La patronal celebra por primera vez una Junta Directiva en la capital comunitaria para defender la pesca de arrastre, los acuerdos con terceros países y denunciar el cierre de zonas a la pesca de fondo
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha dado un paso sin precedentes al celebrar por primera vez en su historia una Junta Directiva en Bruselas. El encuentro tuvo lugar el pasado 24 de junio en la sede de Europêche, la patronal europea del sector, con el objetivo de llevar las demandas de los pescadores españoles directamente al centro político de toma de decisiones de la Unión Europea.
Esta acción, que marca un hito en la estrategia de incidencia institucional de Cepesca, ha centrado sus esfuerzos en tres frentes principales: la defensa de la pesca de arrastre del Mediterráneo, la crítica al cierre de 87 zonas a la pesca de fondo en el Atlántico nororiental y el respaldo a los acuerdos pesqueros de la UE con terceros países.
Durante su estancia en Bruselas, los representantes de Cepesca mantuvieron reuniones con eurodiputados de distintos grupos políticos, como el PPE, S&D, EAJ-PNV y ECR Group, así como con la presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Carmen Crespo. También participaron en sesiones del Comité Económico y Social Europeo (CESE) y en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo.
Uno de los momentos clave del viaje fue la intervención de José María Gallart, vicepresidente de Cepesca para los caladeros del Mediterráneo y Golfo de Cádiz, en el evento “El futuro de la pesca en el Mediterráneo Occidental: hacia una pesca económicamente sostenible y unas comunidades costeras prósperas”, organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) junto con los grupos PPE y S&D.
Gallart defendió la sostenibilidad de la pesca de arrastre y denunció los efectos del actual plan de gestión del Mediterráneo, vigente desde 2020, que ha reducido un 40 % el esfuerzo pesquero. “En 2019, un barco podía faenar 230 días al año; ahora, con suerte, puede hacerlo 130 días”, señaló. “Esta situación es inasumible para un sector del que dependen más de 17.000 familias en Andalucía, la comunidad pesquera más importante del Mediterráneo”.
Cepesca también reiteró su oposición al cierre de 87 áreas a la pesca de fondo en el Atlántico nororiental, aprobado por la Comisión Europea pese a los recursos legales interpuestos por el MAPA y la Organización de Productores de Burela. Javier Garat, secretario general de Cepesca, consideró la medida “desproporcionada” y criticó que se haya incluido al palangre de fondo, una técnica de bajo impacto ambiental.
“La Comisión ignoró advertencias científicas del CIEM y consecuencias socioeconómicas evidentes”, explicó Garat. “El nuevo comisario de Pesca, Costas Kadis, debe replantearse este reglamento y excluir al palangre de fondo, como han solicitado numerosos eurodiputados”.
Según datos del sector, los buques de “pincho” de puertos gallegos como Burela o Celeiro han sufrido reducciones de hasta un 30 % en sus capturas anuales desde la aplicación de este cierre.
La delegación española también abordó temas clave como la revisión de la Política Pesquera Común (PPC), los acuerdos bilaterales con terceros países y el papel de la UE en las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP). Cepesca insistió en que los actos delegados del Reglamento de Control deben garantizar seguridad jurídica y operatividad real para las flotas.
En la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente (NAT) del CESE, Javier Garat participó como ponente en la aprobación de dos dictámenes: el relativo al Acuerdo sobre la Biodiversidad Marina Más Allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ) y el que adapta la normativa europea a las medidas de conservación de las ORP. Ambos textos fueron respaldados ampliamente: el primero por unanimidad y el segundo con solo una abstención.
Con esta visita a Bruselas, Cepesca refuerza su estrategia de defensa activa del sector pesquero español ante las instituciones comunitarias, apostando por una pesca sostenible que no pierda de vista la viabilidad económica y social de las comunidades costeras.
“El sector necesita estabilidad normativa, respaldo institucional y un enfoque realista que combine protección del medio marino con futuro para quienes viven del mar”, concluyó Garat. “Y eso pasa por hacer oír nuestra voz en el corazón de Europa”.
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