La medida de cierre de las 87 zonas de pesca va a generar más problemas que los relativas a las flotas de arrastre de fondo y otras a las que se trata de aplicar la medida. De hecho, los armadores de Ondarroa han calificado de «mazazo» el cierre de los ecosistemas marinos vulnerables (VME, en inglés), según ordenó la Comisión de la la UE. Según dijo Kiko Marin, de la Organización de Productores de Ondarroa, «buena parte de las zonas que se cierran están en los cantiles ( zonas habituales de pesca de los buques de artes fijos, como los palangreros y volanteros. A parte de quedar vedadas el acceso a esas zonas también para los arrastreros de fondo se van a dar problemas de cohabitación a consecuencia de esos cierres. Estos barcos van a tener que ir a otras zonas, en donde van a coincidir con otros artes», dijo Marín.
La orden de expulsión causará más problemas a los pincheiros (palangreros) de Gran Sol que a los arrastreros, porque «muchos de ellos faenan por debajo dos 400 metros» de calado mientras que el cierre de esas zonas para proteger ecosistemas vulnerables sería en los cantiles situados entre 400 y 800 metros. La veda tiene lugar sobre espacios con bastante menos profundidad, sobre todo en el litoral. Y es ahí donde los más directamente perjudicados serán los arrastreros que verán también como sus zonas de pesca están frecuentadas por otras flotas.
También la Consellería do Mar de Galicia mantien que el veto perjudica directamente a más barcos gallegos de pincho (palangre) y de enmalle (volanta o rasco) que de arrastre. El tema es tan contradictorio que el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) fue advertido en su dictamen que el impacto era estudiado en función del arrastre porque no disponían de información sobre el pincho ni el enmalle, artes más utilizados en Galicia,
España, Portugal y Francia
El ministro Luis Planas y sus homólogos francés e irlandés han reclama en el Consejo la revisión de una prohibición que considera «desproporcionada» cuando quedan pocos días para la entrada en vigor del acto de ejecución con el que la Comisión expulsará a toda la flota de fondo de 87 áreas de los cantiles entre Cádiz e Irlanda porque hay o puede haber corales, esponjas y plumas. España, Francia e Irlanda, a los que les impone la prohibición junto a Portugal, protestan hoy en Bruselas en el Consejo de Ministros de Pesca de la UE.
«Ahí lo discutiremos con el comisario [Virginijus Sinkevicius] y con la Comisión», avanzó Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los Gobiernos de España, Francia e Irlanda esgrimen sus propios argumentos; en el caso nacional, coincidentes con los repetidos por los científicos, por los pescadores, por los Ejecutivos de las autonomías afectadas y por los sindicatos. Un clamor que hasta ahora no parece haber inmutado al departamento europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca que dirige Sinkevicius.
El anuncio de la Comisión Europea sobre el cierre el 9 de octubre de 87 zonas de pesca, desde el norte de Irlanda hasta las costas de Portugal, ha suscitado también la oposición de las organizaciones profesionales españolas y francesas. Todas ellas cuestionan la adopción de las medidas sin una clara justificación política. No obstante, para los armadores va a suponer que las flotas a las que se prohíbe su acceso van a tener que trasladarse a otros caladeros generando dificultes de cohabitación perjudiciales para el conjunto de flotas.
Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, nueve de cada diez gransoleros (80 gallegos y 18 vascos) se quedarían sin caladero. La decisión de establecer estas 94 áreas partió de la DG Mare, de la UE; capitaneada por Charlina Vitcheva, que en una misiva de este mismo mes adelantó a los países la medida y les instaba a aprobarla. Las zonas se extienden desde el Golfo de Cádiz hasta la nota más al norte del caladero de Gran Sol y la intención de la CE era la de cerrarlas a la pesca para proteger los ecosistemas marinos vulnerables (VME, en inglés).
Las zonas fueron elegidas en función de las evaluaciones llevadas a cabo por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), aunque como denunció el sector se basaron en datos para todo el Atlántico y, en concreto, para la flota de arrastre, si bien el cierre afectaría también al palangre de fondo , lo que supondría afectar al 75% de las capturas de estas flotas.
Por otro lado, diferentes entidades critican el cierre de caladeros. Desde la Asociación de Frigoríficos de Pesca Extractiva de Galicia, AFRIPEX, quieren transmitir su total rechazo y disconformidad hacia la medida tan drástica que ha adoptado la Comisión Europea de vetar la pesca de fondo en 87 áreas de aguas Comunitarias, que está previsto entre en vigor el próximo 9 de Octubre.
«La adopción de tales medidas sin el análisis y consideración previo del impacto socioeconómico que pueda derivarse de las mismas, así como la ausencia aparente de base científica que justifique su implementación, sólo puede dar lugar a su rechazo y oposición por parte del sector pesquero afectado», según AFRIPEX.
Según esta entidad «la implementación de la norma, además de afectar de forma relevante a un número elevado de buques gallegos y del resto de España, conllevará igualmente efectos relevantes en la actividad de nuestro sector de transformación y comercialización de productos pesqueros congelados. Nos unimos, por tanto, al rechazo generalizado respecto de la decisión adoptada por la Comisión Europea y a la defensa del sector».
Los científicos desconocían la medida de cierre
Los investigadores españoles desconocían la medida tan drástica que iba a adoptar la Comisión Europea y ni siquiera quieren pronunciarse sobre ello. Todo indica que la orden de cierre de 87 zonas carece de justificación científica y sin ningún rigor se ejecuta, sin que se tengan en cuenta las consideraciones de carácter socioeconómico.
Investigadores del IEO y de AZTI no encuentran justificación a la medida basada únicamente en la huella de pesca de los barcos de arrastre, y no de las artes fijas. El propio CIEM ha reconocido este extremo y, además, como ya evidenció EBFA, ha utilizado en su informe la unidad de base de una CUADRA C de unos 15-25 km2 por celda, que no es representativa de la huella real de un buque pesquero. Así mismo, no se ha utilizado la “mejor información científica y técnica disponible”, puesto que España había aportado datos con una resolución muy superior a la utilizada por el CIEM que no ha sido tenida en cuenta en la evaluación, propiciando que se muestre un impacto muy superior. Por otro lado, en el anexo del reglamento, las coordenadas de las zonas de pesca en aguas profundas existentes incluyen fondos menores a los 400 y 800 metros, generando la perplejidad e inseguridad a los pescadores españoles y europeos.
Cabe recordar que el reglamento de ejecución prohíbe todas las actividades pesqueras que
conllevan contacto con el fondo marino (arrastre, palangre, enmalle, etc.) en las 87 zonas de pesca antes mencionadas, lo que impactaría muy negativamente en el futuro de la pesca de fondo en el Atlántico nordeste y, por tanto, en más de 10.000 pescadores. En concreto, la zona clausurada abarca 16.419 km2, entre los 400 y 800 metros de profundidad, en las que la CE aduce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Mar, Rosa Quintana, acordaron pedir que el Gobierno recurra el reglamento publicado ya en el Diario Oficial de la Unión Europea tras mantener un encuentro con el sector pesquero afectado por el veto a la pesca de fondo en un centenar de áreas de aguas comunitarias y, tras analizar la situación junto a juristas. Como es conocido la norma, impuesta por el comisario de Pesca, afectará a unso 200 buques de Vigo y su entorno dedicados al arrastre y hasta 500 en toda España. El Ejecutivo autonómico anunció que estudiaría todas las posibilidades legales para hacer frente a este reglamento que, en palabras del sector, afectaría, por ejemplo, a un 60 por ciento de la merluza en Galicia o el 50 por ciento de esta especie en España. Tras reunirse con el sector y expertos en la materia, como dijo Rueda, por una cuestión de legitimidad jurídica -y de prosperidad del asunto- se ha decidido impulsar que sea el Ejecutivo central el que recurra el reglamento, ante lo que la Xunta será «coadyuvante» y se pone al lado del Gobierno. Rueda reconoció que Galicia tendría «muchas dificultades» para plantear el recurso de forma directa y que la alternativa a que lo interponga el Gobierno sería que las propias empresas afectadas lo hiciesen. Sin embargo, «lo más directo y lo que da más seguridad» es que lo haga España. El Gobierno de Pedro Sánchez ya votó en contra de este veto y estarían en esta misma línea Irlanda y Francia, explicó Rosa Quintana, quien señaló la importancia de que se mantenga este «no» y que la Comisión Europea revise los informes socioeconómicos, que la conselleira de Mar «duda» de que los tengan. En este sentido, agradeció que el ministro del ramo, Luis Planas, haya pedido incluir este asunto en la reunión de ministros europeos.
Adicionalmente, Alfonso Rueda señaló que se dirigiría al presidente del Gobierno para mostrar este espíritu de colaboración y la necesidad de presentar este recurso, al respecto de lo que sostuvo que, tras también consultar con juristas, tiene más posibilidades de prosperar si es el Gobierno central el que lo presenta. Además, esto facilitaría, dijo, la suspensión cautelar de un reglamento cuya vigencia arranca en diez días, con octubre. «La Xunta hará todo lo que está en su mano», indicó. También están afectadas otras comunidades, como por Andalucía. El sector advirtió de que este veto obliga a desplazarse a otros caladeros y que puede afectar a unos 500 barcos solo en Galicia. «Daremos la batalla», indicó el gerente del Puerto de Celeiro, Jesús Lourido. «No acabamos de creer que se tomara esta decisión, que se aprobase con un contenido tan perjudicial», dijo Rueda ante los medios, y lamentó que no sirviesen las «muchas explicaciones» que se dieron para informar de por qué «no era necesario tomar esa decisión». «Esta decisión supone un golpe mortal para la flota gallega y para muchos otros que se van a ver indirectamente afectados», dijo, y añadió que el reglamento contiene «muchas disposiciones injustas», por lo que tras estudiar las posibilidades, se ha decidido moverse «en el realismo para conseguir resultados» y que el Gobierno interponga el recurso.
La ofensiva desde Galicia contra la norma de la UE sobre el cierre de zonas de arrastre culminó ayer con una declaración aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia del Grupo Popular a través de la que se insta a la Xunta a realizar, en colaboración que el sector, un análisis de la situación sociolaboral y económica de la flota de arrastre de litoral que permita determinar de forma específica las necesidades de actuación en este ámbito de la flota. La portavoz popular del Mar, la viguesa Teresa Egerique, recordó que el pasado 22 de julio se celebró la Conferencia Sectorial de Pesca en la que se aprobaron los criterios de reparto del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura 2021-2027 (FEMPA) entre Estado y las comunidades autónomas. A Galicia le corresponden cerca de la mitad de los fondos repartidos entre las comunidades con más de 366 millones de euros de los alrededor de 735 millones otorgados a los gobiernos autonómicos, una cuantía que supone la estabilidad de los fondos. El FEMPA vuelve a incorporar las ayudas a la paralización definitiva de la flota, un instrumento esencial que ayuda a eliminar la sobrecapacidade estructural a través del incentivo a quién abandona la actividad, lo que supondrá la mejora futura de los restantes operadores que se mantienen en actividad, al mejorar los stocks y la rentabilidad. Egerique consideró necesario que “se elabore un plan de reestructuración para el seguimiento de la flota del arrastre, con desarrollo de la normativa nacional y con presupuesto apropiado de ayudas a la paralización definitiva, en base a las ayudas del FEMPA”.
“Esta medida ayudaría la dimensionar a flota, a incrementar su rentabilidad y la competitividad, a la sostenibilidad y a recuperar los principales stocks del caladero al rendimiento máximo sostenible”, manifestó la portavoz popular, quien apuntó que también “se traduciría en la mejora de las condiciones sociolaborales de los tripulantes, contribuyendo a tener un sector más resiliente”.
La conselleira do Mar agradeció al ministro Planas que se incluya en el orden del día de la reunión del consejo de ministros europeo esta cuestión. Rosa Quintana solicitó el «máximo apoyo» del Gobierno y confía en ese recurso. «Entiendo que si en su momento se votó en contra, la vía lógica es que decida presentar el recurso», sostuvo Quintana, quien lamentó una ausencia de revisión de la documentación como se pidió en julio a las autoridades europeas que visitaron Galicia y que no se produjo. Para Juan Carlos Corrás, de la asociación PescaGalicia, se trata de una «medida desmesurada».
Recurso de Cepesca
El sector pesquero español (CEPESCA) presentará un recurso de anulación en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante el cierre inminente, el próximo 9 de octubre, de 87 zonas a la pesca de fondo de Francia, España, Portugal e Irlanda. El sector, tras una reunión mantenida con el resto de las flotas comunitarias afectadas y como integrante de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés), ya está analizando las demandas a interponer ante el órgano judicial comunitario, tras la publicación ayer en el Diario Oficial de la Unión Europea del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 de la Comisión, por el que se determinan las zonas de pesca en aguas profundas existentes y se establece una lista de zonas en las que se conoce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan.
El sector confía en mantener el respaldo mostrado hasta ahora por los gobiernos central y autonómicos en su denuncia de la tramitación irregular de este acto de ejecución, fundamentalmente ante la brevedad de los plazos para su entrada en vigor y para la presentación del recurso, que se podrá plantear a lo largo de los próximos 60 días desde su publicación e imprescindible para solicitar una medida cautelar de suspensión. Asimismo, el sector buscará el amparo del Parlamento y del Defensor del Pueblo europeos e intensificará su labor institucional para trabajar en la otra vía existente de enmendar la decisión de la CE en la revisión anual de la medida, tras la actualización del informe científico por parte del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) en noviembre. En este caso, la entrada en vigor de cualquier modificación, alerta, se demoraría a los primeros meses de 2023.
Paralelamente, el sector mantiene su opción de convocar paros y concentraciones ante
organismos, tanto nacionales como europeos, en coordinación con otras organizaciones
europeas, a través de la EBFA.
Ante el Consejo de Ministros
Por otro lado, España, Francia e Irlanda han pedido que el asunto se incluya en el orden del día del próximo consejo de ministros que se celebra en Bruselas el 26 de septiembre. Planas confía en que la flota comunitaria obtenga las mejores posibilidades de pesca en las negociaciones con Reino Unido y Noruega. El MAPA español es contrario al cierre para el 9 de octubre «sin ningún rigor» de las 87 zonas de pesca.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha informado a los consejeros autonómicos que España intentará que la Comisión Europea revise la decisión de cerrar la pesca de fondo en 87 zonas de la plataforma continental marina, al entender que se trata de una medida falta de rigor, ya que no se han tenido en cuenta los últimos informes científicos disponibles, y ha sido tomada sin tener en cuenta los criterios de proporción y equilibrio que recoge la Política Pesquera Común (PPC).
El ministro, presidió el Consejo Consultivo de Política Pesquera Comunitaria, ha informado de que España, Francia e Irlanda han solicitado que este asunto se incluya en el orden del día del próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) en el que defenderán que una vez que la Comisión disponga del nuevo informe del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en ingles), revise su decisión con urgencia.
Planas ha asegurado que España no cejará en su empeño. En la reunión celebrada el pasado 26 de julio ya quedó patente que la propuesta de la Comisión adolecía de rigor científico y hacía una inadecuada aplicación de la recomendación científica del ICES. El ministro ha recordado que hay una información científica disponible mejor, más precisa y actualizada que la utilizada por la Comisión. Además, la recomendación del ICES no está concebida ni orientada a todas las flotas y señala por ejemplo que es posible excluir, entre otras, algunas zonas del Golfo de Cádiz. El ministerio entiende que tampoco tiene sentido la inclusión del palangre de fondo entre las artes prohibidas porque apenas tiene impacto sobre los ecosistemas marinos vulnerables (EMV).
El ministro ha reiterado que España comparte el objetivo de la conservación y protección de los ecosistemas marinos vulnerables y defiende la adopción de medidas para conseguirlo, pero siempre que sean equilibradas, ponderadas y se sustenten en los tres pilares de la sostenibilidad contemplados en la PPC, ambiental, económico y social.
Hoy se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (UE) el reglamento que, en un plazo de 20 días, ordena el cierre a la pesca de fondo de las 87 zonas. El ministro ha informado de que el próximo miércoles, día 21, la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, se reunirá con el sector pesquero y las comunidades autónomas para analizar los detalles de su aplicación.
En el Consejo Consultivo, el ministro ha señalado también que España demandará a la Comisión Europea una defensa firme de los intereses comunitarios en las negociaciones que tienen que celebrarse antes de final de año sobre las oportunidades de pesca y el reparto de stocks en aguas compartidas con el Reino Unido y en el acuerdo con Noruega. El objetivo, según ha señalado el ministro, es conseguir las mejores posibilidades de pesca, que sean suficientes para garantizar la rentabilidad de las flotas, en un momento de especiales dificultades como este.
Críticas de AETINAPE
La Asociación Española de Titulados Náutico Pesqueros AETINAPE mantiene que «nadie asume su responsabilidad de su fracaso ante las instituciones europeas por el cierre de 87 zonas pesca y aprecia que «lloran públicamente que Europa ataque al arrastre de fondo precisamente quienes van a Bruselas de adorno». AETINAPE critica que «nadie asume la responsabilidad de su fracaso ante las instituciones europeas. Europa no es un agente externo: también somos nosotros, que renunciamos a mantener una estrategia eficaz en defensa de la pesca.
En una carta remitida señalan que «los aquelarres públicos sobre el comportamiento europeo con la pesca de arrastre de fondo son tan inútiles como las gestiones de todos los representantes y funcionarios españoles en Europa. Se dice «Europa nos persigue, quiere acabar con nuestra flota», pero al mismo tiempo se olvidan de que nosotros también somos Europa y a quien tenemos que pedir explicaciones es a nuestros representantes allí».
También dicen que «¿Ha presentado alguien —consellería, gobierno, partidos políticos— alguna hoja de servicios eficaces realizados en torno a este tema?. Están en Bruselas y Estrasburgo calladitos y sin interés ninguno por la pesca y después lloran públicamente porque otros imponen sus criterios».
Así afirman que «todos los sectores, funcionarios, políticos y asesores saben perfectamente que Europa es un club de lobbies que tiran de sus intereses ante el Colegio de Comisarios, los pasillos y despachos adecuados. Pero nuestros representantes gubernamentales, parlamentarios y empresariales acuden a las instituciones europeas bajo la ley del mínimo esfuerzo, creyendo que con la simple participación en unas cuantas comisiones y plenos ya está todo hecho».
Por ello, se afirma que «se llega así al retrato del fracasado, del impotente. Ese que ahora se pasea por los medios de comunicación llorando de pena porque atacan a la pesca, sin que previamente se haya preocupado de armar una estrategia de Estado clara de defensa del sector, porque realmente no les preocupa que la pesca extractiva tenga futuro».
Publicado en el Diario Oficial
El Diario Oficial de la Unión Europea (UE) ha publicado el reglamento que cerrará en 20 días a la pesca de fondo, como el arrastre, 87 zonas sensibles de las aguas comunitarias en el Atlántico noreste.
El reglamento, anunciado y aprobado por la Comisión Europea (CE), tiene como objetivo cerrar el acceso a artes pesqueras de fondo a esas zonas, consideradas «vulnerables», con el fin de proteger el ecosistema marino.
La decisión, que entrará en vigor dentro de 20 días, está basada en el reglamento sobre el acceso a aguas profundas y la opinión de los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM), según el texto de la normativa.
La zona clausurada abarca 16.419 km2 reservados a la protección de los ecosistemas marinos vulnerables entre los 400 y 800 metros de profundidad, lo que representa el 1,16 % de las aguas comunitarias del Atlántico noreste.
Los cierres afectan a los buques que se dedican a la pesca de fondo, es decir, que cuentan con redes de arrastre de fondo, dragas, redes de enmalle de fondo, palangres de fondo, nasas o almadrabas.
El Gobierno y el sector pesquero español se han mostrado en contra de esta medida. La prohibición se aplicará a todos los buques de los Estados miembros de la UE y de terceros países que operen en aguas comunitarias.
Grandes repercusiones
La prohibición de la pesca de fondo en 87 áreas del Atlántico Norte, decretada por la Unión Europea, ha suscitado un importante número de reacciones, que van desde sindicatos como formaciones políticas, que piden a las autoridades competentes que se evite una decisión que pone en entredicho a cientos de pescadores y familias cuyos ingresos proceden íntegramente de esta actividad, provocando así un importante perjuicio a la economía del país.
La CIG pide la convocatoria de un Consello Galego. Esta central sindical ha reclamado hacer este «frente común» con el objetivo de demandar nuevos informes científicos o iniciar pleitos jurídicos, así como para organizar «una acción social y política contundente» para que tanto la Xunta como el Gobierno central y Bruselas «sepan lo que significa para Galicia el sector pesquero».
El responsable de Mar de la CIG, Xabier Aboi, ha avanzado que, ante lo que califica de «barbarie consumada por los burócratas de Bruselas, volverán a salir a las calles «en defensa del sector pesquero» para gritar que «ni a España ni a Europa le importa nuestra flota». Aboi ha criticado que se trata de «una decisión política sin precedentes». Asimismo, ha explicado que la flota afectada no se limita al arrastre de fondo y al arrastre, sino también a otras artes como el palangre o a las nasas.
A pesar de que ha reconocido que es la Unión Europea quien decide sobre el futuro de la pesca gallega, ha censurado que «ni la Xunta ni el Estado ejercen el poder político que tienen para frenar esta agresión» y, ha añadido, «eluden sus responsabilidades a pesar de que esta medida ya se había anunciado hace tiempo». Además, ha rechazado que se «circunscriba esta decisión a una cuestión científica» cuando, en su opinión, «lo que se debate es un tema político»: «Si quieren eliminar o no nuestra flota».
Ante la prohibición de la Unión Europea, Podemos hace un llamamiento a la Xunta de Galicia para que defienda al sector pesquero gallego afectado por esta norma. La formación apela a la unidad del conjunto de instituciones y organizaciones políticas gallegas.
Podemos Galicia defiende que la protección de los ecosistemas en un contexto de cambio climático es fundamental y debe tenerse en cuenta con las consecuencias socioeconómicas de las medidas, especialmente hablando del sector pesquero que viene sufriendo los últimos años.
El secretario general de Podemos Galicia y diputado de Galicia en Común en el Congreso de los Diputados, Antón Gómez Reino, considera que «una decisión de esta naturaleza no puede basarse simplemente en informes técnicos que están siendo cuestionados desde distintos ámbitos».
Por su parte, el secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage, ha instado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a acudir a Bruselas y convencer al PP europeo para que la Unión Europea retire la prohibición de la pesca de fondo.
Asimismo, ha acusado a Rueda de no haber hecho «absolutamente nada» para «defender los intereses de la pesca gallega», mientras el secretario xeral de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, «ha alcanzado un compromiso» en el viaje a Estrasburgo, en el que se reunió con el comisario de pesca de la Unión, «para que se revise el veto y para nuevos informes científicos».
El sector pesquero español (CEPESCA), en una reunión de urgencia, decidió estudiar las opciones legales ante la decisión anunciada por la Comisión Europea (CE) de cerrar 87 zonas de pesca, aprobada el pasado junio por un acto de aplicación en el marco del Reglamento sobre acceso a aguas profundas. El sector, que no descarta la convocatoria de paros y concentraciones ante distintos organismos europeos y españoles, actuará juntamente con otras organizaciones europeas a través de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés), que representa a más de 20.000 pescadores y 7.000 buques europeos.
El acto de implementación todavía no se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), aunque la Comisión ya ha emitido una nota de prensa anunciándolo. A la espera de conocer el texto legal, el sector denuncia que este no ha contado con las consultas correspondientes obligatorias ni con un análisis de impacto socioeconómico y se basa, además, en informes con lagunas científicas, como el uso exclusivo de la huella de pesca de los barcos de arrastre, y no de las artes fijas. El propio Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés) ha recocido este extremo y, además, como ya evidenció EBFA, ha utilizado en su informe la unidad de base de una CUADRA C de unos 15-25 km2 por celda, que no es representativa de la huella real de un buque pesquero.
A pesar de esto, el acto de aplicación, que estaba pendiente de terminar el periodo de consultas al Reino Unido, prohíbe todas las actividades pesqueras que conllevan contacto con el fondo marino (arrastre, palangre, enmalle, etc.) en 87 zonas de pesca de Francia, España, Portugal e Irlanda, lo que tendría, de acuerdo con el sector, unas consecuencias devastadoras.
La normativa impactaría muy negativamente en el futuro de la pesca de fondo en el Atlántico y, por tanto, a más de 10.000 pescadores. En el caso español, afectaría a unos 500 buques de distintas modalidades de pesca de fondo: sobre todo, las flotas de arrastre del Golfo de Cádiz, las de palangre de fondo -pincho y volanta- y arrastre de NEAFC (Gran Sol), y las de arrastre, palangre de fondo, volanta y rasco, y artes menores del Cantábrico Noroeste; en total unos 500 buques que capturan gamba, cigala, merluza, besugo, alfonsino y sable negro, entre otras especies, y más de 2.500 pescadores.
Según Iván López van der Veen, presidente de EBFA, “por desgracia, nos temíamos que la
Comisión no iba a atenerse a razones y, por este motivo, ya estaba convocada para mañana una Asamblea General de EBFA”. “Consideramos” -añade López- “que ha habido mucha arbitrariedad en la creación de esta normativa y también dudamos que la Comisión tenga capacidad para tomar estas decisiones en algunos casos. Por tanto, queremos ver el texto legal para tomar decisiones”.
Inviabilidad de la flota
La Comisión Europea ha consumado el veto a toda la pesca de fondo en 87 áreas de España, Portugal, Francia e Irlanda. La superficie total de las vedas representa 16 419 km2 reservados para la protección de los ecosistemas marinos vulnerables por debajo de los 400 metros. Esto representa el 1,16% de las aguas de la UE del Atlántico Nororiental. Las vedas afectan a los buques equipados con artes de fondo, es decir, redes de arrastre de fondo, dragas, redes de enmalle de fondo, palangres de fondo, nasas y trampas.
Virginijus Sinkevičius, Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, ha declarado que «nuestros océanos y nuestra pesca dependen de unos ecosistemas marinos sanos. Al cerrar el 17% de la zona comprendida entre los 400 y los 800 metros de profundidad de las aguas de la UE del Atlántico nororiental a los artes de pesca de fondo, cumplimos nuestro compromiso de proteger y recuperar la vida marina y, después de 4 años, aplicamos por fin una de las disposiciones clave del Reglamento sobre el acceso a las aguas profundas. Es nuestro deber con nuestra sociedad, con las generaciones futuras y, en particular, con aquellos cuyo sustento depende de los recursos marinos. Agradezco el compromiso y los esfuerzos realizados por el sector pesquero para acompañar este nuevo capítulo de la conservación de los océanos».
La medida se redactó tras amplias consultas con los Estados miembros y las partes interesadas, incluidos el sector pesquero y las ONG, durante los dos últimos años. Tras la prohibición de la pesca de arrastre de fondo por debajo de 800 metros, que se introdujo en 2016, estos cierres ofrecen una mayor protección para ayudar a restaurar los ecosistemas marinos vulnerables, como los arrecifes de coral de aguas frías, los montes marinos y los corrales marinos en aguas profundas.
El acto de ejecución adoptado hoy entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y será inmediatamente aplicable a todos los buques de los Estados miembros de la UE y de terceros países que faenen en aguas de la UE.
Expulsados 1000 barcos
Ignorando la inusual «no opinión» del Consejo Europeo, las reiteradas advertencias del sector sobre la presunta ilegalidad de una prohibición carente de los preceptivos informes de impacto socioeconómico y sin diferenciar los distintos impactos de los artes pesqueros, Virnijus Sinkevicius, eurocomisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, expulsa de sus caladeros tradicionales a unos mil barcos. Concreta que no podrán faenar en 16.419 kilómetros cuadrados, en 57 zonas porque son espacios donde se sabe que hay ecosistemas marinos vulnerables y en los otros 30 no lo especifica, pero todo apunta a que se supone que podría haberlos ya que serían «zonas sensibles».
Mientras que la prohibición de la pesca de arrastre en aguas profundas a más de 800 metros afectaba directamente a una flota relativamente pequeña de buques de más de 40 metros, la decisión de la Comisión Europea tendrá un impacto más amplio. Las zonas comprendidas entre los 400 y 800 metros, en torno al Golfo de Vizcaya, el Mar Céltico y el oeste de Irlanda, son frecuentadas por una gran parte de la flota española y francesa de altura.
Les Pêcheurs de Bretagne (LPDB), la organización de productores más afectada, de Francia habla de entre 38 y 45 barcos, con una pérdida de facturación de hasta 5 millones de euros. Entre ellos se encuentran los arrastreros que se dedican al rape y al gallo en el Mar Céltico, como los de Armement Bigouden, y los arrastreros de cigalas, como el muy reciente Danny Finn, de La Houle, que está obteniendo buenos resultados en Porcupine, al oeste de Irlanda.
Pero, además de los arrastreros de fondo, la nueva normativa también afectará a las redes de enmalle y a los palangreros que pescan merluza. Y otras OP como Desde el Norte o Desde el Suroeste, especialmente para este segmento de las artes pasivas, con barcos de empresas españolas.
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Bruselas precisó en un comunicado que, de acuerdo con su «ambición de proteger la naturaleza y de restaurar la biodiversidad, tal y como se indica en el Pacto Verde Europeo y la estrategia a favor de la biodiversidad, la Comisión ha tomado medidas para cerrar el acceso de 87 zonas sensibles a todas los artes de fondo en las aguas comunitarias del Atlántico noreste».
El Ejecutivo comunitario subrayó que la medida protege 57 ecosistemas vulnerables en aguas profundas al tiempo que procura «perturbar lo menos posible las actividades pesqueras».
Asimismo, señaló que la decisión de cerrar las 87 áreas se ha tomado a partir del reglamento sobre el acceso a aguas profundas y la opinión de los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM).
La zona clausurada abarca 16.419 km2 reservados a la protección de los ecosistemas marinos vulnerables entre los 400 y 800 metros de profundidad, lo que representa el 1,16 % de las aguas comunitarias del Atlántico noreste.
Los cierres afectan a los buques que se dedican a la pesca de fondo, es decir, que cuentan con redes de arrastre de fondo, dragas, redes de enmalle de fondo, palangres de fondo, nasas o almadrabas.
La Comisión aseguró hoy que la medida se ha elaborado tras mantener «consultas en profundidad con los Estados miembros y las partes afectadas, en particular, el sector pesquero y las ONG, durante los últimos dos años».
España ya manifestó su inquietud por la medida y en junio votó, junto a Irlanda, contra la propuesta de la dirección general de Pesca de la Comisión de vetar la pesca de fondo en 94 zonas del Atlántico norte para proteger ecosistemas marinos durante una sesión en la que otros once países se abstuvieron mientras 14 votaron a favor.
Tras la prohibición de la pesca de arrastre de fondo por debajo de los 800 metros, que se introdujo en 2016, los cierres «ofrecen una protección adicional para ayudar a restaurar los ecosistemas marinos vulnerables, como los arrecifes de coral de agua fría, los montes submarinos y las fallas de aguas profundas», según Bruselas.
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