La Asociación Europea de Organizaciones de Productores (EAPO) responde a la llamada de la Comisión para recabar evidencias sobre el European Ocean Act y reclama coherencia normativa, prioridad alimentaria y un reparto “justo” del espacio marítimo frente al avance de eólica marina y áreas protegidas.
La Comisión Europea ha activado la consulta de evidencias (“call for evidence”) que servirá de base para el European Ocean Act, una iniciativa legislativa prevista para 2026 y concebida como pieza clave del European Ocean Pact. El proceso, abierto desde el 12 de enero de 2026 y con plazo hasta el 9 de febrero de 2026, busca aportaciones de sectores, expertos y ciudadanía antes de una consulta pública más amplia en primavera.
En ese marco, la EAPO —que agrupa a organizaciones de productores pesqueros europeas— ha remitido su contribución formal con un mensaje nítido: la pesca y los pescadores deben figurar “en el corazón” de las políticas de economía azul si la UE quiere océanos sanos y, a la vez, una industria alimentaria marítima competitiva, resiliente y sostenible.
La organización aplaude el enfoque de “marco único” que persigue el Ocean Act, pero advierte de un riesgo: que la nueva arquitectura europea acabe sumando capas, contradicciones y cargas administrativas. Por eso pide armonizar y adaptar marcos existentes —con mención explícita a la Política Pesquera Común (PPC), cuya reforma EAPO dice respaldar— para evitar choques entre objetivos ambientales, económicos y sociales.
Uno de los ejes más políticos del documento es el de la soberanía alimentaria. EAPO sostiene que, en un contexto geopolítico tenso, la pesca europea debe ser tratada como un activo estratégico: aporta proteína y micronutrientes con baja huella de carbono y sostiene el entramado industrial costero (captura–lonja–transformación–comercialización). Además, reclama un “level playing field” con terceros países para evitar que una infrautilización en la UE desplace presión extractiva hacia regiones con menos capacidad de control.
La lectura encaja con el propio enfoque del Ocean Pact, adoptado por la Comisión en 2025, que vincula protección del océano, economía azul y bienestar de comunidades costeras, con anuncios de inversión para conservación y ciencia.
La futura ley, según la Comisión, pretende reforzar y modernizar la planificación espacial marítima como herramienta estratégica y mejorar la coordinación por cuencas marinas.
EAPO comparte el diagnóstico, pero eleva una alerta: la expansión de usos no pesqueros —energía eólica offshore, infraestructuras, zonas de conservación— está provocando pérdida y fragmentación de caladeros, desplazamiento de flotas y presión adicional sobre áreas restantes. Pide que el Ocean Act incorpore la gestión de impactos acumulativos y estrategias específicas para mitigar el “efecto dominó” del desplazamiento del esfuerzo pesquero.
En materia de MPAs, la asociación reclama equilibrio entre conservación y viabilidad socioeconómica, con enfoque participativo y vigilancia efectiva. Incluso plantea reconsiderar prohibiciones generales: no todas las artes tienen el mismo impacto, y las medidas deberían alinearse con los objetivos de cada área.
Otro punto sensible es la gobernanza. EAPO respalda la regionalización (medidas adaptadas a cada cuenca) y pide reforzar el papel de los Consejos Consultivos: más recursos, mejor coordinación con Estados miembros y, sobre todo, claridad sobre cómo la Comisión incorpora —o descarta— sus recomendaciones. Denuncia que, en la práctica, el consejo puede quedar en “consulta sin consecuencias” si no existe obligación de justificar decisiones.
La contribución también entra en el terreno del dato. El Ocean Act se plantea como base para mejorar la gobernanza de la observación oceánica y herramientas de conocimiento.
EAPO apoya reforzar ciencia, monitoreo e integración de datos, pero reclama que la UE aproveche mejor el conocimiento operativo de las flotas. En esa línea, da la bienvenida a herramientas como el Digital Twin of the Ocean, orientado a transformar datos y modelos en conocimiento accionable para decisiones públicas.
El documento cierra con un recordatorio incómodo: el océano no solo recibe impactos desde el mar. EAPO exige que el Ocean Act aborde con más fuerza contaminación terrestre, calidad del agua en estuarios y costas y procesos de eutrofización que afectan a stocks y hábitats. “No se puede pedir al pescador que pague dos veces: sufrir el impacto y cargar con la culpa”, viene a resumir su planteamiento.
Tras el cierre de la llamada de evidencias (9 de febrero), la Comisión prevé una consulta pública completa en primavera de 2026 y sitúa la propuesta legislativa del Ocean Act hacia finales de 2026, de acuerdo con comunicaciones vinculadas al proceso.
Para EAPO, la oportunidad es “única”: si el Ocean Act nace con coherencia, evaluación socioeconómica y reglas claras de convivencia en el mar, puede consolidar un modelo en el que restauración ecológica y producción alimentaria no compitan a suma cero. Si no, advierte implícitamente, el riesgo es otro: un océano más regulado, pero no necesariamente mejor gobernado—y una pesca europea más pequeña sin que el consumo deje de existir.
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