La rentabilidad de las pesca europea sigue en aumento, tras obtener unas ganancias netas récord de 798 millones de euros en 2015 y las estimaciones para 2016 y 2017 siguen mostrando un aumento en la rentabilidad.

Cuando las existencias todavía están sobreexplotadas, la rentabilidad se estanca, comenta el departamento de pesca de la Comisión Europea, pero cada vez más flotas explotan los recursos de manera sostenible y están viendo progresos significativos. En 2015, el valor añadido bruto de la flota de la UE, es decir, la contribución de la pesca a la economía por salarios, ascendió a 3 900 millones de euros. La utilidad bruta (excluyendo todas las subvenciones) es de 1.600 millones de euros (del 22% al 23% de los ingresos), con un beneficio neto de 798 millones de euros % de ingresos como en 2014).

Para los 152.720 pescadores europeos, es decir, 114.863 equivalentes a tiempo completo (ETC), el salario medio, al alza, se estima en 24.800 euros (por FTE). Pero con una amplia gama: de 1.400 euros para un chipriota a 75.000 euros para un belga. En Francia, el promedio es de 66.700 euros.

El consumo de combustible disminuyó del 24% al 15% del volumen de negocios entre 2008 y 2015. Las proyecciones muestran que la rentabilidad de la flota debería mejorar aún más en 2016 debido al aumento de los desembarques y bajos precios del combustible. Pero el aumento en el segundo en 2017 compensa el de las capturas. Si bien la pesca en general es rentable, 6 de las 22 flotas europeas han generado pérdidas netas, en particular en el Mediterráneo y el Mar Negro

El europarlamentario Gabriel Mato ha sacado una propuesta de medidas de gestión, conservación y de control aplicables a la zona del convenio de la CICAA, con el objetivo asegurar la igualdad de condiciones para todos los pescadores, sean europeos o no, de atún del Atlántico. Su informe trata de evitar que con el apoyo de trasbordos pesqueros se introduzca pesca ilegal.

La propuesta tiene por objeto la transposición al Derecho de la Unión de las medidas de conservación, control y ejecución adoptadas por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) en el océano Atlántico y mares adyacentes. La presente propuesta de transposición hace referencia a las medidas adoptadas por la CICAA desde 2008, con la excepción del plan de recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo, que es objeto de un proceso de transposición diferente. «Diez años hemos tardado en apoyar estas medidas», dijo Mato.

El objeto de la propuesta era transponer 28 recomendaciones de la CICAA. Se trata, en particular, de todas las medidas de control no incluidas en los Reglamentos INDNR y de control. Este nuevo texto legislativo reúne medidas de control y de conservación que hasta ahora estaban reguladas en dos actos separados (Reglamentos (CE) n.o 1936/2001 y n.o 520/2007 respectivamente). Incluye asimismo las medidas estadísticas para el pez espada y el patudo mediante la modificación del Reglamento (CE) n.o 1984/2003.

El nuevo Reglamento se aplicará a los buques de la Unión que faenen en la zona del Convenio de la CICAA o, en el caso de los transbordos, fuera de la zona del Convenio de la CICAA en relación con las especies capturadas en la zona del Convenio de la CICAA. También se aplicará a los buques de terceros países que sean inspeccionados en los puertos de los Estados miembros y que transporten especies de la CICAA o productos de la pesca originarios de estas especies que no hayan sido previamente desembarcados o transbordados en un puerto.

Las medidas de gestión están divididas en siete capítulos por especie: i) atunes tropicales; ii) atún blanco del Atlántico norte; iii) pez espada (pez espada del Atlántico y pez espada del Mediterráneo); iv) agujas azules y agujas blancas; v) tiburones; vi) aves marinas (obtenidas como capturas accesorias) y vii) tortugas (obtenidas como capturas accesorias).

La propuesta contiene medidas sobre:

– el registro de buques pesqueros a gran escala de la CICAA, que es una lista, gestionada por la Secretaría de la CICAA, de los buques pesqueros a gran escala autorizados a capturar especies de la CICAA en la zona del Convenio de la CICAA;

– fletamento;

– el control de las capturas, y, en especial, el cumplimiento de las cuotas y los requisitos en materia de tallas mínimas, el muestreo de las capturas y la notificación de las capturas y del esfuerzo pesquero;

– transbordos;

– programas de observadores científicos;

– control de las flotas de terceros países;

– procedimiento en caso de infracción de las medidas de conservación y control de la CICAA y del control de las flotas incluidas en la lista INDNR de la CICAA.

Posición del ponente

En general, el ponente aboga por una estricta transposición de las recomendaciones, a fin de establecer igualdad de condiciones para los operadores. Garantizar condiciones idénticas para todos es crucial si queremos contar con los pescadores.

En este caso, la Comisión ha transpuesto las recomendaciones pertinentes de la CICAA de forma muy precisa, excepto en algunos casos específicos, a saber:

a) el ámbito de aplicación del Reglamento previsto en el artículo 2 debe incluir asimismo a los buques pesqueros de terceros países;

b) el artículo 4, punto 25, sobre la definición de la lista de buques que participan en actividades de pesca ilegales, no declaradas y no reglamentadas debe aplicarse no solo a los buques de las Partes no contratantes de la CICAA sino también a los de las Partes contratantes;

c) en el artículo 7, con respecto a los atunes tropicales, la Comisión Europea establece una limitación para la sustitución de los buques: estos deben ser sustituidos por buques de capacidad equivalente o inferior. Esta limitación no figura en la Recomendación 2014-01, que ya no está en vigor (ha sido sustituida por la Recomendación 2015-01, en la que no se ha incluido la medida). Para garantizar la coherencia con las Recomendaciones de la CICAA en vigor, ha de eliminarse dicha disposición.

Por esta razón, propongo enmiendas específicas en los casos anteriormente mencionados, conforme a lo acordado con la CICAA.

Uno de los elementos más polémicos de la presente propuesta es la autorización de realizar transbordos en aguas de la CICAA a los buques palangreros pelágicos a gran escala sin perjuicio de las disposiciones establecidas por la legislación de la Unión en la materia. Con objeto de evitar prácticas ilegales (artículo 20 del Reglamento de control [Reglamento (CE) n.o 1224/2009]), en la actualidad todos los buques (incluidos los buques de terceros países) que faenan en aguas de la Unión están sujetos a la prohibición de realizar transbordos en el mar. Hay una clara contradicción entre la legislación europea y las Recomendaciones de la CICAA. La transposición de la recomendación de la CICAA significa que un buque europeo podría realizar operaciones de transbordo en el mar en la zona CICAA siempre que estas actividades no tengan lugar en aguas de la Unión.

Además, por lo que respecta a las aguas no pertenecientes a la Unión, el artículo 4 del Reglamento INDNR (Reglamento (CE) n.o 1005/2008) solo prohíbe dicha actividad cuando se trata de transbordos de buques de terceros países a buques de la Unión si estos últimos no están registrados como buques de transporte bajo los auspicios de una organización regional de ordenación pesquera. El Reglamento INDNR no prohíbe el transbordo de un buque europeo a un buque de transporte de un tercer país o entre buques de la Unión. Se sobreentiende que, en dichos casos, prevalece la reglamentación de la organización regional de ordenación pesquera.

En la práctica, ningún buque europeo realiza transbordos en el mar en aguas no pertenecientes a la Unión cubiertas por la CICAA. No obstante, esta actividad es recurrente en el océano Pacífico.

El ponente está a favor de la fiel transposición de las Recomendaciones de la CICAA para no discriminar a las flotas europeas con respecto a las flotas de terceros países. No obstante, exhorta a la Comisión Europea a que aborde seria y sistemáticamente esta cuestión en el marco de las organizaciones regionales con objeto de extender la prohibición de la Unión a todas las aguas.

Tenemos que convencer a los terceros países, mediante nuestra acción en las OROP, de que observen las normas de la Unión en este caso.

Los transbordos en el mar son una de las principales causas de la falta de transparencia en la pesca a escala mundial, y facilitan la pesca INDNR, que con frecuencia practican flotas extranjeras con escasas consideraciones medioambientales o sin consideraciones medioambientales.

Desde hace muchos años, el sector de la pesca de la Unión ha solicitado constantemente la prohibición de esta práctica en las distintas OROP. Nos gustaría que la Comisión Europea continuara ejerciendo presión sobre las OROP para poner fin a los transbordos.

Por último, el ponente desea poner de relieve su descontento por la última decisión adoptada por dicha organización regional sobre la fijación, por primera vez, de un total admisible de capturas para el pez espada en el Mediterráneo sin tomar en consideración la posibilidad de aumentar al mismo tiempo el total admisible de capturas de atún rojo para 2017 con objeto de contrarrestar las consecuencias de dicha decisión para la flota europea.

En tanto que es innegable que la población de pez espada ha registrado un fuerte deterioro, la población de atún rojo está experimentando una neta recuperación, lo que justificaría un incremento del total admisible de capturas para la flota de atún rojo.

En cualquier caso, el ponente destaca la necesidad de que el artículo 17 del Reglamento de base de la PPC (Reglamento (UE) n.o 1380/2013), relativo a la asignación de cuotas a escala nacional, se aplique de modo que se preste especial consideración a la pesca tradicional y artesanal y de que se ofrezcan incentivos a los buques pesqueros de la Unión que utilicen artes de pesca selectivos o técnicas de pesca con un reducido impacto ambiental.

Discrepancias entre cuotas de captura

El informe Mato, que recoge la transposición de 28 recomendaciones sobre las medidas de gestión, conservación y control aplicables en el área ICCAT, incluye referencias explícitas a la administración de algunas especies particularmente vulnerables, como son los tiburones, aves marinas y las tortugas, además del atún tropical, el atún blanco del Atlántico Norte, las agujas azules y blancas, y el pez espada.

En relación a este último, el diputado ha mostrado su descontento por la última decisión adoptada por ICCAT de limitar el total admisible de capturas en el Mediterráneo sin contemplar la opción de aumentar el de las capturas de atún rojo para este año.

“Es innegable que la población de pez espada ha sufrido un fuerte deterioro -explicó Mato-. Sin embargo, la del atún rojo ha experimentado una recuperación, lo que justificaría la posibilidad de aumentar el total de capturas de la especie”.

A este respecto, y en una declaración anexa al Informe, Gabriel Mato expresa asimismo, su preocupación por el hecho de que la Comisión Europea, más de seis meses después de la adopción por parte de ICCAT de medidas sobre el pez espada en el Mediterráneo, no haya adoptado ninguna propuesta de su transposición en la UE.

“Es imprescindible que esas medidas reconozcan la dimensión socioeconómica de las pequeñas pesquerías mediterráneas y la necesidad de un enfoque gradual y de una mayor flexibilidad en su gestión. Para que el plan de recuperación tenga éxito, los países vecinos no pertenecientes a la UE deben también realizar esfuerzos especiales para gestionar eficazmente esta especie.”

Especial atención a la pesca tradicional y artesanal

Asimismo, Gabriel Mato destaca la necesidad de prestar una atención especial a la pesca tradicional y artesanal, y ofrecer incentivos a los pescadores de atún rojo y pez espada de la UE que empleen artes de pesca y técnicas de reducido impacto ambiental cuando se reparten las cuotas al nivel nacional. Es necesario que la Comisión respete la trasposición de la normativa y que respete el medio ambiente y a los pescadores artesanales. Estoy molesto de la fijación de las cuotas de pez espada del Mediterráneo». Mato se quejó del plazo de diez años en la trasposición de la normativa

“Esta fue una batalla con los estados miembros que ganamos cuando se negociaron las medidas sobre el atún rojo, y ahora su compromiso se ha reafirmado”, finaliza Mato.

Apoyo deVella

El comisario Vella dio la enhorabuena por la cooperación del ponente Mato, pero no estoy de acuerdo sobre que no hemos cumplido nuestras obligaciones internacionales. Siempre hemos cumplido las obligaciones internacionales. Reconozco la trasposición de la normativa y con ello estaremos a la altura del cumplimiento en la igualdad de condiciones. No sólo se imponen las recomendaciones de CICCA a los Estados miembros, sino que obliga también a los patrones de pesca». Sobre el pez espada del Mediterráneo estamos en fases de consultas el plan de recuperación. Gracias por plantear el debate».
La europarlamentaria Izaskun Bilbao lamentó «los diez años que ha tardado la trasposición de la normativa que ha creado inseguridad jurídica, falta de trasparencia, con el fin de impedir a los buques de terceros países que se salten la normativa de los trasbordos. Tenemos que apoyar una pesca selectiva y un reparto de las cuotas en base a los informes científicos»
La europarlamentaria Serra Santos, S&D, apuntó que la trasposición de la normativa ICCAT permite la protección de especies de tortugas, mamíferos marinos. Kuhn del PPE dijo que «hay que acabar con la pesca ilegal, y después de ña mejora del atún y los acuerdos con China, Taiwan y Japón estamos avanzando en la consecución de medidas importantes».
Hazekamp de GUE/NGL dijo que «el atún rojo sigue siendo una especie amenazada» y se posicionó en contra del aumento de la cuota.

La europarlamentaria del PNV Izaskun Bilbao Barandica presenta en el Parlamento Europea mañana el nforme sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 98/41/CE del Consejo, sobre el registro de las personas que viajan a bordo de buques de pasaje procedentes de puertos de los Estados miembros de la Comunidad o con destino a los mismos y la Directiva 2010/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las formalidades informativas exigibles a los buques a su llegada o salida de los puertos de los Estados miembros

La propuesta de modificación de la Directiva 98/41/CE del Consejo sobre el registro de las personas que viajan a bordo de buques de pasaje forma parte de una revisión más amplia de la legislación de la UE en materia de seguridad de los buques de pasajeros, de conformidad con un programa reglamentario de idoneidad y rendimiento (REFIT) llevado a cabo por la Comisión.

En el informe resultante de este control de aptitud, la Comisión llegó a la conclusión de que el marco jurídico de la UE era generalmente adecuado para el propósito y daba lugar a una mayor seguridad, pero que había margen de mejora para simplificar y clarificar esta legislación.
Por lo tanto, el objetivo de este ejercicio es actualizar, aclarar y simplificar los requisitos existentes para el recuento y registro de pasajeros y tripulantes a bordo de buques de pasaje, a la vez que se mejora el nivel de seguridad. Se esfuerza en eliminar cualquier superposición en las obligaciones de información y/o requisitos desproporcionados.
El Parlamento Europeo ha sido el motor de muchas mejoras al régimen de seguridad marítima de la UE, mientras trabajaba en tres paquetes de seguridad marítima de la UE. También solicitó específicamente una propuesta legislativa para modernizar la legislación sobre seguridad de los buques de pasaje.
Propuesta de la Comisión
La propuesta de modificación de la Directiva 98/41/CE introduce un requisito de registro y notificación digital de los datos de los pasajeros, mediante procedimientos administrativos armonizados (el denominado Ventanilla Única Nacional (VUN) establecida en virtud de la Directiva 2010/65/UE) para facilitar operaciones de búsqueda y rescate en caso de emergencia. El sistema actual de datos sobre las personas a bordo que se guardan en el registro de las empresas se sustituirá por la grabación de los datos en un sistema electrónico y se transmitirá inmediatamente a la VUN. Esta propuesta también introduce flexibilidad para los operadores en viajes más cortos. Una alternativa, propuesta para los buques que operan sin sistemas informáticos o sin conexión a Internet a bordo, es transmitir el número de personas a bordo a través del sistema de identificación automática (SIA) del buque.
La propuesta introduce un nuevo elemento de información: la nacionalidad de las personas a bordo, basada en la auto declaración. Toda la información recogida debe mantenerse hasta que el viaje termine con seguridad o, en caso de accidente, hasta el final del proceso judicial.
La propuesta aclara también el ámbito de aplicación de la Directiva, explicando cómo interpretar el umbral de 20 millas náuticas y definir «zona marítima D» en estuarios y puertos.
Si bien la propuesta no ha sido acompañada de una evaluación de impacto, sí que se ha adjuntado el Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión así como un Plan de Ejecución. Estos documentos explican en detalle la justificación de los cambios propuestos, evalúan el impacto de algunos de esos cambios, resumen del intercambio de ideas de la etapa de consulta con los Estados miembros y las partes interesadas, así como un cronograma para cualquier reto de ejecución y acciones de apoyo.
Posición de la ponente
La ponente da la bienvenida a la intención de la Comisión de actualizar, clarificar y simplificar los requisitos existentes en esta Directiva y de la misma manera pide que haya una coordinación y armonización para obtener su máxima eficacia.
Esta revisión tiene por objeto potenciar y reforzar el mercado único europeo en el sector marítimo.
La innovación tecnológica es una realidad que va más rápido de lo que pensábamos y apuesta por trabajar para conseguir la neutralidad de la misma.
Apoya la notificación digital que ha propuesto la Comisión Europea a través de la Ventanilla Única Nacional cuando el trayecto sea superior a 20 millas y apuesta para que los avances en el desarrollo de las mismas a nivel nacional sean una plataforma ideal para avanzar en el futuro hacia una Ventanilla Única Europea. Pero mientras se desarrolla este proceso hay que tener un margen de flexibilidad para aquellos operadores que operan en viajes más cortos y en ese sentido la ponente propone una tercera posibilidad a través de un sistema electrónico aprobado por el Estado Miembro. Ello permitirá no distorsionar su actividad y que haya seguridad de cara a posibles necesidades de rescate que muchas veces son de alcance local.
Otro punto que la ponente quiere resaltar es la necesidad de ahondar en la protección de los datos de los pasajeros, los cuales serán automáticamente destruidos en el momento en el que la información ya no sea necesaria para los fines señalados en la Directiva que recuerda son, en particular la seguridad de los pasajeros y la facilitación de las operaciones de búsqueda y salvamento.
La ponente además propone que la información remitida sobre los cuidados o asistencia especiales que los pasajeros pudieran necesitar en una situación de emergencia sea obligatoria de cara a contar con toda la información en caso de necesitar realizar una operación de salvamento. Esa información junto con la de la fecha de nacimiento completa, así como la de la nacionalidad propuesta por la comisión y demás requerimiento se recabará antes de la salida y se registrará en la ventanilla única establecida con arreglo al Artículo 5 de la Directiva 2010/65/UE al zarpar el buque de pasaje pero, en cualquier caso, no más tarde de diez minutos después de su salida. La ponente opta por reducir en este caso los treinta minutos propuestos por la Comisión Europea.
En relación a los poderes de la Comisión Europea sobre actos delegados, la ponente está de acuerdo en utilizar esta herramienta pero reduce a 5 años prorrogables dicha opción modificando el carácter de tiempo indefinido que introducía la Comisión en su propuesta.
En el mismo sentido reduce a los tres meses siguientes el tiempo que tendrá la Comisión para considerar que una decisión sobre una exención de obligaciones presentada por un Estado miembro no está justificada o que podría tener efectos adversos sobre la competencia y mediante un acto de ejecución requerir al Estado miembro que la modifique o anule.
Por último la ponente establece que la Comisión evaluará la aplicación de la presente Directiva y presentará los resultados de la evaluación a los colegisladores a más tardar dos años después de la fecha mencionada en el artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, reduciendo así la propuesta de la Comisión de 7 años.