La reunión de comunidades costeras en la villa pontevedresa refuerza el liderazgo gallego en la gestión del dominio marítimo-terrestre, abre una “nueva era competencial” y suma la voz cantábrico-atlántica de Euskadi a un debate clave sobre la reforma de la Ley de Costas.
La gestión del litoral español vivió en Baiona un punto de inflexión. La localidad de las Rías Baixas se convirtió durante la I Cumbre del Litoral en capital política de la costa, al reunir por primera vez a representantes de prácticamente todas las comunidades con mar para debatir cómo compartir la gestión del dominio público marítimo-terrestre tras la histórica sentencia del Tribunal Constitucional que avaló la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia (Loxilga).
El encuentro selló “una nueva era competencial” para las autonomías costeras, con Galicia ejerciendo de anfitriona y referencia tras ver reconocidas sus competencias plenas para ordenar y gestionar su costa. La cita no fue sólo simbólica: buscó mecanismos concretos de colaboración interautonómica y una posición común ante el Estado para reformar la Ley de Costas.
La cumbre se celebró en el hotel Faro de Cabo Silleiro, recientemente reabierto, y arrancó con una intervención telemática del magistrado del Tribunal Constitucional César Tolosa, ponente de la sentencia que blindó la Loxilga frente al recurso del Gobierno central. Desde Baiona, se subrayó el carácter pionero de este foro, concebido para “aprovechar sinergias” entre las comunidades que ya ejercen competencias sobre el litoral o aspiran a hacerlo.
La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, abrió la jornada reivindicando el modelo gallego y el aval del Constitucional como punto de apoyo para exigir una actualización profunda de la normativa estatal, adaptando la Ley de Costas a la realidad de cada territorio sin rebajar la protección ambiental.
El programa combinó ponencias técnicas –como la del catedrático Javier Sanz Larruga, director del Observatorio do Litoral de Galicia y figura clave en la redacción de la Loxilga– con dos mesas políticas: una sobre la franja cantábrico-atlántica y otra centrada en el Mediterráneo.
Si algo dejó claro la Cumbre del Litoral fue la coincidencia entre las comunidades costeras en la necesidad de revisar la Ley de Costas para que su aplicación tenga en cuenta las particularidades físicas y socioeconómicas de cada litoral.
La Xunta defendió que, tras la sentencia del Constitucional, Galicia está en condiciones de liderar esa nueva etapa regulatoria. El Gobierno gallego ve en la cumbre la confirmación de su “papel tractor” en la defensa de una cogobernanza real del litoral, en la que el Estado deje de tener un papel prácticamente exclusivo en la toma de decisiones sobre concesiones, planeamiento y usos del dominio público marítimo-terrestre.
Desde Baiona, la conselleira Vázquez insistió en que no se trata de rebajar garantías, sino de gestionar mejor: más seguridad jurídica para vecinos y empresas, más capacidad de respuesta frente al cambio climático y una economía azul que genere actividad sin comprometer el futuro de la costa. Las informaciones subrayan que Galicia quiso enviar un mensaje claro a Madrid: las comunidades están “en primera línea” del impacto del retroceso costero y necesitan instrumentos normativos acordes a esa responsabilidad.
La cumbre fue también escaparate para las políticas propias de la Xunta. El Gobierno gallego aprovechó el marco del I Cumio do Litoral para avanzar que ya ha identificado más de 850 parcelas como futuros “refuxios do litoral”: espacios de alto valor ambiental –dunas, marismas, acantilados o sistemas costeros frágiles– que se pretende blindar frente a la urbanización y a nuevas presiones.
Esos refugios se conciben como laboratorios de adaptación al cambio climático, donde probar soluciones basadas en la naturaleza y reforzar la resiliencia frente a temporales, subida del nivel del mar y erosión. Esta iniciativa se sitúa en una hoja de ruta más amplia, que combina planificación territorial, protección de la biodiversidad y aprovechamiento responsable de actividades como el turismo costero, la pesca, la acuicultura y las energías marinas.
En paralelo, la Xunta reivindicó en Baiona el potencial de la economía azul gallega –desde los puertos pesqueros hasta la cadena mar-industria y los proyectos de renovables marinas– como ejemplo de que es posible vincular desarrollo económico y defensa del litoral si se actúa con planificación y con reglas claras.
La primera mesa redonda de la cumbre estuvo dedicada a la franja atlántico-cantábrica, con la participación de representantes de Galicia, Euskadi, Asturias, Cantabria y Canarias. Así se destacó que este bloque permitió contrastar diferentes modelos de gestión en costas expuestas a temporales cada vez más intensos y con fuerte peso de los usos portuarios, pesqueros y energéticos.
En ese foro intervino la consejera vasca de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, que llevó a Baiona la visión de Euskadi. Según el relato del propio Gobierno Vasco, Barredo defendió un enfoque integrado del litoral basado en tres pilares: sostenibilidad ambiental, economía azul y participación institucional y social, con el objetivo de conciliar los múltiples usos de la costa –industria, energía, puertos, pesca, ocio– sin degradar el medio. Recordó además que Euskadi afronta ahora el desarrollo de un marco jurídico propio tras el último traspaso de competencias, y que ese proceso debe servir para resolver conflictos de usos y garantizar un litoral “protegido, vivo y sostenible”.
La presencia vasca fue leída en medios gallegos como un espaldarazo al eje atlántico-cantábrico, que comparte retos físicos muy similares y que, a diferencia del Mediterráneo, cuenta con una tradición industrial y portuaria particularmente intensa. En Baiona, esa “alianza del norte” cristalizó en un mensaje común: descarbonización, adaptación climática y seguridad jurídica exigen más peso de las autonomías en la gestión cotidiana del litoral.ValmiñorTV+1
La segunda mesa redonda reunió a representantes de Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña para abordar la realidad mediterránea. Xornal21 y ValmiñorTV coincidían en señalar que, aunque los problemas físicos difieren –más presión urbanística y turística, más regresión de playas y deltas–, las conclusiones acabaron convergiendo: también estas comunidades reclaman una Ley de Costas más flexible en su aplicación, que les permita proteger sin paralizar actividades económicas ligadas al mar.Xornal21+1
En ambos bloques se repitió una idea: la gestión del dominio público marítimo-terrestre ya no puede decidirse sólo desde Madrid, porque son las comunidades quienes se relacionan a diario con ayuntamientos, cofradías, empresas y vecinos que viven al borde del mar.
Más allá de los matices entre costas, la I Cumbre del Litoral sirvió para proyectar una imagen de Galicia como referente en Europa en materia de gobernanza costera. Xornal21 subrayaba que la clausura, a cargo de la conselleira Ángeles Vázquez y del vicepresidente segundo de la Comunidad Valenciana, consolidó a la comunidad gallega como ejemplo de cómo un Estatuto de Autonomía puede desplegarse hasta sus últimas consecuencias en la gestión del litoral.
Desde Baiona, los medios gallegos coincidieron en que este primer encuentro no cierra nada, pero abre varios caminos: un frente común autonómico para revisar la Ley de Costas, una agenda compartida de adaptación al cambio climático y una red de cooperación técnica entre observatorios, universidades y administraciones.
En ese tablero, Euskadi se sienta como aliado natural en la franja atlántico-cantábrica, con un modelo de costa industrial y portuaria muy próximo al gallego y una economía azul en plena efervescencia. Y Galicia, respaldada por el Constitucional y por sus avances en planificación, aspira a seguir marcando la pauta en un debate que ha dejado de ser local para inscribirse de lleno en la agenda europea de protección de los océanos y de los territorios costeros.
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