La Secretaría General de Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha decretado el cierre de la pesquería de sardina (Sardina pilchardus) en aguas del Cantábrico Noroeste para los buques de cerco, racú y piobardeira en aguas ibéricas de las zonas CIEM VIIIc y IXa. La medida entrará en vigor a partir de las 00:00 horas del 18 de agosto de 2025 (hora peninsular).
La decisión se adopta apenas unos días después de que la administración anunciara una reducción de los topes semanales de capturas, medida que ya anticipaba la necesidad de ajustar el esfuerzo pesquero ante el estado del recurso.
La sardina ibérica es una de las especies más sensibles a las variaciones ambientales y al impacto de la presión pesquera. Los informes científicos recientes han alertado de la necesidad de establecer medidas de control más estrictas para garantizar la sostenibilidad del stock, que sigue mostrando signos de fragilidad pese a las mejoras de los últimos años.
El cierre busca, según fuentes ministeriales, proteger el recurso en un momento clave del ciclo biológico de la especie, con el fin de favorecer su recuperación y asegurar la viabilidad a medio y largo plazo de una de las pesquerías más emblemáticas de la fachada atlántica.
La decisión afecta de manera directa a la flota de cerco del Cantábrico y Noroeste, que depende en gran medida de esta especie para su actividad durante los meses de verano. El sector advierte de que el cierre tendrá repercusiones económicas inmediatas, especialmente en las cofradías gallegas y cantábricas, así como en las conserveras que dependen de la sardina como materia prima.
En paralelo, se prevé que el mercado de pescado fresco registre un incremento de precios, dada la reducción de la oferta en lonja, aunque el impacto final dependerá de la capacidad de sustitución con otras especies pelágicas.
El cierre de la sardina en aguas ibéricas refleja la complejidad de gestionar un recurso sometido tanto a la presión pesquera como a las variaciones ambientales del Atlántico. El Gobierno ha reiterado su compromiso con los principios de la Política Pesquera Común y la necesidad de garantizar el equilibrio entre la actividad económica del sector y la conservación de los ecosistemas marinos.
Con esta medida, España se alinea con las recomendaciones comunitarias y científicas, pero deja en evidencia la fragilidad de un recurso tradicional que forma parte de la identidad cultural, gastronómica y económica de las comunidades costeras del noroeste peninsular.
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