompatible con la viabilidad a largo plazo si no se sostienen medidas eficaces.
En paralelo, la discusión se desplaza hacia el “día después”: cómo sustituir una medida drástica por un paquete estable de soluciones. El Comité Nacional de Pesca Marítima francés (CNPMEM) también ha pedido salir de la lógica de cierres sistemáticos y acelerar el camino hacia alternativas operativas, con la vista puesta —de nuevo— en el horizonte de 2027.
El dilema, en el fondo, no es sólo técnico: es político. Dejar el Golfo de Bizkaia un mes sin actividad permite recortar mortalidad de cetáceos, pero tensiona una cadena de valor que arranca en la mar y termina en lonjas, transformadores y mercados. La cuestión que plantean los pescadores bretones es si el próximo paso puede ser más inteligente que contundente: menos “apagón” y más pruebas, más datos y más innovación a bordo, sin renunciar al objetivo de conservación que empujó a los jueces y a la administración a intervenir.
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