La patronal reclama mantener el umbral de 50 kilos en el Diario de Pesca Electrónico y evitar un plazo fijo para avisar la entrada a puerto. Advierte de obligaciones “difíciles o imposibles” para parte de la flota y ofrece colaboración técnica, incluso con visitas a bordo.
La cuenta atrás para la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, prevista para el 10 de enero de 2026, ha elevado la tensión entre el sector y la Administración. La Confederación Española de Pesca (Cepesca) trasladó este martes a la secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Isabel Artime, su “profunda preocupación” por determinadas obligaciones que, según sostiene, en su formulación actual pueden resultar de difícil o imposible cumplimiento para una parte relevante de la flota española que opera tanto en caladeros nacionales como europeos e internacionales.
El núcleo de la petición se concentra en dos puntos muy concretos, pero con efectos prácticos y sancionadores potencialmente amplios: no eliminar el umbral mínimo de 50 kilos para declarar capturas en el Diario de Pesca Electrónico (DPE) y no imponer un límite horario fijo en la notificación previa de entrada a puerto.
Según Cepesca, suprimir el umbral actual obligaría a declarar capturas “desde el primer kilogramo”, lo que, en muchas embarcaciones, sería técnicamente inviable. La razón es operativa: buena parte de la flota no dispone de sistemas de pesaje a bordo ni de medios para identificar y cuantificar con precisión capturas pequeñas por especie durante la faena.
El sector recuerda que, en la práctica, esos volúmenes reducidos no se individualizan ni se pueden estimar con fiabilidad en el mar, y que la cifra definitiva se conoce tras el pesaje oficial en puerto. Por ello, sostiene que convertir esa obligación en norma general transformaría el DPE en un ejercicio de aproximaciones, multiplicando los registros por marea y elevando el riesgo de discrepancias entre lo estimado a bordo y lo que finalmente marca el control en tierra.
La preocupación no es solo técnica, sino también jurídica y económica. Cepesca entiende que la medida chocaría con los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y control basado en el riesgo, y teme un efecto colateral: que la vigilancia se desplace hacia incumplimientos formales, con un impacto sancionador desproporcionado, especialmente en especies accesorias de escaso valor comercial y sin relevancia real para la gestión de poblaciones.
La segunda gran crítica del sector apunta al establecimiento de un plazo horario fijo para comunicar la entrada a puerto. Aunque el Reglamento fija con carácter general una antelación mínima de cuatro horas, la propia norma contempla que los Estados puedan adaptar ese margen a la realidad de determinadas flotas, atendiendo a distancia al puerto y tipo de actividad.
Aquí Cepesca sitúa el caso de la flota de bajura, que en muchos puertos opera a corta distancia y con mareas breves, incluso con el arte “calado” hasta muy cerca de la llegada. En ese contexto, un límite rígido sería materialmente difícil de cumplir: la faena todavía no ha terminado y las capturas definitivas aún no están cerradas.
La patronal añade un argumento especialmente sensible: la seguridad marítima. Obligar al patrón a remitir notificaciones electrónicas durante las maniobras finales —a menudo con tripulación mínima— puede incrementar riesgos en entradas congestionadas, bocanas estrechas o con mala mar. Cepesca advierte de que cumplir el trámite en ese momento puede forzar a desatender funciones esenciales de gobierno y vigilancia, sin que ello mejore de forma sustancial el control.
Como alternativa, el sector plantea mantener un umbral mínimo operativo —al menos para determinadas flotas, modalidades o especies accesorias— o establecer un régimen simplificado para capturas de pequeño volumen. Y en el caso de la entrada a puerto, pide no fijar un horario rígido, sino permitir una comunicación previa ajustada a la llegada, en coherencia con el artículo correspondiente del Reglamento.
El mensaje de fondo es claro: Cepesca no cuestiona la necesidad de control, pero reclama que sea eficaz, realista y jurídicamente seguro, evitando obligaciones imposibles que acaben convirtiendo el sistema en una fábrica de sanciones por errores inevitables o por trámites realizados en momentos de riesgo.
En el cierre del comunicado, Cepesca intenta abrir una vía de entendimiento. Reitera su disposición a colaborar técnicamente con la Administración y propone incluso visitas a bordo para contrastar sobre el terreno cómo es la operativa real de los buques. El objetivo, subraya, es evitar que una reforma pensada para reforzar la trazabilidad y combatir la pesca ilegal termine chocando con la realidad diaria de la flota, especialmente la más pequeña y próxima a puerto.
Con la entrada en vigor a la vuelta de la esquina, el margen para ajustar el aterrizaje nacional del reglamento se estrecha. Y el sector lanza un aviso: si el control se aplica sin calibrar la operativa real, el problema no será solo burocrático, sino también económico, legal… y, en determinados casos, de seguridad.
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