El Consistorio arremete contra el sector y obvia el acuerdo de 2018. La Autoridad Portuaria recuerda que cualquier modificación implicaría sustanciosas indemnizaciones

Vista de un crucero, en el Puerto de Barcelona 

El Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado no construir la séptima terminal de cruceros del prevista en el Moll Adossat del Puerto de Barcelona, y no renovar la autorización de la terminal C a partir de 2024, durante la primera sesión del Consejo para la Sostenibilidad de los Cruceros que impulsa el Puerto de Barcelona.

Lo ha explicado la teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, Janet Sanz, en declaraciones a los periodistas este miércoles al finalizar la sesión constitutiva del Consejo, donde hay representantes de las administraciones y del sector crucerista.

Sanz ha pedido una «renuncia clara de no construir la séptima terminal», cuya licitación quedó suspendida tras un conflicto jurídico entre las empresas que se presentaron al concurso público, según ha explicado en declaraciones recogidas por Ep.

El consistorio también ha propuesto dejar la terminal C sin actividad crucerista y destinarla a otra actividad vinculada al Puerto a partir de 2024 (la terminal C está concesionada a un grupo que gestiona tres terminales propiedad del Puerto, y esta en concreto se autoriza anualmente).

La titular de Urbanismo de la capital catalana ve en estas dos propuestas una «oportunidad muy clara», ya que ha avisado de que, con la construcción ya en marcha de la sexta terminal, la ciudad puede alcanzar los cuatro millones de cruceristas, ha dicho.

Para Sanz, la primera sesión del Consell ha servido para constatar una realidad «incrementalista» y que, además, el 70% de los cruceristas llegados a Barcelona son de tránsito, por lo que los ha tachado de ‘fast food’ de los cruceros. Ha concretado que en 2022 hubo un 28% de cruceristas que venía de puerto base y un 72% de tránsito, y, preguntada por que el Puerto cifra en más de la mitad los visitantes de puerto base, ha respondido que los cuentan a la entrada y a la salida, lo cual genera sobrerrepresentación en los datos.

De la propuesta para hacer sostenible la actividad crucerista, ha opinado: «No veo dónde está la sostenibilidad en este documento y en estas propuestas, porque no hay ninguna concreción de cómo hacer sostenible algo que hoy es insostenible en la ciudad«. »Parece una mesa de crecimiento infinito, porque no hay ninguna medida de control, de contención«, ha añadido la titular de Urbanismo, que ha acusado de inacción al Govern.

La teniente de alcalde, que ve insostenible llegar a la cifra récord de 3,3 millones de cruceristas este año, ha dicho que «Barcelona lo que se merece es una gobernanza pública« de esta actividad, y ha pedido abordar el número de cruceristas, y no solo el número de embarcaciones.

De hecho, considera que el acuerdo de 2018 redujo el número de terminales para evitar alcanzar las 13 previstas entonces, y ha defendido que fue un acuerdo para un momento determinado en el que había que dar respuesta a la situación. Para ella, lo acuerdos eran necesarios pero no suficientes, y ha mantenido que «no era un punto y final, el acuerdo del 2018 era un punto de partida».

En respuesta a esta posición, el Puerto de Barcelona ha advertido que reducir la llegada de cruceros a la ciudad implica «indemnizaciones importantes«, ya que las navieras que ganan las adjudicaciones tienen derechos adquiridos por invertir en el enclave portuario.

Sobre la aspiración del Ayuntamiento de Barcelona de reducir cruceros, fuentes de la institución que preside Lluís Salvadó han señalado que las compañías «contratan la escala un año y medio o dos años antes» y que las medidas fáciles y rápidas no existen. Fuentes del Puerto añaden que se ciñen al acuerdo de 2018.

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Para el enclave portuario, el Consejo de Sostenibiliad «da continuidad» al pacto firmado en 2018 entre el Puerto y el Ayuntamiento que reduce a siete las terminales de cruceros, y que estará vigente hasta 2027, cuando cierre la terminal situada en el muelle Barcelona Sur.

El Puerto ha recordado que este acuerdo supone una inversión de 265 millones de euros de inversión pública y privada, y que incorpora «elementos de mejora« para la actividad crucerística y facilitar que haya más operaciones de puerto base.

Las mismas fuentes portuarias han afirmado estar condicionados por un «campo de juego» basado en las concesiones, y han recordado que parte de las nuevas instalaciones las costean las navieras cuando ganan los concursos públicos. Es el caso de MSC, que invertirá entre 70 y 80 millones en construir su propia terminal. «Si a una naviera que ha hecho una inversión se le dice que no puede desarrollar sus derechos, esto significa, en el mundo real, indemnizaciones. Y me parece que no estamos aquí», han argumentado.

En la sesión constitutiva del Consejo han participado la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento, la Diputación de Barcelona, la Generalitat, la Delegación del Gobierno, Capitanía, el comité de rutas aéreas, Barcelona Regional y los agentes económicos y sociales, y prevén reunirse «dos o tres veces» al año.

El Puerto de Barcelona ha expuesto durante el encuentro su apuesta por mejorar la transparencia del sector cruceros en la ciudad y por ser puesto base y no por escalas, lo que implica barcos que están pocas horas en la ciudad.