La autoridad marítima detectó al “Playa Da Cativa” navegando a baja velocidad dentro de la milla 200, un patrón que la normativa argentina considera compatible con pesca de arrastre sin autorización

La Prefectura Naval Argentina informó de la detección de un buque pesquero de bandera España dentro de la Zona Económica Exclusiva de Argentina, en un episodio que vuelve a colocar bajo el foco la presión de flotas extranjeras sobre los recursos del Atlántico Sur. Según el parte oficial difundido por diversos medios locales, el arrastrero “Playa Da Cativa” fue identificado electrónicamente el domingo 1 de febrero durante su tránsito en aguas jurisdiccionales argentinas.

El dato que activó la alerta no fue solo la posición, sino el comportamiento: los registros del sistema de vigilancia reflejaron que el buque permaneció aproximadamente 45 minutos en el área a una velocidad inferior a cuatro nudos, un rango que se asocia a maniobras compatibles con operaciones de arrastre. En la lectura de la autoridad marítima, ese patrón constituye una presunción de actividad pesquera realizada sin permiso dentro de la ZEE, donde los buques extranjeros no pueden operar salvo autorización expresa.

La incursión, siempre en términos de “presunta infracción”, encajaría en el marco de la Ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca), que regula la explotación, conservación y administración de los recursos en aguas bajo jurisdicción nacional, además de establecer criterios de control y sanción. En estos casos, la investigación suele apoyarse en trazas electrónicas y en la documentación de seguimiento para sustentar un expediente administrativo.

Prefectura recordó, además, un antecedente inmediato: el jueves 29 de enero el capitán del “Playa Da Cativa” ya habría sido notificado por operar muy próximo al límite exterior de la ZEE. En aquella comunicación —según la versión oficial— se le indicó mantener un margen de seguridad para evitar ingresos involuntarios ante imprevistos, advertencia que habría sido recibida por el responsable de la nave.

El buque citado por la autoridad argentina figura en bases de datos marítimas como un pesquero de 55,8 metros de eslora y 9,5 de manga, construido en 1989 (IMO 8802349). En el registro oficial español de flota aparece con puerto base en Vigo, mientras que su actividad operativa en el Atlántico suroccidental se vincula con escalas y logística regional, con Montevideo como referencia habitual en la zona.

En el plano empresarial, distintas publicaciones asocian la titularidad o explotación del barco a Moradiña S.L., un dato relevante para trazar responsabilidades si el caso avanza en sede administrativa. Conviene subrayar, no obstante, que la detección describe una presunción por patrón de navegación: no implica por sí misma que exista prueba directa de captura, sino un indicio considerado suficiente para activar el procedimiento de control.

El episodio se suma a otros reportes recientes en el borde de la “milla 200”, una franja de alta sensibilidad por el valor de los recursos y por la proximidad de flotas que operan en aguas internacionales. El 10 de enero, por ejemplo, Prefectura informó de la detección del “Bao Feng” con navegación compatible con pesca ilegal dentro de la ZEE durante más de una hora, un caso citado como antecedente en el inicio de la temporada.

En el centro del dispositivo de vigilancia está el Sistema Guardacostas, una plataforma tecnológica que integra múltiples fuentes de información para monitorear tráfico marítimo y apoyar decisiones operativas. El sistema es operado por áreas especializadas de Prefectura y se presenta como una herramienta clave tanto para seguridad de la navegación como para protección ambiental y control de actividades no autorizadas.

Más allá del caso concreto, la señal de fondo es política y económica: la Argentina insiste en que el control permanente es indispensable para resguardar recursos estratégicos y reforzar la disuasión ante incursiones puntuales, mientras que el sector pesquero internacional observa con atención cómo se usan los datos electrónicos (AIS, satélite, patrones de velocidad) como evidencia en procedimientos contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. En ese cruce de soberanía, tecnología y presión sobre los caladeros, cada “traza” cuenta.