Esta demanda forma parte de las alegaciones que presentó a la Hoja de Ruta que el Estado sometió a información pública para fijar las reglas de creación de parques eólicos y otras fuentes de energía en el territorio marino bajo jurisdicción española. Dentro de esa planificación está previsto que la primera subasta de potencia sea para Gran Canaria. Hay más de 20 proyectos interesados.
El Cabildo recuerda al Ministerio que el sector pesquero de la isla no está de acuerdo con la consulta pública de la Hoja de Ruta, «pues no ha sido convocado» y sostiene que la normativa «protege a los recursos, pero no al sector», por lo que pide que las medidas se extiendan a la actividad desarrollada por los barcos artesanales.
Al respecto, defiende que el Plan de Ordenación del Espacio Marino (POEM) de Canarias aprobado, que establece una superficie prioritaria de 163,89 kilómetros cuadrados a no menos de 6 kilómetros de la orilla para instalar aerogeneradores desde el norte de la península de Gando hasta Juan Grande, no puede identificar la compatibilidad con la actividad pesquera «si los datos de partida son insuficientes/incorrectos».Como líder de una mesa sectorial de la que también forman parte el Gobierno de Canarias, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) y la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican), en algunos casos las alegaciones del Cabildo reiteran las presentadas por otras entidades canarias «para darles mayor fuerza», según detalla el consejero insular de Energía, Raúl García.
«Tenemos el máximo interés en que la subasta de potencia eólica marina que se vaya a producir sea lo más efectiva posible, pero las cosas hay que hacerlas bien», indica García.
«Queremos que se cuente con los cabildos y estar presentes» en el proceso abierto para ordenar la implantación de una actividad «clave para el futuro energético de Gran Canaria. No se puede entender la transición ecológica hacia la descarbonización sin la eólica marina», subraya.
Por eso insiste el Cabildo en que «hay que establecer requisitos consensuados». Por este motivo, destaca el consejero, «las alegaciones más específicas intentan establecer canales obligatorios de diálogo previo a la subasta». Así, por ejemplo, propone que donde la normativa dice que «se podrá realizar un diálogo público-privado», antes y después de la aprobación de la orden, se ponga «se realizará un diálogo» para que no sea solo facultativo.
Tal y como está redactada ahora la Hoja de Ruta los sectores afectados por las instalaciones renovables marinas podrán remitir comentarios o propuestas, «pero no se establece un mecanismo que asegure que serán tenidas en cuenta, ni en qué términos, por lo que puede terminar siendo un mero trámite», expone también el Cabildo, que apuesta por «determinar criterios para que una propuesta sea tenida en cuenta obligatoriamente».
Además, critica que entre los aspectos sobre los que se pueden remitir propuestas de mejora «no se incluyen los relativos al diseño, disposición, tecnología, etc. de las instalaciones dirigidos a minimizar el impacto paisajístico (perceptibilidad desde tierra) tanto diurno como nocturno», unos criterios sobre los que el Cabildo quiere tener participación.
En conclusión, «deberían arbitrarse mecanismos que garanticen la efectiva participación de las administraciones autonómicas y locales, más allá de la correspondiente audiencia, que les permitan expresar su parecer en el procedimiento de concurrencia competitiva» para la selección de los proyectos eólicos marinos que se instalen en la isla.
Las alegaciones del Cabildo a la normativa estatal que regulará la implantación de la eólica marina, en las que participaron las áreas de Política Territorial, Medio Ambiente y Pesca, reclaman «un enfoque ecosistémico» de las posibles afecciones al medio marino, es decir, «que no solo se tengan en cuenta la diversidad de especies y hábitats, sino también las funciones ecológicas para diferentes especies (zonas de alevinaje, zonas de alimentación, corredores de migración, etcétera) y los bienes y servicios de los ecosistemas asociados».
A su juicio, en el documento «falta incluir la compatibilidad con el medio natural» y excluir como zonas aptas para la instalación «las áreas de alta biodiversidad que contienen especies y hábitats sensibles y amenazados, particularmente aquellos situados dentro o en las proximidades de áreas marinas protegidas o con paisajes marinos valiosos».
También considera que «no resulta admisible en absoluto la implantación de cualesquiera instalaciones, por innovadoras que sean, fuera de las zonas definidas en los POEM», dado que tales planes identifican expresamente las zonas aptas para la implantación de I+D+i con dicha finalidad.
Además, pide que las instalaciones en tierra se ubiquen «preferentemente en zonas donde ya existan infraestructuras adecuadas» como carreteras, subestaciones, líneas eléctricas o estructuras temporales que permitan el acceso y abastecimiento para evitar el impacto que supondría la creación de nuevas infraestructuras y con ello un mayor deterioro de la zona prelitoral
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