Transición Ecológica abre hasta el 24 de febrero una consulta pública para diseñar la primera puja de parques eólicos marinos flotantes. La Xunta reclama que el debut sea en aguas gallegas y pide compensaciones y retorno industrial para los sectores afectados.
España entra por fin en la fase decisiva para desplegar eólica offshore. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha activado la consulta pública previa que servirá de base a la orden ministerial con la que se fijarán las reglas de la primera concurrencia competitiva (subasta) de instalaciones eólicas marinas. El calendario está marcado: el proceso de aportaciones está abierto del 4 al 24 de febrero de 2026 y pide respuestas sobre “dónde” empezar, “cuánta” potencia sacar y “con qué condiciones” para asegurar ejecución, convivencia y retorno.
El movimiento llega mientras el norte de Europa acelera. La Declaración de Hamburgo y el Investment Pact for the North Seas firmados el 26 de enero buscan convertir el Mar del Norte en gran polo industrial de energía limpia, con compromisos para desplegar 15 GW anuales en la década 2031-2040 y reforzar cadenas de suministro y puertos. Ese contraste explica parte de la presión: mientras allí la eólica marina es ya una industria madura, en España el reto es inaugurar un mercado propio con tecnología flotante, obligada por la profundidad de la costa.
La arquitectura de la subasta española está definida por el Real Decreto 962/2024 y por lo que ahora se consulta: el procedimiento pretende otorgar de una vez un régimen económico, la reserva de acceso a red en un nudo de la red de transporte y la prioridad para la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Sobre ese armazón, el MITECO debe concretar “las bases”: áreas, potencia, plazos y criterios.
La consulta plantea preguntas muy concretas. Empieza por lo esencial: qué zonas de alto potencial (las delimitadas por los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo, POEM) deberían ser las elegidas para estrenar las subastas; si conviene seleccionar varias áreas que compitan entre sí; o si es mejor licitar un parque grande o varios pequeños y con qué potencia objetivo. Luego entra en la cocina del concurso: requisitos de solvencia y ejecución, y el peso de criterios no económicos.
Ahí aparece Galicia como protagonista natural del debate. Los POEM reservan en la costa gallega cinco zonas para eólica marina que suman 2.351 km², casi la mitad de la superficie estatal apta para esta tecnología, según el detalle publicado tras aprobarse la planificación marítima. Canarias también figura entre las áreas con mayor interés por recurso eólico y necesidad energética.
Con ese mapa de fondo, la Xunta quiere que el estreno sea gallego. El Gobierno autonómico trasladará al MITECO que Galicia sea de las primeras en el despliegue y reclama que la subasta incorpore una lógica de retorno territorial: compensaciones a actividades afectadas, beneficios sociales y económicos y un marco que traduzca el proyecto en energía competitiva para la industria. La conselleira María Jesús Lorenzana ha anunciado además la activación del Observatorio da Eólica Mariña para coordinar la posición con el sector eólico y con el mar (cofradías y marisqueo).
Pero la consulta nace con fricción. El sector pesquero y plataformas vinculadas a la defensa de los caladeros han reaccionado con dureza, acusando al Gobierno de querer “subastar el mar a ciegas” y reclamando que se frene el proceso hasta disponer de estudios técnicos y socioeconómicos completos sobre impactos y compatibilidades, además de revisar áreas de alto potencial cuando se solapan con zonas tradicionales de pesca.
La industria eólica, en cambio, ve la apertura de la consulta como la señal que faltaba para poner a España en el tablero internacional. El MITECO recuerda que Europa ya acumula 37 GW de eólica marina instalada y que el objetivo español fijado en la Hoja de Ruta es 1–3 GW en 2030; para el Gobierno, el despegue busca atraer inversión y reforzar la autonomía energética e industrial, en un momento en que el mercado global se mueve con rapidez.
El diseño final de la subasta será, por tanto, el verdadero campo de batalla. La consulta pregunta por la priorización de categorías de valoración (precio, impacto ambiental, oportunidad industrial, compatibilidad de usos, apoyo social, innovación), con un límite: los criterios no económicos pueden llegar hasta el 30% de la ponderación y además deben incorporarse exigencias europeas recientes (resiliencia, ciberseguridad, capacidad de ejecución, sostenibilidad). También se consulta el “cómo se paga”: plazos de puesta en marcha, duración del régimen económico, posibles indexaciones (acero, cobre), gestión de horas a precio cero y garantías para el desmantelamiento al fin de vida.
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