El acuerdo presupuestario, clave para evitar otro cierre del Gobierno el 30 de enero, fija 1.120 millones de dólares para la agencia pesquera y mantiene programas que la Casa Blanca quería eliminar, como el fondo de recuperación del salmón del Pacífico.
Washington vuelve a mirar al calendario con el cierre del Gobierno como amenaza inmediata. Con la fecha límite del 30 de enero en rojo, los líderes de asignaciones de la Cámara de Representantes y el Senado publicaron el 5 de enero una propuesta de presupuesto de compromiso que busca financiar al Departamento de Comercio —donde se integra NOAA Fisheries— hasta el final del año fiscal 2026 (septiembre). Y el mensaje político es claro: el Congreso ha optado por rechazar en gran medida los recortes que el presidente Donald Trump planteó para la agencia, preservando su estructura y varios programas estratégicos.
El acuerdo asigna 1.120 millones de dólares a NOAA Fisheries, una cifra que mantiene el presupuesto cerca de los niveles aprobados en 2024 y se alinea con la versión inicial trabajada por el Senado. La cifra contrasta con la propuesta de la Administración, que pedía 789,3 millones de dólares para 2026, un tijeretazo del 31% frente al nivel ejecutado en 2024. En paralelo, los republicanos de la Cámara habían presionado para ir aún más lejos, reclamando una reducción del 40%.
La negociación llega tras meses de bloqueo. El 1 de octubre el Gobierno federal entró en cierre al expirar la financiación sin acuerdo, y fue necesaria una resolución temporal para reabrir la administración y prorrogar los niveles de gasto hasta el 30 de enero de 2026. Con pocas semanas por delante, la propuesta presentada ahora pretende cerrar la hemorragia presupuestaria y, a la vez, reordenar prioridades.
Desde el bando demócrata, la lectura es que el acuerdo no solo evita un parón, sino que protege el músculo científico del país. La senadora demócrata por Washington Patty Smith defendió que el paquete frena el intento de recortar “por encima del 50%” la financiación federal para investigación científica y evita la destrucción de miles de empleos, además de preservar partidas vinculadas a seguridad y mitigación de inundaciones. En la Cámara, la representante demócrata Rosa DeLauro lo presentó como un rechazo “contundente” a los recortes “draconianos” en servicios públicos.
La polémica por el recorte no solo ha sido política. Organizaciones ambientales y del sector habían advertido del impacto sobre la sostenibilidad y la economía costera. La ONG Ocean Conservancy llegó a calificar las reducciones propuestas de “draconianas”, alertando de que un recorte de ese calibre dañaría el “sistema de gestión pesquera” estadounidense, comprometería la ciencia que sostiene cuotas y decisiones, afectaría a la seguridad alimentaria del marisco y debilitaría la protección de fauna y hábitats marinos.
Entre las partidas más simbólicas destaca el Pacific Coastal Salmon Recovery Fund, al que el acuerdo asigna 65 millones de dólares. Este programa es uno de los principales instrumentos federales de recuperación del salmón en la Costa Oeste y, desde su creación en 2000, ha distribuido más de 1.900 millones en apoyo a iniciativas en California, Oregón, Washington, Idaho y Alaska. Trump pretendía eliminarlo a partir del ejercicio 2026, dejando el programa a cero, pero el texto de compromiso lo descarta expresamente.
El acuerdo también mantiene y refuerza herramientas de trazabilidad y control comercial. Incluye 6,2 millones de dólares para mejorar el Seafood Import Monitoring Program, orientado a reforzar el seguimiento de importaciones y combatir fraudes y entradas de producto asociado a pesca ilegal.
La propuesta incorpora además incrementos dirigidos a la “columna vertebral” del sistema: los cruceros de evaluación y el monitoreo. Contempla un aumento de 7 millones de dólares para campañas de prospección pesquera y 2 millones para el fondo de contingencia de esos muestreos.
Junto a ello, se detallan partidas específicas para iniciativas concretas, entre ellas:
El texto también orienta a NOAA Fisheries a aplicar provisiones recogidas en los borradores previos de Senado y Cámara: apoyo a la conservación de la ballena franca del Atlántico Norte, financiación de artes alternativos para langosta y cangrejo, inversiones en tecnología de seguimiento de cetáceos y 5 millones de dólares para el desarrollo de la acuicultura.
Más allá de las cifras, el debate incluye un componente de poder. La senadora Smith subrayó que aprobar estas leyes serviría para reafirmar que es el Congreso, y no la Casa Blanca, quien fija el destino del dinero público mediante directrices detalladas de gasto. En un momento de máxima polarización y con el fantasma del “shutdown” como arma recurrente, el acuerdo presupuestario se convierte así en algo más que una tabla de salvación administrativa: es también un mensaje político para blindar ciencia, gestión pesquera y programas costeros frente a recortes de gran calado.
Si el Congreso logra aprobarlo antes del 30 de enero, NOAA Fisheries afrontará 2026 con un presupuesto prácticamente estabilizado y con programas clave intactos. Si no, la cuenta atrás del cierre volverá a poner en riesgo, una vez más, la maquinaria que sostiene la investigación marina, la gestión de caladeros y parte del entramado económico de las costas estadounidenses.
Bruselas ha vuelto a poner fecha —y presión política— al gran objetivo climático de la…
El director general de Pesca, Antoni M. Grau, coordina con equipos de Cataluña y Baleares…
El trabajo, realizado con AZTI y publicado en Global Change Biology, analiza dos décadas de…
El Círculo de Bellas Artes acogerá el 25 de febrero la presentación del movimiento internacional,…
Las viceconsejerías de Medio Ambiente y de Pesca del Ejecutivo vasco defienden que medidas restrictivas…
Una huelga de 48 horas iniciada el 18 de febrero por trabajadores del sector marítimo…