Crece la oposición entre los países ante el avance de la explotación minera de los fondos marinos

Ximena Fuentes, viceministra de Asuntos Exteriores de Chile,dirige el consejo de gobierno de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, encargada de aplicar el Tratado de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En una entrevista reciente, Fuentes aclaró por qué debería prohibirse la explotación minera de los fondos marinos a medida que se intensifican los intereses comerciales.
Al menos una docena de Estados miembros de las Naciones Unidas, junto con países de América Latina y el Caribe, se oponen al plan de un organismo mundial de conceder la primera licencia de la historia a una nación para explorar minerales en los fondos marinos en 2023. Estos países están preocupados por la falta de información exhaustiva disponible para determinar cuánto daño puede causar este tipo de minería al medio ambiente en general y al océano en particular.

Según investigaciones anteriores, los expertos podrían tardar décadas en comprender la naturaleza de toda la vida marina del fondo marino y las ramificaciones de su explotación minera.

A pesar de estos recelos, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, organismo autónomo encargado de aplicar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) -incluido el control de todas las actividades relacionadas con los recursos minerales en el océano-, está redactando un código minero mundial que podría permitir la explotación comercial de los fondos marinos en 2024.

Chile, que actualmente dirige el consejo de gobierno de la autoridad de los fondos marinos, quiere que el acuerdo sobre un código minero se retrase 15 años, hasta que se realicen más estudios sobre los efectos de excavar en los fondos oceánicos.

«Falta conocimiento sobre los ecosistemas de los fondos marinos, pero sabemos que la humanidad a veces produce conocimiento muy rápido», dijo a PassBlue Ximena Fuentes, viceministra de Asuntos Exteriores de Chile, en una entrevista en Nueva York en diciembre.

«Por eso estamos abiertos al desarrollo de nuevas tecnologías, y hemos propuesto una pausa precautoria de 15 años, lo que significa que estamos abiertos a la idea de que en algunas áreas, en algún momento, pueda haber alguna explotación», añadió Fuentes.

Los miembros de la AIS, como se la conoce, son 167 países y la Unión Europea. Formalmente, la organización se compone de cinco órganos: la Secretaría; la Asamblea, que representa a los países miembros; el Consejo, elegido por la Asamblea; el Comité de Finanzas; y el Comité Jurídico y Técnico.

Los detractores de la autoridad de los fondos marinos afirman que apenas cuenta con supervisión pública. Con sede en Kingston (Jamaica), se creó mediante la convención de 1982, o Unclos, y se guió por la idea de un «patrimonio común de la humanidad», frase que se utiliza para aclarar que la abundancia natural de los fondos oceánicos debe pertenecer a toda la humanidad. Ahora mismo, esa riqueza puede estar cooptada por una gran empresa minera de Canadá, que utiliza el pequeño país insular de Nauru, en el océano Pacífico, para influir en la legislación de la AIS.

Las apuestas no podrían ser más altas para avanzar en un código minero. Estas actividades podrían introducir metales tóxicos en las redes alimentarias marinas y hacer que los residuos se dispersaran a grandes distancias, afectando a la pesca y a ecosistemas delicados como los arrecifes de coral. Los científicos temen que pueda asfixiar la vida oceánica, amenazar el sustento de las personas y agravar la crisis climática.

Pero los intereses financieros de la minería de los fondos marinos son igualmente fuertes, ya que su objetivo es explorar los fondos oceánicos en busca de sus innumerables metales incrustados en nódulos naturales: el mineral más codiciado es el cobalto, que se utiliza para las baterías de teléfonos, coches eléctricos y otros aparatos electrónicos. Otros minerales son el níquel, el manganeso y el cobre.

La polémica entre los miembros de la AIS gira en torno a un subapartado de una sección del Unclos que establece que las 36 partes del Consejo deben completar las normas, reglamentos y procedimientos de explotación en un plazo de dos años tras la presentación de un plan de trabajo para su aprobación. Aunque no haya código minero, el Consejo «considerará y aprobará provisionalmente dicho plan de trabajo».

El plazo de dos años se activó en el verano de 2021 después de que Nauru -una isla de 8,1 millas cuadradas en el suroeste del Pacífico- presentara una solicitud de minería de aguas profundas. Nauru patrocina la empresa Metals Company, con sede en Vancouver, que ya posee los derechos de exploración y comercialización de toneladas de rocas del fondo marino repletas de cobalto, cobre y níquel en la zona Clarion-Clipperton, un área del Pacífico entre México y Hawai.

El reglamento de la AIS debe ser aprobado por consenso de los 36 miembros del Consejo, o al menos por una mayoría de dos tercios de los 25 Estados miembros, un umbral que dista mucho de estar claro en estos momentos, según las declaraciones nacionales leídas durante el 40 aniversario de la adopción de la Convención, celebrado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York los días 8 y 9 de diciembre.

Varios miembros del Consejo de la ISA pidieron una pausa o moratoria en la explotación minera de los fondos oceánicos: Palaos, Fiyi, Samoa, Micronesia, Nueva Zelanda, Costa Rica, España, Alemania, Panamá y Chile. En noviembre, en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático celebrada en Egipto, el presidente francés Emanuel Macron pidió la prohibición total de la minería de los fondos marinos.

Los detractores de la autoridad de los fondos marinos afirman que apenas cuenta con supervisión pública. Con sede en Kingston (Jamaica), se creó mediante la convención de 1982, o Unclos, y se guió por la idea de un «patrimonio común de la humanidad», frase que se utiliza para aclarar que la abundancia natural de los fondos oceánicos debe pertenecer a toda la humanidad. Ahora mismo, esa riqueza puede estar cooptada por una gran empresa minera de Canadá, que utiliza el pequeño país insular de Nauru, en el océano Pacífico, para influir en la legislación de la AIS.

Las apuestas no podrían ser más altas para avanzar en un código minero. Estas actividades podrían introducir metales tóxicos en las redes alimentarias marinas y hacer que los residuos se dispersaran a grandes distancias, afectando a la pesca y a ecosistemas delicados como los arrecifes de coral. Los científicos temen que pueda asfixiar la vida oceánica, amenazar el sustento de las personas y agravar la crisis climática.

Pero los intereses financieros de la minería de los fondos marinos son igualmente fuertes, ya que su objetivo es explorar los fondos oceánicos en busca de sus innumerables metales incrustados en nódulos naturales: el mineral más codiciado es el cobalto, que se utiliza para las baterías de teléfonos, coches eléctricos y otros aparatos electrónicos. Otros minerales son el níquel, el manganeso y el cobre.

La polémica entre los miembros de la AIS gira en torno a un subapartado de una sección del Unclos que establece que las 36 partes del Consejo deben completar las normas, reglamentos y procedimientos de explotación en un plazo de dos años tras la presentación de un plan de trabajo para su aprobación. Aunque no haya código minero, el Consejo «considerará y aprobará provisionalmente dicho plan de trabajo».

El plazo de dos años se activó en el verano de 2021 después de que Nauru -una isla de 8,1 millas cuadradas en el suroeste del Pacífico- presentara una solicitud de minería de aguas profundas. Nauru patrocina la empresa Metals Company, con sede en Vancouver, que ya posee los derechos de exploración y comercialización de toneladas de rocas del fondo marino repletas de cobalto, cobre y níquel en la zona Clarion-Clipperton, un área del Pacífico entre México y Hawai.