Oslo ha señalado ya tres áreas en el Mar del Norte y el Mar de Noruega donde permitirá granjas alejadas de la costa. La medida, reclamada por grupos como SalMar, Mowi o Lovundlaks, busca crear un segundo frente de crecimiento fuera de los fiordos, reducir la presión política sobre las concesiones costeras y competir con la futura acuicultura en alta mar de la UE y el Reino Unido.
Noruega llevaba años diciendo que el futuro del salmón pasaba por salir más lejos, más hondo y más tecnificado. Ahora ese discurso tiene un mapa. El Ministerio de Pesca y Océanos, que dirige Marianne Sivertsen Næss, ha confirmado que el país abrirá tres grandes zonas para acuicultura en alta mar y que estas áreas se anunciarán de forma oficial para licencias competitivas. El mensaje del Gobierno es inequívoco: “esto puede convertirse en una nueva aventura industrial en el mar”, en palabras de la ministra.
Hasta ahora, las compañías podían pedir licencias “experimentales” u operar prototipos (como los proyectos de SalMar y Ocean Farm) pero no había un marco territorial claro. La novedad es que el Ejecutivo pasa de autorizar jaula a jaula a designar zonas completas, dentro de las cuales las empresas deberán presentar un plan integral de establecimiento, operación, desarrollo y desmantelamiento. Es exactamente lo que el sector venía pidiendo para poder invertir en estructuras que cuestan decenas o cientos de millones de euros por unidad.
Según avanzaron medios especializados, las tres áreas seleccionadas se sitúan en el Mar del Norte y en el Mar de Noruega, lejos de las líneas de costa más saturadas y en espacios donde el Gobierno ya está acostumbrado a ordenar usos (petróleo, eólica marina, transporte, minería submarina). La idea es compatibilizar la nueva acuicultura con las rutas pesqueras tradicionales y con los polígonos de eólica offshore que Noruega está impulsando. De ahí que el anuncio llegue en paralelo a la actualización de la estrategia para el Alto Norte y la ordenación de otros recursos marinos.
Los grandes grupos han sido tajantes: sin reglas claras de impacto ambiental, permisos, exigencias de bienestar animal y uso de puertos, el offshore no despega. El Gobierno ha tomado nota y está tramitando una consulta pública sobre cambios en la normativa del salmón para que la asignación de zonas en alta mar tenga su propio procedimiento y no dependa del sistema de “semáforo” que hoy regula las concesiones costeras. La apuesta política es separar los problemas de piojos, escapes y eutrofización —muy ligados a los fiordos— de la futura producción en mar abierto.
Actores como SalMar, Mowi, SalMar Aker Ocean o iniciativas nuevas como Utror llevaban meses diciendo que podían entrar en producción hacia 2028 si el Estado despejaba la parte regulatoria. Les interesa porque el offshore, aunque más caro, permite biomasa más grande y mejor crecimiento gracias a aguas más limpias y estables. También porque, al no compartir bahía con decenas de otros productores, bajan los riesgos sanitarios y las restricciones por piojo de mar que hoy frenan el aumento de volúmenes.
Producir a 30 o 40 millas no sirve de nada si el pescado no puede entrar rápido en la cadena de frío. Por eso el Gobierno ha ligado la delimitación de zonas a una revisión del uso de infraestructuras portuarias, bases de apoyo y centros de procesado cercanos a los aeropuertos. Los proyectos deberán demostrar que pueden abastecerse, cambiar tripulaciones, reparar y desembarcar sin saturar puertos ya usados por pesca y offshore eólico. Es una de las claves que más insiste la patronal Sjømat Norge, que ha saludado la decisión pero pide “plazos y tarifas claras”.
El propio Gobierno reconoce que, antes de abrir la carrera de licencias, hará evaluaciones de impacto acumulado sobre las tres zonas: corrientes, interacción con aves marinas, interferencias con pesquerías y efectos de escapes en áreas donde ya hay salmón salvaje. El mensaje es político: no se va a repetir la historia de crecer primero y regular después que acompaña a la acuicultura costera. Eso agradará a los municipios y a los pescadores, pero puede alargar los calendarios y obligar a las empresas a diseñar instalaciones más caras desde el inicio.
La decisión llega cuando la UE, Escocia y Canadá están estudiando marcos similares para granjas en mar abierto. Noruega, al moverse primero con zonas concretas y un discurso político fuerte, marca el paso y coloca a su industria como proveedora natural de tecnología y servicios para otros países del Atlántico Norte. Si las pruebas salen bien, el país podrá decir en pocos años que no sólo vende salmón, sino que vende cómo producirlo en alta mar.
En el fondo, Oslo busca también rebajar la presión política sobre las concesiones en fiordos, donde las comunidades locales se quejan de olores, tráfico marítimo, escapes y ocupación visual. Al ofrecer un “segundo piso” de acuicultura en el exterior, el Gobierno puede congelar o incluso retirar licencias en zonas sensibles apelando a que hay nuevas superficies disponibles más lejos de la costa. Es, en cierto modo, una válvula de escape para mantener la primera industria exportadora del país sin romper el consenso interno.
En conjunto, la delimitación de zonas no significa que mañana haya jaulas gigantes flotando en el mar de Noruega. Significa algo más importante: las empresas ya pueden hacer números, hablar con bancos y diseñar plataformas reales porque saben dónde se podrá operar. Y en un sector que invierte a diez o quince años vista, eso es casi lo mismo que abrir el grifo.
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