La huelga prevista para este lunes 19 de enero de 2026 no surgió de un calentón. Llega al final de un camino largo, técnico y políticamente áspero: la reforma del sistema europeo de control de la pesca, aprobada en 2023 y desplegada de forma escalonada hasta final de década.
En los muelles, sin embargo, la sensación es otra: “lo sabíamos, sí, pero aplicarlo así es imposible”. El paro —con barcos amarrados y lonjas cerradas en numerosos puertos— pretende forzar al Ministerio a adoptar medidas urgentes y criterios de aplicación que, según las cofradías, eviten que el nuevo control se traduzca en una cascada de sanciones y una pesca “a la defensiva”.
La génesis se sitúa en mayo de 2018, cuando la Comisión Europea presentó una propuesta para revisar el régimen de control, con un objetivo declarado: modernizar, simplificar y adaptar las reglas a la Política Pesquera Común reformada en 2013 y a la obligación de desembarque introducida gradualmente entre 2015 y 2019.
La reforma no era menor: tocaba el núcleo del control europeo (Reglamento 1224/2009) y empujaba a la pesca hacia un modelo donde la trazabilidad y la inspección descansan cada vez más en la digitalización: localización, notificación electrónica y armonización de sanciones.
El sector empezó a encender las luces rojas mucho antes de que hubiera texto definitivo. En 2021, con el debate aún abierto, el Parlamento y el Consejo fijaron sus posiciones y arrancó la fase de negociación intensa.
En paralelo, España comenzó a preparar el terreno tecnológico. En septiembre de 2021, el Ministerio explicó un proyecto piloto para desarrollar una aplicación móvil pensada para flota artesanal, a testear en 150 embarcaciones, con foco en geolocalización y envío de capturas, dentro del PRTR.
Aquel movimiento, concebido como anticipación, fue leído por parte del sector como señal de lo que venía: más controles, más pantallas, menos margen para el “oficio” tradicional, sobre todo en mareas cortas y barcos pequeños.
Tras años de negociación, el acuerdo interinstitucional se alcanzó en el trílogo político del 30 de mayo de 2023. La reforma se presentó como una revisión “completa” del sistema, con cambios clave: localización de buques, notificación electrónica de capturas, control de pesca recreativa, trazabilidad digital y sanciones más armonizadas.
El texto final se aprobó como Reglamento (UE) 2023/2842, firmado el 22 de noviembre de 2023. Entre sus elementos más sensibles está el seguimiento electrónico remoto (con CCTV) para buques de la UE de 18 metros o más considerados de alto riesgo de incumplimiento de la obligación de desembarque.
También se reforzó el principio de “todo queda registrado”: localización de todos los buques con una exención hasta 2030 para determinados segmentos de pequeña escala, y un cuaderno simplificado para los menores de 12 metros cuando llegue su turno de aplicación.
Aquí está la clave que explica el choque de enero: el reglamento entra en vigor el 9 de enero de 2024, pero su aplicación se reparte.
El propio articulado fija un despliegue escalonado, con hitos en julio de 2024, enero de 2026 y enero de 2028, además de transitorias y desarrollos técnicos. Esa “gradualidad” fue vendida como tiempo para adaptarse. En el mar se entendió como un reloj que corría, inevitable, hacia un día en el que lo teórico se convertiría en obligación sancionable.
Ese día llegó. Diversas informaciones sectoriales y medios locales sitúan desde el 10 de enero la entrada en vigor operativa de exigencias que afectan especialmente a embarcaciones de bajura (por ejemplo, las de más de 12 metros en varias obligaciones), con nuevas cargas de notificación y registro.
El paquete, explicado en puertos tan distintos como Vigo, Cantabria o la Marina Alta, se concreta en medidas que el sector considera desconectadas de su rutina:
la obligación de notificar con antelación la entrada a puerto (se citan cuatro horas), y el registro de capturas desde el llamado “kilo cero” (declarar incluso cantidades mínimas por especie), todo ello con el patrón gestionando navegación y burocracia a la vez.
La tensión no es solo por el trámite: es por lo que implica si se incumple. Las cofradías hablan de inseguridad jurídica y de un control “a ciegas” cuando no hay sistemas de pesaje precisos a bordo ni condiciones para clasificar con el barco cabeceando.
En este tramo, el debate ya no es únicamente europeo, sino también español: cómo se aterriza la norma. Cepesca y otras organizaciones han pedido al Ministerio que no elimine el umbral mínimo de 50 kg para determinadas declaraciones en el diario electrónico y que no se imponga un límite horario fijo para la notificación previa, alegando proporcionalidad y control basado en riesgo.
Las cofradías, por su parte, reclaman una exención para mareas inferiores a 24 horas y un preaviso mucho más ajustado (se ha citado un máximo transitorio de 30 minutos), defendiendo que el propio marco permite modular para este tipo de operativa.
Con ese fondo, el lunes se ha convertido en un ultimátum con agenda: la protesta coincide con una reunión en Madrid entre la Federación Nacional de Cofradías y la Secretaría General de Pesca; en la Marina Alta se sitúa a partir de las 16.00 horas con la secretaria general Isabel Artime.
Si la reunión ofrece un camino de flexibilización operativa, el paro podría quedar en aviso. Si no, las cofradías ya han dejado caer que decidirán los siguientes pasos en función del resultado del encuentro, con la posibilidad de prolongar la presión.
En Bruselas, la reforma se justificó con palabras grandes: modernización, trazabilidad, lucha contra incumplimientos, datos más finos. En los puertos, la discusión se ha vuelto terrenal: si el control obliga a adivinar capturas antes de tiempo, si distrae al patrón en la maniobra, si convierte una jornada de pesca en una carrera de notificaciones.
Esa es la paradoja de esta semana: el Reglamento (UE) 2023/2842 nació para reforzar el cumplimiento… y está provocando un amarre masivo para pedir que, antes de exigirlo todo, se pueda pescar sin “salir a buscar multas”.
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