Quintana aclaró que más que en calidad de mandataria lo hacía como portavoz de la opinión mayoritaria de la pesca de la comunidad, esa que se plasmó en un dictamen del Consello Galego de Pesca y que, en definitiva, pide una revisión completa del texto legal al que estos días le han llovido más criticas que elogios. Además, esa nueva redacción tiene que salir de un diálogo con los afectados que avance en seguridad jurídica —tacha recurrente— y que dé respuesta a las necesidades de la flota.
El actual texto no solo no da esa respuesta sino que lo enreda en una maraña legal al derogar solo en parte la Ley de Marítima del 2001, entrar en cuestiones que son competencia de las comunidades autónomas y, al mismo tiempo, redactar proyectos de reales decretos, como el de ordenación pesquera o la pesca de recreo en aguas exteriores.
Aunque reconoce que hay que actualizar el texto considera que no es momento oportuno, ahora que se está a las puertas de una revisión de la política pesquera común que podría dejar obsoleta la ley nada más salga publicada en el BOE (Boletín Oficial del Estado).
Seguridad jurídica
En cuanto a la controvertida cuestión sobre si el texto proporciona o no seguridad jurídica a la flota, la opinión de Galicia se alinea con los que ven en el texto una amenaza para las inversiones ya hechas en el sector. Interpreta, como la patronal Cepesca, que se abre la puerta a modificar repartos ya realizados, aunque admite que se necesitan mecanismos que impidan la acumulación de cuotas y su uso meramente mercantil y especulativo.
En este sentido, Quintana propuso incluir en la ley una limitación del porcentaje de cupos que puede concentrar una determinada empresa y que se aborde un estudio para conocer por qué se producen esos excedentes de cuota para poder actuar y atajar tanto las situaciones monopolísticas como la especulación.
Como otros ponentes, la conselleira consideró excesivo ese porcentaje del 10 % que se reserva el Estado, pues, según dijo, supone acaparar 50.000 toneladas al año, que vienen siendo, así a ojo, 170 millones de euros según el precio medio del pescado en las lonjas gallegas. Lo sabrá en cuanto tenga ese informe jurídico que la Xunta ha encargado sobre la consideración de los derechos de pesca como bien demanial.
Otra crítica gallega es que la Ley de Pesca Sostenible escora hacia la vertiente medioambiental, «diez veces más presente que la económica y social» en el texto.
Rechazo cántabro
El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, César Nates, trasladó al Congreso de los Diputados el rechazo del sector a la nueva Ley de Pesca, «porque crea inseguridad jurídica a las empresas». En una comparecencia en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, Nates expuso las objeciones al proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera. «Es una legislación que nadie del sector ha reclamado», señaló, antes de subrayar que «los pescadores somos los primeros interesados en buscar la sostenibilidad de nuestra actividad».
De los diez títulos que conforman el proyecto de ley, el representante de la flota cántabra arremetió contra el quinto, referido a la gestión de los recursos pesqueros. En este sentido, recordó que el Plan de Gestión del Cantábrico Noroeste, aprobado en 2015, supuso un cambio en el modelo de gestión de la pesquería. «Pasamos de un sistema de pesca olímpica, del tipo ‘el que más pesque, pescador’, a un sistema de cuotas, en base a un criterio sobre históricos de capturas que trajo una división tremenda, no solo entre las comunidades, sino incluso dentro de cada puerto». Por este motivo, alertó del riesgo de que con la nueva ley se establezcan criterios diferentes para repartir las especies restantes.
Nates también se refirió a la orden aprobada durante la pandemia, en abril de 2020, que permitió al sector de cerco las transmisiones temporales y definitivas de cuotas. «Ahora un barco no vale lo que valen sus equipos, sino lo que valen sus cuotas». Finalmente, alertó del riesgo de que la nueva normativa interfiera en los repartos actuales de las cuotas. «Tenemos claro que en cualquier nuevo reparto que haya, Cantabria va a salir perjudicada. Queremos que los criterios sean técnicos y no políticos. Otras comunidades están todo el día presionando para modificar los repartos», concluyó.
La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, insistió en lo que desde el ministerio se viene repitiendo una y otra vez: que es una ley que contribuirá a que el sector sea cada vez más sostenible, competitivo y rentable, que dotará de mayor seguridad jurídica a los pescadores y que permitirá generar riqueza y empleo.
Villauriz trató de desmontar las tachas que a lo largo de estos días se le han ido colgando al que es uno de los proyectos legislativos estrella del departamento que dirige Luis Planas. Y no fueron pocos. Para empezar, la doctora en Económicas y experta en Economía Pesquera Carme García Negro, que reprochó que se haya abordado la pesca como una mera actividad extractiva y no como «una actividad económica que produce pescado», al no incluir la transformación o la comercialización, que forman parte de la pesca.
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