Ecologistas galos plantean movilizarse en el Golfo de Vizcaya contra la pesca accidental de cetáceos

Tras el rechazo del Consejo de Estado, Sea Shepherd y France Nature Environnement (FNE) no renuncian a sus acciones contra la pesca accidental de cetáceos en el Golfo de Vizcaya. Un tribunal francés rechazó una propuesta de France Nature Environnement y Sea Shepherd solicitando suspender la pesca en el Golfo de Vizcaya durante tres meses de invierno para evitar la muerte accidental de delfines. Esta propuesta fue rechazada por el tribunal administrativo, que consideró que no estaba probada la urgencia de tal medida, con lo que los ecologistas recurrieron al Consejo de Estado que ha vuelto a rechazar la propuesta.

France Nature Environnement y Sea Shepherd habían solicitado este cierre de enero a marzo en el marco de un procedimiento de urgencia, denunciando que el plan del gobierno para reducir estas capturas accidentales era insuficiente. Desde julio de 2020, Francia está sometida a un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea, que considera que el país no cumple con sus obligaciones hacia esta especie protegida.

Por supuesto, los representantes del gobierno defendieron las medidas ya adoptadas, como las campañas de vigilancia aérea y observación científica, la instalación de «pingers», dispositivos acústicos para alejar a los cetáceos, y la notificación obligatoria de las capturas accidentales.

Según el observatorio Pelagis, los varamientos de delfines comunes están relacionados principalmente con las interacciones con las artes de pesca. Y las asociaciones creen que las medidas puestas en marcha hoy en día para prevenirlas son insuficientes. En abril de 2021, el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca evaluó el plan de acción propuesto por el Ministro del Mar», señaló Jérôme Graefe, abogado medioambiental de la FNE. Concluye que es poco probable que las medidas que contiene minimicen y no eliminen las capturas accidentales de delfines en las pesquerías del Golfo de Vizcaya.

El auto del Consejo de Estado, emitido el 23 de diciembre, no es, por el momento, favorable a las asociaciones: no reconoce la condición de urgencia y rechaza sus peticiones. Sin embargo, el procedimiento sobre el fondo sigue en curso. Lo sorprendente es que la jueza se haya basado en los documentos del Ministerio del Mar o de Aglia [Asociación del Gran Litoral Atlántico], que son estimaciones de las organizaciones profesionales de pesca, sin ninguna contraevaluación», ha señalado Élodie Martinie-Cousty, responsable de la red Océanos, Mares y Costas de la FNE. La jueza del Consejo de Estado no escuchó a ningún científico, algo que nos gustaría que hiciera a partir de ahora para el procedimiento sobre el fondo.

Alimentación del expediente europeo en el marco del procedimiento de infracción

Las asociaciones pretenden ahora alimentar el expediente abierto por la Comisión Europea. El 2 de julio de 2020, Bruselas avisó a Francia de que debía tomar medidas para evitar las capturas accesorias de delfines y marsopas por parte de los buques pesqueros. Las asociaciones desean informar a la Comisión de la negativa de Francia a aplicar los textos, en particular la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina y la Directiva sobre Hábitats. Estas últimas tienen como objetivo lograr un buen estado ambiental en el medio marino y exigen medidas de conservación para determinadas especies animales, entre ellas los delfines.

Para mantener las poblaciones, las estimaciones han establecido un umbral del 1,7% de la población total de marsopas para los límites de captura anual aceptables en el Plan de Acción Marino. Esta cifra se ha ampliado a los delfines comunes. Hemos conseguido reducir el porcentaje fijado en el Plan de Acción Marina para Francia al 1%: los delfines comunes del Golfo de Vizcaya no tienen la misma vitalidad que las marsopas», ha declarado Élodie Martinie-Cousty. El Convenio de Ospar [Convenio para la Protección del Medio Marino del Atlántico Nordeste] ha hecho una propuesta, que debería ser recogida en el próximo ciclo del plan de acción, de un máximo del 0,2% de la población de delfines comunes, es decir, 985 delfines. En cualquier caso, ambos umbrales han sido superados en Francia por el momento. «Ya hemos alcanzado el 5% de las capturas accidentales y el gobierno se contenta con pedir más datos», dijo Lamya Essemlali, presidenta de la asociación Sea Shepherd France.

También se espera que las asociaciones emprendan acciones legales para determinar la responsabilidad del Estado en cuanto a los daños sufridos.

También está por ver cuál será el resultado del procedimiento iniciado por la asociación Défense des milieux aquatiques. De hecho, este último ha atacado, en 2019, una orden que organiza la pesca de la lubina. El 8 de julio de 2020, el Consejo de Estado anuló el decreto y ordenó al Estado que redujera el impacto sobre las lubinas y los delfines», explicó Philippe García, presidente de la asociación DMA. Hemos solicitado al Consejo de Estado la ejecución de la ley. Estamos a la espera de la decisión del Consejo de Estado.

Presencia de arrastreros de muchos países

También subrayaron que una prohibición de la pesca por parte de los buques franceses por sí sola no ofrecería una protección adecuada, ya que muchos arrastreros de otras nacionalidades faenan en el Golfo de Vizcaya, aunque los buques franceses sean mayoritarios. Y que tal medida tendría importantes consecuencias económicas, estimadas para tres meses de cierre en un coste directo de 40 millones de euros y 66 millones teniendo en cuenta todo el sector.

Las ONG habían argumentado que sólo un cierre temporal de la pesquería permitiría limitar realmente las capturas accidentales, ya que el invierno es la estación en la que la mortalidad de los cetáceos alcanza su punto máximo. También consideraron que las «pérdidas a corto plazo estaban sobrevaloradas» y que podían ser compensadas por los fondos europeos y el plan de recuperación.

El juez de medidas cautelares consideró que los argumentos de las ONG no «cuestionaban» los del Ministerio del Mar en defensa de su plan de acción, ni «caracterizaban una situación de emergencia». Por lo tanto, la solicitud fue rechazada.

Las mismas ONG habían presentado también un recurso sobre el fondo del asunto contra el plan del gobierno, un procedimiento que se examinará más adelante.