El CESE pide blindar 6.100 millones para la PPC

El dictamen, con Javier Garat como ponente, reclama un capítulo propio de pesca en el presupuesto 2028-2034

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha aprobado un dictamen que eleva la presión política sobre Bruselas para que la Política Pesquera Común (PPC) cuente con una financiación obligatoria y garantizada de 6.100 millones de euros en el próximo marco 2028-2034. La cifra replica el volumen del actual periodo 2021-2027 y busca evitar que la pesca —una de las pocas competencias verdaderamente exclusivas de la UE— quede diluida en instrumentos presupuestarios más amplios, compitiendo con otras prioridades y sin una “línea” propia que aporte certidumbre a la flota y a las comunidades costeras.

El texto, cuyo ponente es el español Javier Garat, pone el foco en un debate que lleva meses creciendo: cómo se ordenará la financiación europea del sector cuando desaparezca un fondo “dedicado” como el FEMPA/EMFAF y el apoyo pase a integrarse en planes nacionales y regionales. En su propuesta presupuestaria, la Comisión defiende una arquitectura más flexible y transversal, con capacidad para movilizar recursos de distintos capítulos; de hecho, subraya que en los Planes Nacionales y Regionales existe una asignación mínima reservada de 2.000 millones de euros para “núcleos” de la PPC, además de otras posibles vías de apoyo a través de instrumentos adicionales.

Ahí está precisamente el choque. Para el CESE, esa flexibilidad puede traducirse en incertidumbre práctica: si la pesca no tiene un “capítulo” propio, la disponibilidad real de fondos dependerá más de prioridades nacionales, calendarios y negociaciones internas que de una estrategia común. Por eso, el dictamen reclama un blindaje que preserve la lógica comunitaria de la PPC y evite una carrera desigual entre Estados miembros a la hora de modernizar, innovar o sostener su tejido productivo.

El CESE también introduce un mensaje político relevante: advierte de la aparente prioridad que podría ganar el Pacto Europeo por el Océano —una estrategia sin carácter vinculante— frente a los objetivos legales de la PPC definidos en los Tratados y en su reglamento. La lectura es clara: el sector acepta coherencias y sinergias, pero no que una agenda “marco” termine desplazando el núcleo normativo de la política pesquera.

En paralelo, el dictamen conecta el debate presupuestario con la realidad de la flota. Reclama que los Estados miembros impulsen planes de modernización y renovación orientados a eficiencia energética, seguridad a bordo y condiciones laborales, subrayando que estas mejoras deben hacerse sin aumentar la capacidad pesquera. También pide una definición más flexible de la pesca costera artesanal, alineada con criterios de la FAO y de las organizaciones regionales de ordenación pesquera, para reflejar mejor la diversidad socioeconómica europea.

El trasfondo es estructural: Europa afronta una transición energética que exige inversión, pero lo hace con una flota envejecida —el propio CESE ha señalado en trabajos previos una edad media en torno a 31,5 años— y con crecientes dificultades para atraer relevo generacional. En ese contexto, el presupuesto deja de ser un asunto técnico: se convierte en la palanca que determinará si la UE puede descarbonizar y modernizar su pesca manteniendo actividad, empleo y suministro, o si el ajuste acaba traduciéndose en más dependencia exterior y menor tejido industrial costero