El Consejo Agrifish aprueba nuevas normas para sancionar a Estados que permiten pesca insostenible de stocks comunes y exige “cooperación real” bajo pena de restricciones comerciales

En una decisión adoptada los días 22 y 23 de septiembre en Bruselas, el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca (Agrifish) ha dado luz verde a un paquete de reglas reformadas que permiten a la Unión Europea actuar con más eficacia contra los países no pertenecientes a la UE que autorizan prácticas de pesca no sostenible sobre stocks que son de interés común. Estas normas actualizadas buscan reforzar la transparencia, mejorar la definición del concepto de “falta de cooperación” y dotar a la UE de herramientas más incisivas para imponer sanciones, incluyendo restricciones de importación.

El contexto detrás de esta reforma es claro: existe una presión creciente para que la UE extienda su ámbito de acción más allá de sus propias aguas. Las flotas europeas operan a menudo en zonas de alta mar o en aguas de terceros países, y muchos de esos Estados permiten o no controlan suficientemente prácticas que dañan la sostenibilidad de los recursos. Con las nuevas reglas, la UE podrá identificar de forma más clara qué países permiten pesca no sostenible —por ejemplo, al no cumplir compromisos internacionales o no adoptar medidas de gestión pesquera— y aplicar sanciones con mayor base legal.

Principales cambios introducidos

• Se clarifica el procedimiento para notificar a un tercer país la intención de designarlo como país que permite pesca no sostenible, otorgándole 90 días para responder.
• Se refuerza la exigencia de cooperación antes y después de adoptar sanciones, mediante diálogo bilateral o multilateral, buscando que el país corrija sus prácticas.
• Se define con más claridad qué puede considerarse “falta de cooperación”, incluyendo dilaciones injustificadas, no responder a consultas, o mantener posiciones unilaterales fuera de los acuerdos pesqueros pertinentes.
• Se podrán imponer restricciones sobre importaciones de productos pesqueros vinculados a esos stocks de interés común cuando se detecte incumplimiento.

La Comisión Europea ha celebrado esta decisión como un hito para reforzar la dimensión exterior de la política pesquera y garantizar que el mercado comunitario no se beneficie de prácticas perjudiciales en terceros países. Oceans and fisheries+2Consilio+2

Los desafíos y la dimensión práctica

Pese al avance normativo, la efectividad de estas reglas dependerá de su aplicación rigurosa, de la capacidad de negociación diplomática con terceros países y de mecanismos de seguimiento técnico y científico. El Reglamento (UE) nº 1026/2012, que sirve de base, ya permite adoptar medidas restrictivas, pero las reformas apuntan a otorgar más certezas legales y fomentan la cooperación internacional.

Un informe del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo señala que muchas de las negociaciones pesqueras exteriores están vinculadas a flujos comerciales de pescado y que una regulación más estricta debe conjugar sanciones disuasorias con incentivos a la cooperación efectiva.

Además, especialistas en política pesquera advierten que las reformas también deben contemplar medidas frente a la pesca IUU (ilegal, no declarada y no reglamentada), ya que frecuentemente las prácticas no sostenibles se superponen con actividades clandestinas.

Por su parte, estudios económicos recientes analizan cómo el régimen de “tarjetas” o sanciones que la UE aplica a países terceros repercute en los flujos comerciales del sector pesquero, mostrando que las exportaciones de esos países hacia el mercado comunitario pueden verse afectadas de forma significativa.

El acuerdo provisional entre Parlamento y Consejo deberá formalizarse en acto legislativo conjunto para que las normas entren en vigor. La Comisión deberá aplicar las definiciones y procedimientos acordados, los Estados miembros adecuar sus controles de importación e inspección, y la UE debe activar su diplomacia para acompañar los procesos con los terceros países implicados.

En resumen, las nuevas reglas de Agrifish representan un paso significativo en la lucha contra la pesca no sostenible fuera de las aguas europeas. Pero su éxito dependerá del balance entre firmeza normativa y cooperación internacional, un equilibrio esencial para proteger los océanos, garantizar la equidad para los pescadores europeos y consolidar la responsabilidad global en la gestión sostenible de los recursos marinos.