El atún impulsa a Ecuador como potencia exportadora y sube el listón contra la pesca ilegal

Entre nuevos mercados, certificaciones de sostenibilidad y más exigencias documentales, la cadena atunera crece… pero su gran desafío sigue siendo la confianza.

Ecuador, tradicionalmente asociado al camarón en el mapa mundial de productos del mar, está consolidando un segundo motor exportador: el atún. Entre enero y octubre de 2025, las exportaciones de pescado y enlatados —principalmente atún— alcanzaron US$ 1.733 millones y 357.213 toneladas, con un salto de US$ 181 millones y 34.860 toneladas frente al mismo periodo de 2024, según cifras oficiales.

Detrás del crecimiento hay una combinación de mercado y política pública: apertura comercial, nuevos destinos y un relato cada vez más centrado en la sostenibilidad y la trazabilidad. El Gobierno ecuatoriano atribuye el avance a acuerdos comerciales, a la emisión e impulso de certificaciones, a iniciativas de transparencia y a la actualización de normas para enfrentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

Uno de los hitos del último año ha sido el acceso al mercado chino con mejores condiciones arancelarias. Diversas informaciones sectoriales han señalado el inicio de envíos de atún enlatado a China con arancel cero, apoyados en un acuerdo comercial que redujo el gravamen previo.

La apuesta, sin embargo, no se limita a vender más: pasa por vender “mejor”, con cadenas más auditables. Y ahí aparece el principal riesgo reputacional. En Unión Europea sigue pesando la “tarjeta amarilla” vinculada al control de la INDNR, impuesta en 2019. En consultas bilaterales, la UE ha reconocido mejoras y ha expresado su aspiración de levantarla cuando se resuelvan los puntos pendientes.

Organizaciones de la sociedad civil sostienen que el proceso continúa abierto y que el aviso no se ha cerrado aún, lo que mantiene la presión sobre controles, sanciones y documentación a lo largo de la cadena. En paralelo, Bruselas refuerza su arquitectura de control: la certificación digital de capturas (CATCH) pasa a ser obligatoria para importaciones de productos pesqueros en la UE desde el 10 de enero de 2026, un cambio que eleva la exigencia de trazabilidad y verificación en frontera.

Para la industria ecuatoriana, el tablero se juega en varios frentes a la vez. Por un lado, Europa sigue siendo mercado clave y un termómetro de exigencias regulatorias. Por otro, se exploran oportunidades en Estados Unidos, con expectativas de alivio arancelario, y se mira a destinos como Venezuela y Oriente Medio como vías de expansión.

El impacto doméstico explica la prioridad política: la cadena pesquera —artesanal e industrial, desde captura hasta procesamiento y comercialización— concentra actividad en la costa y se estima que genera alrededor de 250.000 empleos directos e indirectos. En ese contexto, el atún no es solo una mercancía: es una apuesta de competitividad país.

El mensaje que deja 2025 es claro: Ecuador está creciendo en volumen y valor, y está ganando espacio en la conversación global del atún. Pero el siguiente salto —el que consolida mercados premium y contratos estables— dependerá menos de la capacidad de producción que de la capacidad de demostrar, con datos y controles, que cada kilo exportado es legal, trazable y sostenible