Las lonjas de la provincia cerraron 2025 con 5.377 toneladas desembarcadas —un 10% menos que el año anterior y un 48% por debajo de hace diez años— en un sector que sigue atrapado entre la reducción del esfuerzo pesquero, el alza de costes y una normativa cada vez más exigente.
En los muelles, la estadística se traduce en un paisaje repetido: menos cajas en subasta, mareas más cortas y una sensación de “ir al límite” que ya no es coyuntural, sino estructural. En Comunidad Valenciana, la pesca de arrastre —clave para la primera venta— lleva años encajando recortes de actividad y medidas de selectividad que, aunque persiguen mejorar el estado de los caladeros, tienen un impacto directo sobre la cuenta de resultados de barcos y cofradías.
El trasfondo europeo explica parte del desgaste. La propuesta comunitaria que llegó a plantear una drástica reducción de días de faena (y que en 2024 ya provocó rechazo institucional y del propio sector ante el escenario de bajar de 130 a 27 días en 2025) alimentó durante meses la incertidumbre en la costa castellonense.
A finales de 2025, el acuerdo para 2026 evitó un nuevo recorte: la flota mediterránea podrá mantener 143 días de actividad, los mismos que en 2025, después de que se descartara la propuesta inicial de dejar la faena en torno a los 9–10 días por buque. Es, en palabras repetidas en el sector, “un respiro”… pero no un punto de inflexión.
A esa tensión se suma la economía pura y dura. El arranque de 2025 ya dejó un aviso: representantes de cofradías y federaciones provinciales denunciaron una caída notable de precios en lonja (se habló de descensos del entorno del 25%) mientras los costes —combustible, materiales, mantenimiento y mano de obra— seguían por encima de los niveles de años previos.
Con ese cóctel, incluso cuando hay pescado, el ingreso no acompaña. Y cuando el esfuerzo se limita, la ecuación se vuelve todavía más frágil: menos días para amortizar gastos fijos y más dependencia de que “salga” la marea adecuada.
En enero de 2026, el malestar volvió a hacerse visible con paros y movilizaciones vinculadas a nuevas obligaciones de control (registro de capturas, comunicaciones y operativa a bordo) que las cofradías consideran poco realistas para el Mediterráneo y para la operativa diaria de embarcaciones pequeñas y medianas.
El mensaje del sector es claro: la sostenibilidad no se discute, pero piden que los cambios sean aplicables y no acaben convirtiéndose —en la práctica— en otra capa de presión sobre un oficio con márgenes cada vez más estrechos.
La consecuencia más silenciosa de esta década es la pérdida de músculo: reducción de flota, envejecimiento y dificultades para asegurar relevo generacional. En Castellón se habla desde hace tiempo de una flota menguante y de un sector que necesita un mínimo de estabilidad para planificar inversiones y tripulaciones.
En paralelo, el puerto trata de reforzar infraestructuras vinculadas a la actividad pesquera. PortCastelló ha impulsado la licitación de asistencia técnica para la reforma de la lonja y la fábrica de hielo, dentro de un paquete inversor orientado a mejorar condiciones de trabajo e imagen de la dársena pesquera.
Con 143 días asegurados sobre el papel, el sector afronta 2026 con una pregunta incómoda: si la actividad “no baja”, ¿por qué las capturas siguen retrocediendo? La respuesta apunta a un conjunto de factores —caladeros, selectividad, meteorología, precios y estructura de costes— en el que ya no sirve una sola palanca.
Lo que sí parece compartido es el diagnóstico final: la pesca de Castellón necesita certidumbre (normativa y calendarios), rentabilidad en primera venta y modernización logística para que la sostenibilidad no sea, también, una vía rápida hacia la desaparición.
Si quieres, puedo adaptarlo a un estilo “de diario local” (más corto y con más declaraciones) o a un enfoque “reportaje” con testimonios tipo cofradías/armadores y un recuadro de claves e impacto por puertos (Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, Grau de Castelló y Burriana).
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