La escena podría parecer una proeza deportiva, si no fuera por la especie implicada. Casi 40.000 kilos de atún rojo —Thunnus thynnus, el gran pez migrador protegido por normas europeas y nacionales— fueron capturados entre el lunes 16 y el miércoles 18 de junio por pescadores recreativos en aguas españolas. En tan solo tres días, un contingente de unas 1.900 embarcaciones con licencia especial agotó el cupo reservado para toda la temporada, que iba a extenderse hasta el 14 de octubre. El resultado: cierre inmediato y definitivo de la campaña por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La normativa era clara: solo se permite pesca recreativa sin muerte, es decir, devolver el atún vivo al mar. Solo en caso de muerte accidental del ejemplar, puede ser embarcado. Pero las cifras cuentan otra historia: 500 atunes rojos —con un peso mínimo de 30 kilos o una longitud de al menos 115 cm— murieron “accidentalmente” durante las capturas. Un eufemismo que, a ojos de muchos expertos, revela el fracaso del modelo actual de control y sostenibilidad.
La mayoría de esas capturas —alrededor del 75 %— ocurrieron frente a las costas de la Comunidad Valenciana, con especial protagonismo en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. Tras ellas, siguieron Cádiz y Guipúzcoa, aunque con menores volúmenes.
Fuentes del sector recreativo argumentan que el problema no es de mala fe, sino de biología y física: el atún rojo, una vez pica el anzuelo, entra en una lucha extrema por soltarse. Si esa pelea se alarga, las posibilidades de supervivencia disminuyen rápidamente. El resultado: muertes que ya no permiten la suelta.
El ministerio, por su parte, actuó con rapidez: el mismo miércoles 18 anunció el cierre temporal de la campaña, y el jueves 19 lo convirtió en definitivo. La razón: el cupo recreativo de 39.940 kilos había sido completamente consumido. A partir de entonces, quedaba prohibido pescar, tener a bordo o desembarcar atún rojo.
Aunque el volumen capturado por recreativos representa apenas el 0,55 % de la cuota total española —de 6,78 millones de kilos en 2025—, el episodio ha generado un intenso debate sobre la gestión del recurso y el papel de la pesca deportiva en su sostenibilidad. La mayoría de esa cuota corresponde a la flota profesional y a las almadrabas, métodos tradicionales y altamente regulados.
Sin embargo, la rapidez con la que se ha agotado el cupo en el segmento recreativo pone en tela de juicio la eficacia del control y seguimiento de este tipo de pesquerías. La exigencia de comunicar capturas, preavisar llegada a puerto y rellenar declaraciones parece, en la práctica, quedar desbordada por la velocidad de los hechos.
Los pescadores recreativos no pueden comercializar el atún que capturan. La legislación lo prohíbe tajantemente. Pero la masividad del desembarco plantea preguntas legítimas: ¿dónde va ese pescado? ¿Hay suficiente trazabilidad? ¿Se respetan las obligaciones de declaración?
El modelo, según algunos analistas, necesita una revisión urgente. “No tiene sentido hablar de pesca sin muerte si las tasas de mortalidad son tan altas”, señala un biólogo marino consultado. “O se mejora la formación y el control de las embarcaciones, o se replantea el modelo de autorizaciones”.
Lo ocurrido en 2025 no es un hecho aislado. En 2024 también se cerró en tres días. En 2023 y 2022, algo más tarde: el 21 de junio. Y en 2021 y 2020, el 23. Cada año, con cupos diferentes, el tiempo de pesca recreativa efectiva se acorta, al ritmo de una presión creciente sobre una especie icónica y comercialmente valiosa.
En el fondo, la controversia revela una tensión no resuelta entre el acceso ciudadano al mar y la necesidad de proteger especies vulnerables. El atún rojo, tras décadas de sobreexplotación, es un caso de éxito parcial en recuperación. Pero la sostenibilidad no es solo cuestión de cuotas: es también de ética, técnica y vigilancia.
Por ahora, el recreo terminó. Pero el debate está servido. Y el mar, una vez más, en el centro de la política y la polémica.
Cuota española
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación asignó la cuota de 6.783 toneladas de atún rojo que corresponde a España en 2025 entre los 819 buques pesqueros y almadrabas incluidos en el censo específico para la pesca de esta especie.
Así lo establece, la Resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado, que sigue los criterios establecidos por el Real Decreto 46/2019, de 8 de febrero, que regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico oriental y el Mediterráneo.
El grueso de la cuota española, 5.911,98 toneladas (87,15 % del total) se destinó a los buques incluidos en las listas a, b, c, d y e del censo específico, que corresponden, respectivamente, a las flotas de cebo vivo del Cantábrico, de cañas y líneas de mano del estrecho de Gibraltar, de palangre y línea de mano, de cerco del Mediterráneo y las almadrabas.
El 11,69 % (793,6 toneladas) de la cuota podrá ser capturada por los buques con base en los puertos en Canarias (lista f), buques de artes menores del Mediterráneo (g) y buques artesanales del estrecho de Gibraltar (h).
La cantidad restante se destina a cubrir la captura accesoria de las flotas de palangre de superficie y curricán para bonito del norte y la pesca recreativa. Además, se reservan 27,13 toneladas (0,4 % del total) para cubrir supuestos en que se sobrepase la cuota y capturas realizadas por flotas no incluidas en las listas del censo específico.
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