La Comisión Europea abre una “convocatoria de datos” previa a una directiva prevista para el cuarto trimestre de 2026, que revisará la ordenación del espacio marítimo y pondrá orden en la observación del océano. Pesca y acuicultura, llamadas a participar.
La Unión Europea se prepara para dar un salto jurídico en la gobernanza del mar. La Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE) ha lanzado una convocatoria de datos para alimentar, en paralelo, una evaluación y una evaluación de impacto que desembocarán en la futura Ley Europea del Océano, una iniciativa que la Comisión perfila como propuesta de directiva para el cuarto trimestre de 2026. informe UE
La consulta no es un trámite menor. Sobre la mesa está la ambición de modernizar la ordenación del espacio marítimo, mejorar la coherencia entre políticas (energía, naturaleza, alimentos, transporte, turismo, seguridad) y, sobre todo, crear una base legal común para coordinar la observación del océano en la UE: qué datos se recogen, cómo se planifican campañas in situ, cómo se comparten y cómo se reduce la carga de informes. informe UE
El punto de partida es político. La Comisión recuerda que en junio de 2025 adoptó el Pacto Europeo por el Océano, una estrategia global para proteger mejor los océanos, impulsar una economía azul próspera y mejorar el bienestar de las comunidades costeras. En ese paquete, la Ley Europea del Océano figura como iniciativa “fundamental” y se apoyará en la revisión de la Directiva de Ordenación del Espacio Marítimo (2014/89/UE). informe UE
La idea de fondo es reforzar la “arquitectura” de gobernanza: que el mar deje de gestionarse como un mosaico de decisiones sectoriales que no siempre encajan entre sí. Y que la UE disponga de herramientas más claras para que la planificación sea estratégica, de largo plazo y aplicable en la práctica. informe UE
La Comisión identifica varias “deficiencias legislativas” que están detrás de la iniciativa. En gobernanza, señala la necesidad de una ordenación del espacio marítimo estratégica y a largo plazo, alineada con políticas europeas que hoy compiten por el mismo espacio (renovables marinas, conservación, alimentos, transporte, turismo). informe UE
El documento alerta de un aumento de los conflictos espaciales por la creciente demanda de superficie marina y por la falta de herramientas eficaces para anticiparlos o resolverlos. Y añade un diagnóstico delicado: existen múltiples estructuras de coordinación, pero la gobernanza por cuencas marítimas sigue siendo fragmentada y ninguna cubre “todas las actividades” ni gestiona de forma coherente la aplicación y la resolución de conflictos. informe UE
Para la pesca —especialmente en zonas tensionadas por nuevas infraestructuras o por objetivos ambientales— esta frase tiene traducción directa: el mapa de usos se está densificando y la negociación se vuelve más compleja, con riesgos de bloqueo o de decisiones poco armonizadas entre Estados miembros. informe UE
La Ley del Océano también apunta a un problema menos visible, pero decisivo: la observación del océano. Bruselas describe una realidad “fragmentada” entre Estados miembros y dentro de ellos, con ineficiencias, duplicidades y pérdida de oportunidades de colaboración, lo que termina afectando a la competitividad global europea. informe UE
La Comisión quiere que la futura ley sirva de base jurídica para la gobernanza de la Iniciativa de Observación del Océano, con un enfoque coherente y normalizado para planificar y ejecutar campañas in situ, y con la promesa de simplificar obligaciones de notificación (tanto científicas como ambientales) en todos los aspectos del medio marino. informe UE
En términos prácticos: más coordinación para medir mejor, evitar repetir campañas por falta de información compartida y, a medio plazo, automatizar y estandarizar formatos para reducir burocracia. informe UE
En el apartado de objetivos y opciones, el documento avanza las primeras líneas de trabajo. La Ley del Océano buscará modernizar la ordenación del espacio marítimo “para cumplir el Pacto por el Océano”, reforzando la coordinación intersectorial nacional y un enfoque más fuerte por cuencas. informe UE
Entre las medidas políticas iniciales figuran:
La Comisión subraya un punto sensible para el sector: la Ley del Océano no sustituirá políticas sectoriales como la Política Pesquera Común. Sin embargo, sí puede aumentar la coherencia entre legislación, fomentar la coexistencia sectorial y activar mecanismos para resolver conflictos en torno a prioridades futuras, apoyándose en un enfoque de “uso múltiple por diseño” cuando el espacio sea limitado. informe UE
Este matiz es importante para Europa Azul: aunque la PPC mantenga sus competencias, el marco espacial (qué se puede hacer, dónde y con qué compatibilidades) condiciona cada vez más la operativa del sector, desde zonas de trabajo tradicionales hasta infraestructuras portuarias, renovables marinas, corredores de navegación o áreas de conservación. informe UE
La Comisión admite que los informes disponibles suelen ser parciales o antiguos y que necesita evidencia adicional para cuantificar costes y beneficios de las medidas. Por eso abre esta convocatoria de datos y anuncia una consulta pública abierta y consultas específicas en foros como los diálogos de pesca y océanos, el Foro Azul Europeo y grupos de expertos de los Estados miembros. informe UE
Entre los actores llamados a participar figuran administraciones, organismos regionales e internacionales, sectores industriales y empresas (incluidas pymes), comunidades costeras, ONG ambientales e institutos científicos. La pesca y la acuicultura quedan, por tanto, directamente interpeladas: no solo como sectores afectados por la ordenación del espacio marítimo, sino como fuentes de conocimiento sobre conflictos reales y costes operativos de cualquier reordenación. informe UE
En resumen: Bruselas pone en marcha el proceso para una norma que pretende ordenar el mar europeo con más coordinación, más datos útiles y menos solapamientos. La batalla —y la oportunidad— está en el detalle: cómo se arbitran los conflictos de espacio, cómo se armonizan objetivos ambientales y productivos, y qué voz tendrá el sector pesquero en el diseño final de la futura Ley Europea del Océano.
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