El sector atunero solicita que sea considerada prioritaria su vacunación

La flota atunera española afronta un 2021 que continuará marcado por las dificultades para desarrollar las operaciones de relevo de sus tripulantes debido a la necesidad de garantizar su salud y seguridad y por las restricciones de movilidad impuestas por la Covid-19. En este sentido, la flota mantendrá su enfoque de priorizar estos aspectos contemplados en la vertiente social de su certificado de Atún de Pesca Responsable (APR) y con el que respalda la sostenibilidad global de su actividad.

La flota española, agrupada en la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC), prevé que, durante el primer semestre de este año, tendrá que relevar a un total aproximado de 1.200 tripulantes, de los que unos 650 son extranjeros y 550 españoles. Estos relevos se realizarán prioritariamente en los puertos base de Abidjan (Costa
de Marfil), Victoria (Seychelles) y Manta (Ecuador) y conforme al estricto protocolo diseñado por la flota, en colaboración con las autoridades sanitarias de los países en los que opera, así como los de origen y destino de los pescadores.

Actividad esencial

Por otra parte, y debido al carácter esencial de su actividad, la flota también está solicitando al Gobierno y las Comunidades Autónomas el reconocimiento de los tripulantes como colectivo de acceso prioritario a las vacunas contra la Covid-19, una vez completado el proceso de vacunación de los grupos de alto riesgo. La flota fundamenta esta demanda en la resolución adoptada el 1 de diciembre por la Asamblea General de la ONU para instar a sus estados miembros a reconocer trabajadores esenciales a la gente del mar y otro personal marítimo, una decisión que a finales de 2020 ya habían adoptado 45 países, según la Organización Marítima Internacional (OMI). Sostenibilidad biológica.

Asimismo, la flota advierte del impacto negativo de la pandemia en el equilibrio de los recursos pesqueros por las distorsiones que ya está ocasionando la celebración “digital” de las principales reuniones de las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP), responsables de definir
las normas de gestión de las pesquerías; así como por la relajación de las medidas de control, entre ellas, la suspensión de los programas de observadores.

De hecho, la flota muestra su preocupación por el hecho de que esta situación ha impuesto acuerdos de mínimos consistentes en la prórroga para 2021 de las resoluciones del año pasado. Las dificultades para celebrar reuniones presenciales en negociaciones complejas con muchos países implicados -hasta 52, en el caso de la Comisión Internacional para la
Conservación del Atún Atlántico (ICCAT)- van a tener implicaciones en las medidas de gestión a adoptar y en la transparencia de los procesos de toma de decisiones que debe garantizarse.