El comisario Costas Kadis promete revisar la metodología con la que se traducen los datos científicos en restricciones y presentar una propuesta antes de final de año. Las cofradías catalanas aplauden el giro, pero exigen concreción y consenso con el sector.
La Comisión Europea empieza a admitir que el sistema con el que se vienen fijando las oportunidades de pesca —cuotas, límites de captura y, sobre todo, días de actividad— ha llegado a un punto de fricción difícil de sostener. Esta semana, en una entrevista difundida por la ACN, el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, avanzó que Bruselas “cambiará la forma de interpretar” los datos científicos a la hora de imponer restricciones y que presentará una propuesta de reforma antes de que acabe 2026, con el objetivo declarado de aportar “más estabilidad y predictibilidad” a la flota mediterránea.
El anuncio ha sido recibido con una mezcla de alivio y cautela por parte de las cofradías catalanas, que llevan años denunciando que la Política Pesquera Común (PPC) se aplica en el Mediterráneo con instrumentos poco adaptados a su realidad biológica y socioeconómica. “Si realmente es así, solo tengo palabras de agradecimiento”, afirmó desde Bruselas Antoni Abad, presidente de la Federació de Confraries de Pescadors de Catalunya, aunque advirtió de inmediato que las palabras “tienen que transformarse en hechos”.
En el Mediterráneo occidental, el gran termómetro no son tanto los TAC y las cuotas clásicas de especies pelágicas, sino el régimen de esfuerzo (días de pesca) impuesto a las flotas que explotan especies demersales —arrastre y otras artes— bajo el Plan Plurianual del Mediterráneo Occidental (Reglamento UE 2019/1022). Ese plan nació, precisamente, porque los planes nacionales de Francia, Italia y España “no han sido eficaces para alcanzar los objetivos” de la PPC y porque la presión sobre muchas especies demersales superaba con creces niveles sostenibles.
La tensión alcanzó su máximo el pasado diciembre, cuando la negociación de las oportunidades de pesca para 2026 derivó en un pulso político. La flota española del arrastre mediterráneo acabó con una referencia de 143 días, tras partir de escenarios iniciales extremadamente restrictivos en la discusión técnica. En paralelo, el Consejo decidió mantener en 2026 el nivel de esfuerzo de 2025 para los arrastreros en aguas españolas, francesas e italianas y continuar —con ajustes— el mecanismo de compensación que permite recuperar días si se aplican medidas de selectividad o conservación.
Esa decisión, sin embargo, no cerró el debate: lo aplazó. Bruselas, de hecho, había defendido antes una línea más exigente y, en sus documentos preparatorios, justificó recortes para llegar a mortalidades sostenibles, con especial foco en especies vulnerables como la cigala (Nephrops norvegicus) en determinadas subzonas.
El fondo del conflicto es técnico, pero con consecuencias económicas inmediatas. El sector denuncia que, en pesquerías mixtas, la metodología puede terminar fijando límites muy duros para toda la flota por la situación del stock más vulnerable, aunque no todos los barcos ni todos los caladeros estén vinculados del mismo modo a esa especie. Esa lógica fue explícita en los análisis del propio STECF y en la documentación de la Comisión, donde se hablaba de reducir esfuerzo siguiendo la referencia de las poblaciones más frágiles, con compensaciones para quienes no las capturan.
En la entrevista citada por la ACN, Kadis intenta caminar por una línea fina: promete ajustes metodológicos para ganar estabilidad, pero avisa de que no se puede “ignorar” el asesoramiento científico y no descarta que haya nuevas restricciones en 2027. Ese equilibrio es, hoy, la clave política: cambiar el sistema sin vaciarlo de su objetivo legal de sostenibilidad.
En ese terreno, el sector catalán ha colocado una palabra en el centro: cogestión. Abad recordó que llevan seis años trabajando para que Bruselas incorpore la “voz de Catalunya” en su propuesta para el Mediterráneo y reivindicó el papel de ICATMAR, el instituto que recopila y ordena datos científicos de la costa catalana.
La Generalitat, de hecho, define a ICATMAR como órgano asesor científico que canaliza seguimientos, trabajos científicos y recogida de datos pesqueros y oceanográficos, base para la gestión sostenible; y sitúa los comités de cogestión como modelo desde 2018 con participación de cofradías, administración y otros actores.
La demanda catalana, en esencia, es que el Mediterráneo deje de gestionarse con una “plantilla” diseñada para otros mares europeos. “Solo queremos adecuar la política pesquera común al sector del Mediterráneo”, resume Abad, que además pide más presencia “sobre el terreno” de representantes europeos.
Desde Tarragona, el secretario territorial de cofradías, Xavier Domènech, añade una crítica muy operativa: la empresa pesquera necesita planificar inversiones, tripulaciones y campañas, algo difícil si la seguridad regulatoria se decide año a año con cambios bruscos. “Si tienes una inseguridad empresarial a un año vista, no puedes amortizar las inversiones”, advirtió.
Su argumento más llamativo apunta a un efecto perverso de la rigidez: el año pasado, afirma, sobraron entre 3.000 y 4.000 días en el conjunto del sector, porque muchas empresas gestionan el calendario para llegar a diciembre —Navidad— con margen de actividad, y acaban cerrando el año con días sin usar. Desde esa óptica, más que sumar “días extra” puntuales, el sector pide un sistema que no obligue a renunciar a jornadas productivas y, a la vez, permita cumplir el techo anual de esfuerzo.
El giro de Bruselas llega, además, bajo la presión contraria: organizaciones ambientales como ClientEarth, MedReact y Oceana han pedido a la Comisión que se oponga legalmente a la prórroga de límites en el Mediterráneo occidental para 2026, al considerar que el acuerdo político se desvía del enfoque basado en ciencia y pone en riesgo la recuperación de poblaciones en un mar donde la sobreexplotación sigue siendo elevada.
Ese choque anticipa el verdadero dilema de la reforma que promete Kadis: cómo introducir flexibilidad y realismo económico sin romper la trayectoria de recuperación biológica que exige la normativa europea.
En términos prácticos, el movimiento de la Comisión se interpreta como un intento de evitar que la gestión mediterránea siga siendo un conflicto anual de alto voltaje. La reforma anunciada —si llega a plasmarse antes de fin de año— podría redefinir cómo se traducen los dictámenes científicos en días de pesca y medidas compensatorias, cómo se pondera el impacto por subzonas y artes y cómo se integran datos regionales como los de ICATMAR en la toma de decisiones.
Para el Mediterráneo, donde la pesca se juega tanto en la biología como en la viabilidad diaria de las pequeñas y medianas empresas familiares, el anuncio abre una ventana: pasar del “todo o nada” de una metodología percibida como punitiva a un modelo de gestión más quirúrgico. Las cofradías catalanas celebran el cambio de tono. Ahora falta que Bruselas convierta el giro en norma, y que la reforma no se quede, otra vez, en una promesa de campaña
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