Decepción entre los comercializadores por no poderse acoger a las ayudas de la UE

Frustración, abandono y decepción es el sentir general de las 25.000 personas que trabajan en el sector comercializador especializado tradicional de productos pesqueros. Tras esperar con paciencia a conocer las medidas que el gobierno ha ido anunciando a cuentagotas y legislando después, «creando confusión e inseguridad jurídica, y recibir la propuesta de la comisión europea para ayudar a mitigar el impacto del COVID-19 en el sector pesquero, este sector no ha sido acogido dentro de las ayudas de compensación

Por parte del Gobierno español sólo se ofrece una prestación especial en torno a los 660€ y la condonación de la cuota de autónomos a aquellas empresas que se hayan visto obligadas a cerrar por el estado de alarma o porque alguno de sus miembros haya dado positivo en coronavirus, o consigan acreditar la pérdida del 75% de facturación.

Para el resto, aquellas que tengan que cerrar por miedo a la enfermedad, por tener algún familiar vulnerable o que pierdan menos del 75% de facturación, el apoyo es NADA. Como mucho solicitar el aplazamiento de la cuota de autónomos 3 meses para conseguir una liquidez de en torno a 1.000€. Irrisorio. Ni siquiera mascarillas y guantes, solicitadas por esta organización desde el inicio del estado de alarma.

Nuestras pescaderías siguen abiertas, acercando los productos pesqueros a los consumidores, ofreciendo soluciones como la compra on-line, por teléfono, WhatsApp, el envío a domicilio e incluso, en ocasiones, haciendo de compradores de otros productos para las personas mayores.

Las 25.000 personas que trabajan en nuestro sector se sienten ignoradas cuando ven que no se les contemplan en ninguna ayuda, que no se les dan EPIS y que no se les recogen en los medios de comunicación cuando se habla del sector de la alimentación.

Sin embargo, estos 10.000 pequeños negocios, han perdido de golpe toda la facturación a la hostelería, que supone un 20% de la facturación total, «están financiando a este sector, porque no saben cuándo van a cobrar lo abastecido previamente, han perdido la venta de las tardes, al haber acortado el horario comercial para conciliar el servicio a los ciudadanos con la protección personal y son los que están manteniendo el consumo de pescado fresco, que en otros formatos comerciales ha bajado en beneficio de otras categorías», señalan desde Fedepesca.

Esta organización denuncia «la propaganda que se realiza desde el gobierno de España sobre medidas insuficientes, difíciles de gestionar ante las caídas continuas de las páginas webs oficiales del SEPE y la del Registro electrónico del gobierno (RedSara) cuando hay que aportar los datos necesarios (entre los que se incluyen el certificado de empresa y los datos de los trabajadores ha incluir en la plantilla ERTE COVID-19) para la solicitud de las prestaciones por desempleo y cuyo plazo de aportación vence hoy. Además, mencionar que las bajas médicas no siempre se tramitan por COVID-19 apareciendo en ocasiones como enfermedad común».

Desde sus asociaciones, que prestan servicio directo a los autónomos del sector, denuncian que «deben de trabajar doce horas al día para poder atender las cientos de consultas que reciben de sus asociados ante la incertidumbre, la normativa que se publica constantemente creando inseguridad jurídica, la dificultad para tramitar con la administración pública las gestiones de sus día a día, el no aplazamiento del calendario de impuestos y la dispersión informativa. Además, están asumiendo funciones del personal del Servicio Público de Empleo, al tener que gestionar el cálculo de la base de cotización de los últimos 180 días, y otros datos, derivando la carga de trabajo de los trabajadores públicos hacia los trabajadores de las asociaciones, asesorías y despachos que no se pueden permitir el lujo de teletrabajar si quieren presentar la documentación en el plazo establecido por el Gobierno».

Por ello, reclaman que el gobierno reconozca la labor de las asociaciones que está realizando un enorme esfuerzo para poder informar de las actuaciones del gobierno sin contar con ninguna ayuda, y que están actuando de interlocutores con el tejido productivo y gestionando el cumplimiento de sus obligaciones.

Fedepesca informa de que según sus datos, el 1,6% de colectivo está afectado por el Covid-19 y la bajada media de ventas se sitúa en el 30%, habiendo casos que llegan al 70%, debiendo asumir la totalidad de los costes del negocio, por lo que la rentabilidad será negativa

Canarias apoya

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha mostrado su respaldo a las medidas anunciadas por la Comisión Europea (CE) destinadas a atenuar los efectos económicos motivados por la crisis sanitaria por el coronavirus en el sector de la pesca y la acuicultura.

En concreto, Vanoostende expuso que hay una serie de líneas de actuación que permitirán la paralización temporal voluntaria de las actividades pesqueras, así como la compensación por la pérdida económica de la reducción de producción de la actividad pesquera y el «apoyo firme» a las empresas de acuicultura y organizaciones de productores para facilitar el almacenamiento temporal de los productos pesqueros, según informó el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Añadió que la propuesta de la CE recoge el aumento del porcentaje de cofinanciación, pasando del 50 al 75 por ciento, para «facilitar el esfuerzo presupuestario por parte de los Estados miembros». En cuanto a la compensación a las empresas de acuicultura por la pérdida de ingresos será cofinanciada al 75 por ciento.

Así, indicó que en «todos los casos» está previsto que las medidas puedan tener carácter retroactivo desde el 1 de febrero, pudiéndose formalizar la modificación de los reglamentos del FEMP y de la OCM el próximo 18 de abril.

De todas formas, señaló que en los próximos días se mantendrá el contacto permanente con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para «lograr la mejor defensa de los intereses del sector pesquero y acuícola canario, entendiendo que hay que conciliar las necesidades de los pescadores que no pueden asegurar la seguridad sanitaria en sus embarcaciones y los que prefieren continuar produciendo para garantizar el suministro alimentario».

Por último, Vanoostende señaló que estas medidas extraordinarias se completan con las impulsada por el Gobierno canario, citando los 5,6 millones de euros destinados ayudas directas al sector de la pesca y la acuicultura, así como las campañas para fomentar consumo del producto local o la búsqueda de nuevos canales de comercialización.

«Las nuevas acciones son fruto del trabajo coordinado entre administraciones y OPP para buscar soluciones a una crisis que afecta especialmente al sector en las islas», concluyó.