El Senado chileno aprobó el pasado 18 de junio una ley histórica que aumenta la cuota de pesca del merluza del Pacífico Sur (Merluccius gayi) destinada a la flota artesanal, reduciendo la parte asignada a la pesca industrial. A partir de ahora, el 45 % del total anual permitido (35.000 toneladas) corresponderá a los pescadores artesanales, frente al 40 % anterior, mientras que los industriales verán su participación reducida del 60 % al 55 %.
Con más de 6.000 kilómetros de costa y considerado uno de los diez principales países pesqueros del mundo, Chile enfrenta una presión creciente para equilibrar el aprovechamiento económico de sus recursos marinos con su conservación. La merluza, por su accesibilidad y precio moderado, es una de las especies más consumidas por los chilenos y un pilar de la pesca artesanal, que emplea a más de 4.000 pescadores en regiones como Valparaíso y Talcahuano.
Sin embargo, su población ha disminuido cerca de un 70 % en las últimas dos décadas, según datos del Instituto de Fomento Pesquero (Ifop). Desde 2012, la merluza está oficialmente catalogada como especie sobreexplotada. En un intento de proteger su ciclo biológico, el país ya había implementado desde 2006 una veda reproductiva en septiembre de cada año.
La nueva legislación también redistribuye cuotas en favor del sector artesanal para otras especies clave, como el jurel, la sardina y la anchoveta. El ministro de Economía, Nicolás Grau, celebró la medida y aseguró que permitirá “una redistribución de 160 millones de dólares desde el sector industrial al artesanal”, aportando así “más justicia” al sistema pesquero nacional.
Esta reforma llega tras años de presión social. A finales de marzo, cientos de pescadores se movilizaron exigiendo una nueva regulación que reconociera su peso económico y social, llegando incluso a reclamar hasta el 70 % de la cuota total para la pesca artesanal. Aunque el aumento aprobado no alcanza ese umbral, sí representa un avance significativo en una disputa de largo recorrido.
La pregunta ahora es si esta redistribución de cuotas será suficiente para garantizar la sostenibilidad del recurso a largo plazo, y si puede marcar el inicio de un modelo más justo y participativo para la gobernanza marina en Chile.
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