Josu Santiago aprecia »falta de datos» en la adopción de las restricciones a los FADs en el Índico

Los atuneros europeos no tienen duda: la Unión Europea (UE) y sus aliados han sido víctimas de toda una conspiración para desarmar a la flota comunitaria y frenar el desarrollo económico de los países de su órbita, que vienen siendo las islas Seychelles e isla Mauricio. Pero en mayo tienen la oportunidad de revertir la situación.

Josu Santiago, coordinador de pesquerías de AZTI apuntó, en la World Maritime Week, que “en el mes de mayo esperamos que se aborde este tema en el que siempre ha existido una falta de datos” Santiago ciñó la situación a la falta de datos que justifiquen la medida. “Esperamos que en la reunión de mayo en Islas Mauricio se aborde este tema y podamos revertir la situación en el que unos países utilizan todos los mecanismo para aportar datos, pero otros no” . Por ello Santiago ponía el caso del empleo de redes a la deriva que campean a sus anchas y dañan el recurso i siguen utilizándose.

También el Ministro de Madagascar, Tsimanaorty Paubert Mahatnte interpeló sobre cómo se va revertir la situación en vista de la mala situación de recursos como el rabil y el patudo. Santiago considero también esencial el papel delas ONGs “siempre y cuando actúen con lealtad- Son necesarias”. Así, Santiago, puso como ejemplo la situación de declive del atún del Mediterráneo que exigió «un plan de recuperación que sin la actuación previa de las ONGs no sé que hubiera pasado”.

Apreciaba el sector atunero que once Estados, encabezados por Indonesia —y jaleados, según sus tesis, por una organización ecologista británica— ha desatado una «tormenta geopolítica», en palabras de Santiago existen esperanzas que no se adopten mayores restriccione.

Veda de 72 días

El veto a los objetos no es inmediato. Para este año se ha aprobado una veda de 72 días entre el 1 de julio y el 11 de septiembre, pero con aspiraciones a su erradicación total, explica Mahatnte. No es la única medida que amenaza la continuidad de la flota de cerco en el Índico. Ahí está que la resolución aprobada incluye la prohibición del uso de las pangas, las embarcaciones auxiliares que los grandes atuneros emplean en sus operaciones de pesca. Toda una ofensiva contra esta modalidad, más del uso de la flota comunitaria que de la asiática, que en su mayoría operan con palangre. Un cerco al cerco congelador al que, se le pretende imponer un sistema de registro de FAD que hará que «en dos años desaparezca la flota cerquera».

Porque creen que no tiene otro fin que acorralar a la flota comunitaria e imponer un veto a los dispositivos agregadores de peces (FAD, por sus siglas en inglés), conocidos comúnmente como objetos, y a los buques auxiliares del cerco (pangas).

Nadie entiende medidas se hayan adoptado en una sesión especial de la Comisión del Atún del Océano Índico (IOTC), pero sí la unión de países. Como también huele a chamusquina que se hayan aprobado por votación, cuando las medidas en el seno de esa organización regional de pesca (ORP) se adoptan por consenso. Entre los 7 de los 11 países que se mostraron a favor de eliminar los objetos y poner cuantas más zancadillas mejor a los atuneros comunitarios: Somalia, Pakistán, Indonesia, Madagascar, India, Irán, Australia e incluso las islas Chagos, parte contratante a través de la que está presente un antiguo socio comunitario: el Reino Unido.

46 barcos afectados

La medida afecta a 46 embarcaciones, buena parte de ella española o de capital español— y, de paso, con el sector conservero de los países en desarrollo aliados con la UE, como las Seychelles e isla Mauricio.

Los atuneros, a través de la patronal comunitaria Europêche, fueron los primeros en apelar a la Comisión Europea para que presentase una objeción a la decisión tomada por votación. Y, por supuesto, lo mismo han solicitado al Gobierno español que, trasladó Morón, tenía previsto hacer llegar el jueves pasado al Consejo su objeción particular a lo sucedido en la sesión especial desarrollada en Kenia.

También ha mostrado su rechazo a la decisión el Gobierno de las islas Seychelles, donde tienen su base operativa buena parte de los atuneros comunitarios, que suman un total de 46 embarcaciones