Damanaki y los pescadores chipriotas piden aplicar la norma vigente y no reabrir una reforma “que ya funciona”

La Política Pesquera Común (PPC) vuelve a colocarse en el centro del debate europeo, pero no por falta de herramientas, sino por una brecha persistente entre lo que se aprueba en Bruselas y lo que ocurre “en el agua”. Esa es la tesis que defienden Maria Damanaki, excomisaria europea de Asuntos Marítimos y Pesca, y Christodoulos Charalambous, presidente de la Asociación de Pescadores Profesionales de Chipre, en un texto que lanza un aviso directo a la UE: reabrir ahora la PPC puede ser un error, porque el problema no está en la ley, sino en su aplicación desigual.

Los autores parten de una frase que resume su diagnóstico: “Las leyes que existen solo sobre el papel no logran nada”. Más de una década después de la última gran reforma (2013), sostienen que el marco actual es “adecuado” y capaz de ofrecer pesquerías sostenibles cuando se aplica con rigor. El fracaso, subrayan, se ve en el compromiso legal de poner fin a la sobrepesca en 2020, un plazo que, según recuerdan, no se ha cumplido.

El argumento se vuelve especialmente visible en el Mediterráneo, que describen como el mar “más sobreexplotado del mundo”, y en países como Chipre y Grecia, donde la presión se agrava por los efectos acelerados de la crisis climática y la expansión de especies invasoras. En ese escenario, la pesca artesanal vive el impacto en primera línea: menos capturas, mayores costes y una incertidumbre que dificulta sostener el oficio. Pero, según el texto, los pescadores no piden “reglas más débiles” ni una nueva política: piden inspección efectiva, cumplimiento real y apoyo de las autoridades nacionales.

Frente a las voces que promueven reabrir la PPC para “modernizar flota” y “reducir burocracia”, Damanaki y Charalambous advierten del riesgo de repetir errores del pasado. Recuerdan que la combinación de exceso de capacidad y controles débiles llevó a stocks al borde del colapso y obligó a correcciones costosas en dinero público y empleos. Y alertan de que una nueva reforma abriría un periodo largo de incertidumbre legislativa justo cuando el sector necesita estabilidad para atraer a una nueva generación: si Europa retrasa la acción, sostienen, corre el riesgo de vaciar economías costeras y perder relevo profesional.

Para sostener que la PPC “funciona cuando se aplica”, citan mejoras reflejadas en evaluaciones comunitarias: en el Atlántico Nororiental, la proporción de poblaciones sometidas a sobrepesca habría caído de alrededor del 40% en 2013 a algo más del 22% en 2025; en el Mediterráneo, del 70% al 51% en ese mismo periodo. Según los autores, esos avances se asocian a la aplicación de límites de captura basados en ciencia, restricciones de esfuerzo y controles de capacidad previstos por la PPC.

También aportan una lectura socioeconómica: las flotas comunitarias se habrían vuelto más eficientes y rentables, con salarios por pescador a tiempo completo creciendo “más de una cuarta parte” desde 2013. Y recuerdan que la propia Comisión, en una comunicación de 2023, concluyó que la PPC sigue siendo un marco legal adecuado, situando la carencia principal en la ejecución y el cumplimiento.

En ese contexto, el texto pone el foco en un momento político concreto: la Presidencia chipriota del Consejo de la UE. Para los autores, es una oportunidad —y una responsabilidad— para orientar el debate hacia “hacer que las reglas existentes funcionen en la práctica” en lugar de abrir un nuevo ciclo legislativo. Ahí, dicen, se medirá la credibilidad de la política pesquera: si los plazos incumplidos no tienen consecuencias y las normas pactadas se tratan como opcionales, se erosiona la confianza del sector y se prolonga la fragilidad.

La conclusión es un llamamiento a la coherencia: la UE “no fue concebida para generar procesos interminables”, sino para ofrecer soluciones comunes y cumplir compromisos. La PPC ya contiene el principio central —“stocks sanos como base de pesquerías viables”— y, rematan, sostenibilidad y medios de vida avanzan juntos o no avanzan. La prueba, sostienen, no está en redactar otra vez la norma, sino en ejecutar la que ya existe con voluntad política y controles consistentes.