En diálogo con Télam, el director ejecutivo de la Organización para la Protección de los Recursos Pesqueros (Opras), Eduardo Pucci, indicó que «la pesca ilegal tiene 3 componentes: la ilícita propiamente dicha, que se realiza en ausencia de permisos; la no declarada; y la no reglamentada».
Los cálculos, elaborados en base a registros y estimaciones, indican que la captura de peces en los archipiélagos oscila entre 200 mil y 400 mil toneladas al año, y la pesca no reglamentada alcanza las 300 mil.
Gran parte en las Malvinas
En relación a Malvinas, la explotación ilegítima de los recursos ictícolas por parte de Gran Bretaña se remonta al año 1986, cuando el Gobierno británico dio autorización a los isleños para utilizar y comerciar licencias de pesca.
Desde entonces, la economía de Malvinas se reconvirtió y la actividad piscícola pasó a representar más del 90% del total de las exportaciones, generando ingresos anuales de al menos US$ 500 millones, de acuerdo a estimaciones brindadas por el secretario ejecutivo del Museo Malvinas, Juan Augusto Rattenbach.
Con la asunción del presidente, Alberto Fernández, y del canciller, Felipe Solá, se ha vuelto a enfatizar el reclamo de soberanía sobre las Islas.
En particular, han tomado relevancia la decisión de discontinuar el intercambio de información pesquera con la administración británica que ocupa Malvinas y la sanción de la ley que crea un Consejo consultivo sobre los archipiélagos.
También se adoptó la nueva demarcación de la Plataforma Continental Argentina, que implica la ampliación de 1.782.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio y había sido aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2017.
Asimismo, aguarda en el Congreso un proyecto de ley que prevé aumentar las sanciones por la pesca ilegal en territorio argentino, estableciendo como pena mínima el equivalente a 500.000 litros de combustible (que a valores actuales rondaría los $ 25 millones) y como pena máxima una multa de $156 millones de pesos, a precio actual del gasoil.
«La extensión que plasma el nuevo mapa es trascendental porque no está solamente en juego un espacio territorial marítimo, si no también los recursos naturales que devienen en un potencial para el desarrollo económico de nuestra Nación», explicó Rattenbach a Télam.
En tanto, Eduardo Pucci aseguró que «la extensión de la plataforma tiene una enorme importancia geopolítica», pero aclaró que «no tiene potestad sobre los recursos pesqueros más allá de la milla 200, si no sobre la exploración y explotación de los recursos minerales y no vivos y los vivos sedentarios».
Semanas atrás, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman, dijo a Télam que «el combate de la pesca ilegal es una prioridad absoluta» y que la que principalmente afecta a Argentina es «la que se da en aguas de Malvinas».
En consonancia, destacó que en el 2020 «capturamos tres barcos, que es una cifra muy importante y hacía 15 años que no se alcanzaba esa cantidad en la temporada».
Por su parte, la pesca no reglamentada se produce en aguas internacionales adyacentes a la ZEE; es decir, más allá de la milla 200 y del alcance de la legislación del Estado nacional.
Es inadmisible que un área de esa extensión y complejidad de biodiversidad no tenga un ordenamiento, situación que aprovechan las flotas extranjeras para operar en forma indiscriminada y sin ninguna regulación
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