Galicia evalua que cierre del jurel tendría un impacto de cerca de 30 millones en su economía

La comunidad gallega aporta argumentos socioeconómicos para defender los intereses de su flota en las negociaciones que se van a desarrollar en Bruselas entre el domingo y el lunes para fijar las cuotas de pesca del próximo año en aguas exclusivas de la UE

La cuota cero para el jurel en las pesquerías del norte europeo afectaría a cerca de 3.800 tripulantes y tendría un incidente directo en los ingresos por primera venta de alrededor de 12 millones de euros

La Xunta defiende la necesidad de considerar otras opciones de establecimiento de cuotas señaladas en las recomendaciones científicas para poder mantener abierta la captura del jurel en esta zona y aumentar al mismo tiempo la flexibilidad de pesca de la cuota fijada en las aguas que van de Fisterra hacia el sur

Galicia destaca que la pesca de la anguila en su territorio se mantiene en equilibrio desde 2010 y apuesta por la adopción de medidas alternativas a la paralización de la actividad que propone Bruselas

La Consellería de Mar remitió al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a la Representación Permanente de España en la Unión Europea (Reper) un informe socioeconómico que cifra en cerca de 30 millones de euros el impacto que tendría en la economía de Galicia la propuesta de establecer en 2023 un total admisible de capturas (TAC) cero para el jurel tanto en aguas del Cantábrico -entre Fisterra y el golfo de Vizcaya- como en el Atlántico Nororiental.

La comunidad aporta este documento con el objetivo de defender los intereses de su flota y que los aspectos socioeconómicos sean tenidos en cuenta en las negociaciones de los TAC y cuotas en aguas exclusivas de la Unión Europea que se van a celebrar entre el próximo domingo y el lunes en el tradicional Consejo de Ministros de Pesca.

Galicia recuerda que esta propuesta de cierre de la pesquería afectaría a distintas flotas -arrastre y palangre del Atlántico Nororiental, arrastre de litoral, cerco, volanta, palangre de fondo y artes menores- incidiendo en la actividad de cerca de 3.800 tripulantes y con un impacto directo en primera venta de alrededor de 12 millones de euros.

De acuerdo con el cálculo económico de las Tablas Input-Output de 2019 -elaboradas por la Universidade de Santiago de Compostela- esa reducción en los ingresos de la flota repercutiría negativamente en los salarios de las tripulaciones en más de 4,4 millones de euros, un incidente que sería de alrededor de 1.200 euros anuales por tripulante.

A esos perjuicios se sumarían también las consecuencias indirectas sobre los bienes y servicios proveídos a los barcos, que rondan los 4,3 millones de euros, por la minoración de los inputs necesarios para desarrollar la actividad pesquera y que son proveídos por empresas de todo tipo, desde el suministro de gasóleo hasta el hielo, los víveres, los servicios de reparación o administrativos, entre otros.    

Galicia remite este informe socioeconómico tanto a Bruselas como al Gobierno central con el objetivo de hacer frente a la tendencia inscrita en los últimos años de que en la fijación de las posibilidades de captura únicamente se tienen en cuenta los aspectos biológicos de las especies a pesar de que la Política Pesquería Común (PPC) establece la necesidad de que haya un equilibrio entre los ámbitos ambiental, económico y social.

Posición de Galicia

Este estudio recuerda que el sector marítimo-pesquero incide en 76 de las 83 ramas de actividad de la economía gallega y tiene como objetivo suavizar y mejorar las propuestas de la Comisión Europea evitando así el impacto que pueden tener tanto en la flota gallega como en las de otras comunidades. De hecho, la Conselleira de Mar ya expuso en el Consello Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios del pasado lunes que Galicia defiende la necesidad de evitar recortes drásticos en las cuotas como esta propuesta de TAC 0 para el jurel.

La representante de la Xunta apeló a la prudencia pues existen precedentes que muestran la necesidad de actuar con cautela en la elección de las medidas de gestión. En este sentido, puso como ejemplo el caso de la sardina, para la que también se propuso en su día un cierre total de la pesquería durante 15 años y, finalmente, se logró recuperar la especie en apenas un lustro sin tener que paralizar la actividad extractiva.

En la misma línea, Rosa Quintana recordó el caso de la merluza en aguas ibéricas. Tras años de recortes en la cuota de pesca, se descubrió que había un error en el modelo de cálculo de la biomasa de la especie -con el que el estado del stock era mucho mejor del estimado- lo que llevó a proponer de manera repentina una subida del TAC del 70%.  

Ante esta situación, Galicia pide mantener abierta la pesquería del jurel en el Cantábrico y Gran Sol aplicando otras alternativas de asignación de TAC señaladas en el propio informe del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) así como defender que se pueda hacer actividad pesquera específica y no solo accesoria. Al mismo tiempo solicita aumentar la flexibilidad de pesca de la cuota fijada de Fisterra hacia el sur -del 10% actual al 25%- toda vez que el stock estaría mezclado en este área en la que se juntan los límites de las zonas VIIIc y IXa.

La comunidad también apuesta por estudiar el recurso por zonas toda vez que la situación de la especie no puede ser la misma en Noruega que en aguas del Cantábrico, por lo que no se deben aplicar medidas de gestión idénticas en las dos áreas de pesca.

En cuanto a la anguila -otra especie para la que Bruselas también propone cero capturas-, el Gobierno central ya cuenta con otro informe de impacto socioeconómico remitido anteriormente por Galicia así como con su posición en esta cuestión. La comunidad recuerda que la pesquería de este recurso mantiene un equilibrio desde 2010, por lo que apuesta por la adopción de medidas alternativas a la paralización de la actividad que pretende aplicar el Ejecutivo comunitario.

En este sentido, la Xunta cuenta con un riguroso sistema de control y trazabilidad del recurso en colaboración con la Comandancia do Miño y pide congelar los permisos de pesca así como ampliar la veda -en caso de que sea necesario- y sostenerla en los meses con menor volumen de capturas.