La Comisión Europea, a través de su agencia CINEA, contrató a un consorcio dirigido por Deloitte, junto a MRAG Europe y la Universidad de Wageningen, para evaluar cómo ha funcionado la “obligación de desembarque” desde su entrada en vigor completa en enero de 2019. El objetivo es valorar si esta medida cumple con los objetivos de la Política Pesquera Común (PPC) reformada en 2013, destinada a eliminar progresivamente los descartes y fomentar capturas más sostenibles.
El estudio abarca desde aguas del Mar del Norte hasta el Mediterráneo y aguas ultraperiféricas, combinando análisis estadístico con encuestas y entrevistas a pescadores, ONG, autoridades nacionales y consejos de asesoramiento pesquero. La fase cualitativa incluyó un cuestionario abierto entre abril y junio de 2024, diseñado para conocer prácticas, problemas y posibles mejoras en el cumplimiento de la norma .
El estudio sigue los seis criterios del reglamento “Better Regulation”: eficacia, eficiencia, relevancia, coherencia, valor añadido de la UE, sostenibilidad y complementariedad. Esto permite medir no solo objetivos ambientales, sino también impacto económico y operatividad en los puertos y flotas..
Aunque las capturas no deseadas han disminuido en ciertas zonas, el estudio alerta de que no se ha logrado una reducción homogénea. Además, el control mediante vigilancia remota (REM) es más eficaz que los sistemas tradicionales a bordo, aunque no se utiliza plenamente.
Se identifican cuellos de botella operativos: burocracia pesquera compleja, escasa infraestructura portuaria para procesar capturas menores y falta de incentivos para tratar pescado sub-MCRS (peso mínimo de referencia).
Estudios previos, como el de Wageningen (2013–2015), ya mostraron una fuerte brecha de percepción entre pescadores y legisladores, debido a interpretaciones distintas del impacto ecológico y la viabilidad de la medida. Esta tensión se refleja también en el presente informe, que solicita mayor diálogo y formación.
El consorcio destaca varios puntos críticos:
Los resultados servirán de base para un informe de la Comisión y podrían alimentar la revisión de los reglamentos de control y observancia. La evaluación, prevista para finales de 2025, busca mejorar la aplicación de la medida sin perjudicar a las comunidades pesqueras .
Este exhaustivo estudio ofrece una visión clara: la obligación de desembarque es útil y necesaria, pero su efectividad está lastrada por deficiencias en infraestructura, control y definición legislativa. La UE deberá equilibrar sostenibilidad ecológica con viabilidad socioeconómica, impulsando inversiones, herramientas tecnológicas y diálogo permanente con los pescadores.
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El estudio documenta numerosos pilotos destinados a reducir las capturas no deseadas (“bycatch”), especialmente en flotas mixtas. Entre ellos destacan innovaciones como:
Aunque estos dispositivos han demostrado eficacia en pruebas (Mar del Norte, Atlántico), su adopción es limitada debido a costos de instalación y adaptación de embarcaciones.
El estudio confirma que:
La falta de recursos y directrices coherentes retrasan su integración exhaustiva.
Especies con cuotas limitadas (“choke”) como especies incidentales pueden forzar el cierre prematuro de pesquerías. El informe recoge que:
Capturas declaradas como «descarte obligatorio»:
También se observa un vacío de mercado: escasean usos económicos para estas capturas, como harinas o piensos, lo que debilita el incentivo pesquero.
El consorcio y stakeholders proponen:
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