ARVI denuncia el “colapso” de CATCH y reclama un plan de contingencia

La cooperativa de armadores de Vigo alerta de fallos “estructurales” en el nuevo sistema europeo de certificados de captura, obligatorio desde el 10 de enero

La implantación del sistema digital CATCH —la herramienta única de la UE para gestionar los certificados de captura de los productos pesqueros en importación, reexportación y exportación— ha abierto un frente de máxima tensión entre el sector y la Administración. La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) remitió el 29 de enero un escrito urgente a la Secretaría General de Pesca en el que denuncia una puesta en marcha “muy defectuosa” que está convirtiendo los trámites aduaneros y sanitarios en un cuello de botella con impacto directo sobre la logística, los costes y el suministro de materia prima.

CATCH entró en vigor el 10 de enero de 2026 como sustituto del procedimiento en papel y como pieza central del refuerzo comunitario contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). La Comisión defiende que el sistema debe armonizar controles y mejorar la trazabilidad en un mercado que depende fuertemente del exterior: la propia UE recuerda que las importaciones de productos del mar representan una parte mayoritaria del consumo comunitario.

Sin embargo, ARVI sostiene que el despliegue se ha hecho “sin garantías de operatividad” y que está asfixiando tanto a buques de pabellón español que exportan como a sociedades mixtas con procesado en España que necesitan importar producto para abastecer líneas industriales. En el escrito, la organización describe un “desaguisado” administrativo con al menos once puntos críticos. Entre los más graves, cita la inestabilidad técnica —con caídas recurrentes—, límites de adjuntos “obsoletos” (con un tope que ha sido motivo de polémica en varios puertos europeos) y una burocracia que obliga a duplicar o triplicar la introducción de datos operativos (buque, conocimiento de embarque y contenedor), anulando, en la práctica, la promesa de simplificación.

El núcleo del problema, según la cooperativa, es el tiempo: ARVI habla de demoras de hasta diez días en la revisión de solicitudes, un retraso que en mercancías perecederas o cadenas “just in time” se traduce en sobrecostes de almacenaje, demoras portuarias y reprogramación. La entidad advierte además de un efecto dominó: operadores logísticos habrían empezado a trasladar al mercado un incremento generalizado de tarifas por el sobreesfuerzo administrativo requerido.

El choque no es solo local. Medios internacionales han documentado acumulaciones de contenedores y retrasos en puertos del norte de Europa desde la entrada en vigor del sistema, en un contexto de incidencias informáticas y carga manual de datos. Y Bruselas, sin negar los problemas, ha defendido públicamente que CATCH “funciona” y que se han validado miles de declaraciones desde su arranque, subrayando que corresponde a los Estados miembros asegurar que sus operadores estén preparados y resolver la operativa diaria.

En España, la propia Administración ha reconocido limitaciones. Una nota del Consejo General de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros, tras reuniones con responsables del MAPA, recoge un diagnóstico coincidente: excesiva carga administrativa, duplicidades en altas de operadores y buques, carencias en bases de datos y, sobre todo, falta de interoperabilidad con terceros países, que obliga a introducir manualmente información compleja y multiplica el riesgo de error. El documento recuerda además que CATCH es un sistema “desarrollado e impuesto” por la Comisión Europea, con escaso margen de modificación nacional, y que España ha ido trasladando incidencias a los servicios comunitarios competentes.

ARVI sostiene que la respuesta recibida hasta ahora —un ajuste técnico puntual para aliviar alguno de los procesos— es insuficiente, más aún si se presenta como “temporal” mientras se estudia una solución de fondo. En esa línea, la cooperativa pide activar de inmediato un protocolo de contingencia, coordinar las medidas urgentes con la DG MARE de la Comisión Europea y aplicar una simplificación real que permita recuperar datos de sistemas precedentes de forma automática, evitando que la digitalización se convierta en un “peaje” adicional.

El aviso final de ARVI apunta al terreno más sensible: el abastecimiento. “Estamos ante un riesgo real de desabastecimiento y encarecimiento de los productos de la pesca”, advierte la organización, que reclama decisiones rápidas para evitar que el bloqueo documental termine trasladándose al consumidor y, antes, a la industria transformadora y a la flota exportadora. Con CATCH ya en marcha y la presión política creciendo en varios Estados miembros, el pulso deja de ser técnico: se convierte en un test europeo de capacidad operativa, igualdad de condiciones y credibilidad de una trazabilidad digital que, de momento, está generando más fricción que fluidez