Canberra ha sancionado por primera vez a 60 buques sospechosos de transportar petróleo ruso en violación de las restricciones internacionales, uniéndose así a sus aliados occidentales en un nuevo frente contra Moscú.
El gobierno australiano ha anunciado este miércoles la imposición de sanciones contra 60 buques vinculados a la llamada “flota fantasma” rusa, utilizada por Moscú para exportar petróleo eludiendo las sanciones internacionales impuestas tras la invasión de Ucrania. Esta es la primera vez que Australia toma medidas directas contra esta red marítima opaca, ya sancionada por socios como el Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos.
La «flota fantasma» está compuesta por barcos, en su mayoría petroleros envejecidos y registrados bajo banderas de conveniencia, que evitan los controles activando prácticas como el apagado de sus sistemas de localización, el cambio constante de pabellón y el uso de seguros inadecuados. Estas prácticas dificultan su rastreo y permiten a Rusia continuar comercializando crudo en mercados alternativos, saltándose el tope de precios y las restricciones occidentales.
“Rusia utiliza estos buques para esquivar sanciones internacionales y financiar su guerra ilegal e inmoral contra Ucrania”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores australiano en un comunicado.
Además del riesgo geopolítico, los gobiernos europeos han alertado sobre los riesgos medioambientales y de seguridad que plantea esta flota, a la que acusan de estar involucrada en incidentes con cables submarinos críticos y de operar sin las garantías mínimas exigibles.
La medida adoptada por Canberra se suma a una nueva batería de sanciones impuestas el martes por el Reino Unido, que incluyeron 20 nuevos buques de la flota fantasma rusa y 10 personas o entidades relacionadas con el sector energético ruso. Estas sanciones suelen implicar la prohibición de entrada a puertos nacionales y el cierre del acceso a servicios logísticos y financieros.
La decisión australiana, aunque tardía respecto a otros países occidentales, refuerza el cerco internacional contra la infraestructura que sustenta la capacidad exportadora rusa, en especial en sectores como el energético, clave para el financiamiento de su maquinaria militar.
Con este paso, Australia demuestra su voluntad de alinearse con sus aliados en la presión económica contra el Kremlin, al tiempo que se posiciona contra la opacidad y los riesgos que representa esta red marítima que opera al margen de la legalidad internacional.
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