Screenshot
La Environmental Justice Foundation (EJF) ha vuelto a encender las alarmas sobre las grandes pesquerías de calamar en alta mar. Tras su investigación en el Atlántico Sudoccidental —la conocida “Milla 201”—, la organización publica ahora “Unseen and unaccountable: The growing threat of China’s squid fleet in the South Pacific”, centrado en el calamar volador gigante (Dosidicus gigas, potón del Pacífico o calamar de Humboldt) en el Pacífico Sudeste, FAO Área 87.
El informe sostiene que una de las pesquerías de calamar más importantes del planeta está al borde de una crisis ecológica y social, en un contexto de gobernanza débil, baja transparencia y vacíos regulatorios que —según EJF— estarían siendo aprovechados por una flota de altura mayoritariamente china.
EJF describe al potón del Pacífico como especie clave de la red trófica y soporte de pesquerías regionales. Y afirma que, pese a señales de sobreextracción, el esfuerzo pesquero continúa aumentando sin que la regulación se haya adaptado al ritmo del fenómeno.
En su reporte, la ONG subraya un punto que resulta especialmente sensible: la falta de límites efectivos. Según el documento, no se han adoptado cuotas o límites de captura ni medidas robustas de control que permitan hablar de una gestión a la altura del riesgo.
El contexto institucional es la SPRFMO (Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur). EJF sostiene que la organización regional aún no ha aprobado medidas “significativas” para el calamar, pese a indicios científicos de descenso de capturas/CPUE y aumento de presión.
La SPRFMO ha venido incorporando documentos técnicos sobre Dosidicus gigas —incluyendo trabajos de evaluación y modelos presentados al Comité Científico—, un indicador de que el recurso está en el radar científico regional.
Y, en paralelo, han llegado propuestas formales para endurecer el marco de gestión. Un ejemplo es una propuesta (presentada a la Comisión) para reducir en un 15% límites de número de buques y tonelaje en la medida de gestión del calamar, citando como razón el descenso de capturas y baja CPUE y apelando a un enfoque precautorio.
También desde el exterior, una coalición de organizaciones y sector ha intensificado la presión para cerrar el “vacío” regulatorio de un recurso que, en alta mar, sigue operando con márgenes amplios.
La parte más dura del trabajo de EJF se apoya en entrevistas a tripulantes y evidencia recopilada en sus investigaciones. En el comunicado de lanzamiento, la ONG afirma que más del 50% de los tripulantes entrevistados denunciaron abusos físicos y que casi el 60% declaró que se practicaba aleteo de tiburones a bordo.
En el informe, EJF amplía: entrevistas a 77 pescadores indonesios y 4 filipinos que habrían trabajado en 60 buques entre 2020 y 2025 en el Pacífico Sudeste, con alegaciones de abuso físico, retención de salarios, deuda, y condiciones de trabajo y vida degradantes.
El documento añade además preocupaciones por captura intencional de mamíferos marinos y otros impactos ecosistémicos, así como un dato especialmente grave: al menos 41 tripulantes fallecidos desembarcados en puertos latinoamericanos desde buques chinos entre 2013 y 2023, lo que EJF interpreta como señal de negligencia y falta de rendición de cuentas.
El informe conecta el mar con el mercado: el calamar del Pacífico Sudeste entra en circuitos globales a través de rutas opacas, con transbordos en alta mar y una cadena que con frecuencia termina en Zhoushan, gran polo mundial de procesado. EJF sostiene que esta arquitectura dificulta la trazabilidad y puede facilitar el “blanqueo” de capturas.
En ese mapa, España aparece en primer plano por varias vías:
El mensaje es claro: si el eslabón de extracción está bajo sospecha y el tránsito es opaco, el riesgo reputacional y de cumplimiento se desplaza también a puertos, importadores y distribución.
EJF plantea que la solución pasa por una combinación de medidas: límites de captura basados en ciencia, más vigilancia y control, cierre de lagunas legales y mayor implicación de Estados ribereños, portuarios y de mercado para evitar que la cadena de suministro “absorba” producto asociado a abusos.
En el centro, la ONG sitúa la Global Charter for Fisheries Transparency, con medidas de bajo coste como la divulgación de la propiedad real, el seguimiento obligatorio y el acceso público a datos pesqueros.
El informe incluso apunta un ejemplo regional: Perú habría reducido pesca ilegal exigiendo más datos de rastreo, demostrando —según EJF— que “las herramientas existen” y que lo que falta es voluntad política a escala regional.
Para la UE (y para España, como gran puerta de entrada de cefalópodos), el caso del Pacífico Sudeste suma argumentos a un debate que ya está en marcha: diligencia debida, trazabilidad efectiva, controles en frontera y coherencia entre políticas de sostenibilidad y compras. La pregunta que deja EJF es incómoda pero inevitable: ¿puede Europa seguir importando “calamar barato” sin exigir pruebas sólidas de legalidad, control y derechos?
La “Zona 87” se parece cada vez más a la “Milla 201”: luces en el horizonte, presión creciente y una gobernanza que corre detrás. La diferencia es que, esta vez, la discusión está aterrizando —con nombres, rutas y mercados— en el corazón de la cadena de valor.
El proyecto ACIAR, seleccionado en COMTE Innovación 2025, busca producir huevos y juveniles para una…
Cofradías y Plataforma en Defensa de la Pesca señalan que “el mapa de caladeros es…
La alfabetización oceánica suma una nueva pieza en la estrategia comunitaria de economía azul. La…
Las borrascas, inundaciones y temporales que en estos días castigan España y también puntos de…
El retail media —la publicidad activada dentro del ecosistema del distribuidor (web, app, búsquedas internas,…
Las tormentas invernales que azotaron amplias zonas de Estados Unidos en enero han dejado un…