El comisario Kadis encarga a ICES una revisión científica del impacto del palangre, mientras España presiona para suavizar el cierre de las 87 zonas profundas del Atlántico
Bruselas empieza, tímidamente, a mover ficha sobre uno de los dosieres más delicados para la flota de fondo española: el veto a la pesca con artes de fondo en 87 áreas del Atlántico nororiental, en vigor desde finales de 2022 y que ha puesto contra las cuerdas a la flota de palangre de pincho.
El nuevo comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, se ha mostrado dispuesto a revisar la normativa si la ciencia avala un trato diferenciado para el palangre. La Comisión ha pedido al Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) que revise la literatura científica más reciente sobre el impacto de las artes estáticas –como el palangre de fondo– en los ecosistemas marinos vulnerables (VME).
España interpreta ese movimiento como una oportunidad para sacar al palangre de la lista de artes prohibidas a partir de 2026. Pero Bruselas enfría las expectativas: confirma el encargo a ICES, pero niega plazos ni compromisos previos sobre el futuro del veto.
El origen del conflicto está en el Reglamento de Aguas Profundas y en el acto de ejecución que la Comisión aprobó el 15 de septiembre de 2022, cerrando 87 áreas a todas las artes de fondo en las aguas del Atlántico nororiental.
En total se han vedado unos 16.500 km² por debajo de los 400 metros de profundidad, considerados zonas donde “existen o es posible que existan ecosistemas marinos vulnerables”. En ellas se prohíbe el uso de cualquier arte de contacto con el fondo: arrastre, volanta, palangre de fondo y nasas.
La medida se justificó como un paso clave para cumplir la normativa de aguas profundas y los compromisos internacionales de protección de los VME. Pero el sector denuncia que la Comisión cerró las zonas con un análisis científico y socioeconómico incompleto, sin evaluar a fondo el impacto sobre la flota artesanal y de pequeña escala, especialmente la de palangre española.
Un informe posterior del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (STECF) vino a darle munición al sector: el propio comité reconoce que la información disponible sobre los efectos económicos de los cierres es “incompleta” y que la evaluación del desplazamiento de la actividad –clave para medir el impacto real– resulta “potencialmente engañosa” sin mejores datos, con especial mención a la flota artesanal y a los palangreros costeros españoles.
En la práctica, el golpe más duro no lo ha recibido el arrastre –que ya tenía restricciones históricas por profundidad–, sino el palangre de fondo, un arte fijo que el sector defiende como de bajo impacto en el suelo marino. Paradójicamente, la flota que más presume de selectividad y menor huella en el fondo ha quedado atrapada en el mismo saco regulatorio que las artes más pesadas.
Las cifras ayudan a entender el alcance del cierre: alrededor de un millar de buques europeos, cerca de la mitad españoles, se han visto afectados por la prohibición de faenar en esas 87 áreas, lo que impacta de lleno en unos 10.000 pescadores. En Galicia, se calcula que la medida afecta directa o indirectamente a un 25 % de la flota, con centenares de embarcaciones de pincho y artes menores condicionadas por las nuevas vedas.
El resultado, en muchos puertos, ha sido devastador:
Colectivos como la Alianza Europea de la Pesca de Fondo (EBFA) y organizaciones españolas como Cepesca han denunciado reiteradamente que la aplicación “a bloque” del veto ignora las diferencias entre artes y penaliza de forma desproporcionada al palangre de fondo.
España reaccionó al cierre recurriendo la norma ante la justicia europea. El Tribunal General de la UE avaló en junio de 2025 la legalidad del reglamento de cierres, sosteniendo la posición de la Comisión. El Gobierno español ha anunciado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE, con el apoyo de productores y autoridades autonómicas como la Xunta de Galicia.
En paralelo, Bruselas encargó al STECF una evaluación socioeconómica específica del impacto de las vedas sobre las flotas afectadas. El informe, publicado en abril de 2025, concluye que faltan datos clave –especialmente sobre la pequeña escala y el palangre de fondo– para tener un cuadro completo, y advierte de que, sin esa información, el análisis de impactos queda cojo.
Es precisamente en este contexto, con el sector presionando y un comité científico señalando lagunas en la evaluación económica, cuando entra en escena el nuevo comisario Kadis.
Durante una reunión en Bruselas con representantes políticos gallegos, el comisario Costas Kadis admitió que la Comisión está dispuesta a revisar el papel del palangre en los cierres si la ciencia confirma que su impacto sobre el fondo marino es significativamente menor. Según la versión trasladada por el PSdeG, Kadis abrió incluso la puerta a que el palangre pueda salir de la lista de artes prohibidas en 2026, una vez recibido el dictamen de ICES.
La Comisión, sin embargo, matiza ese optimismo. Fuentes comunitarias han confirmado que se ha pedido a ICES que revise la bibliografía más reciente sobre artes estáticas de fondo y su interacción con los ecosistemas marinos vulnerables, pero subrayan que no existe un cronograma ni un compromiso previo sobre la exclusión del palangre. “La Comisión está a la espera de la confirmación por parte del ICES sobre la viabilidad de esta solicitud y no puede especular sobre el resultado del trabajo científico”, han señalado desde Bruselas.
Mientras tanto, se mantiene la situación actual: las 87 zonas identificadas por ICES como VME permanecen cerradas a todas las artes de fondo por debajo de 400 metros, en aplicación del Reglamento de Aguas Profundas.
La reacción del sector es una mezcla de esperanza contenida y desconfianza. Por un lado, valora el cambio de tono respecto al anterior equipo de la Comisión y el reconocimiento explícito de que hay que mirar de nuevo la ciencia sobre el impacto del palangre. Por otro, teme que el proceso se alargue y que, aun con un informe favorable de ICES, se tarde años en modificar el reglamento.
La EBFA ha advertido de que no hay garantías de que una revisión científica se traduzca automáticamente en una reforma normativa, y de que la flota no puede permitirse un limbo regulatorio indefinido mientras acumula pérdidas y ajustes.
Más allá de la discusión técnica sobre artes y hábitats, en esta revisión se juegan tres equilibrios delicados:
De momento, la flota de pincho sigue en vilo: la revisión científica está en marcha, el veto sigue en pie y 2026 aparece en el horizonte como una fecha posible, pero no garantizada. Entre tanto, en muchos puertos del norte, la pregunta se repite en cada muelle: ¿llegará el informe de ICES a tiempo para que el palangre vuelva a faenar donde siempre lo hizo?
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