APROANG y la FNCP piden una gestión integral para salvar a la anguila europea: “No vale decidir a ciegas”

El sector de la angula llama a construir una hoja de ruta basada en ciencia y en una evaluación completa de impactos, en vísperas de una votación clave en el Comité de Flora y Fauna del MITECO.

A pocas horas de una cita que puede marcar un punto de inflexión para una de las especies más enigmáticas y castigadas de nuestras aguas, el sector de la angula se mueve para fijar posición y, sobre todo, para ampliar el foco. La Asociación Profesional de la Pesca y Comercialización de la Angula (APROANG), en colaboración con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), ha impulsado un manifiesto que reclama una gestión integral de la anguila europea (Anguilla anguilla), “basada en datos científicos” y en una evaluación completa de los impactos sociales, económicos y medioambientales.

La iniciativa llega en vísperas de la reunión del Comité de Flora y Fauna convocada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), prevista para el martes 17 de febrero de 2026, en la que el Gobierno pretende someter a las comunidades autónomas la propuesta de declarar a la anguila “En peligro de extinción” e incorporarla al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE).

Un manifiesto con apoyos territoriales… y con mensaje político

APROANG subraya que el manifiesto cuenta con respaldo de cofradías y entidades representativas de Galicia, Asturias, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, además de apoyos vinculados al ámbito transfronterizo del río Miño y al sector portugués, un guiño explícito a una realidad: la anguila no entiende de límites administrativos, pero su gestión sí.

En el texto, el sector insiste en que el debate no puede cerrarse con una sola palanca (la prohibición) ni con un único culpable (la pesca profesional). La anguila europea atraviesa desde hace décadas un declive profundo, respaldado por dictámenes científicos y por evaluaciones internacionales que apuntan a una situación crítica. Pero, precisamente por eso —argumenta el sector—, la respuesta debe ser global, con medidas sobre todo el ciclo de vida y sobre todas las presiones que impactan a la especie.

Qué se juega España el 17 de febrero

El MITECO sostiene que la propuesta de protección reforzada se apoya en criterios científicos y que la tramitación viene de lejos: se inició en 2020, con un dictamen favorable, y fue actualizada en marzo de 2024, cuando el comité científico mantuvo su recomendación de incluir a la anguila en la categoría “En peligro de extinción”. Según el Ministerio, esa actualización ya se trasladó a las comunidades en 2024, pero no obtuvo la mayoría necesaria.

Aun así, el consenso institucional está lejos de ser automático. En las últimas semanas, varias autonomías han anticipado objeciones o votos en contra, alegando desde el impacto socioeconómico a la necesidad de más coordinación y de análisis territorializados.

El sector recuerda: “La pesca ya está bajo planes de gestión”

Uno de los pilares del argumentario de APROANG y la FNCP es que la pesca profesional de la angula ya opera bajo marcos de control y planificación. En el ámbito europeo, el Reglamento (CE) 1100/2007 obligó a los Estados miembros con hábitat de anguila a desarrollar planes de gestión para reducir la mortalidad antropogénica y aspirar a la “fuga” (escapement) hacia el mar de al menos el 40% de la biomasa respecto a niveles prístinos.

En España, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) compila esos planes y recuerda también otra pieza del puzle: en comercio internacional, la especie está incluida en el Anexo II de CITES con efectos desde marzo de 2009, lo que refuerza el carácter sensible del recurso y el foco sobre el tráfico ilegal.

De la prohibición al “enfoque integral”: el núcleo de la petición

El manifiesto impulsado por APROANG no niega el problema: admite la preocupación por el estado de la especie, pero pide que cualquier decisión se tome con una fotografía completa. En esa lectura, la recuperación de la anguila exige actuar más allá de la pesquería regulada, atacando los factores estructurales que lastran su ciclo migratorio y su supervivencia.

Entre esos factores, el sector coloca en primera línea:

• Fragmentación de ríos y barreras que cortan rutas migratorias.
• Calidad de las aguas y presión sobre estuarios y tramos bajos.
• Mortalidad asociada a infraestructuras y otras causas no pesqueras.
• Refuerzo del control frente al furtivismo y el comercio ilegal.

La idea, en suma, es evitar un debate de “todo o nada” y abrir un terreno de trabajo donde la prohibición —si llega— no sea el final de la historia, sino, como mínimo, una medida dentro de un paquete más amplio, con calendario, evaluación y responsabilidades distribuidas.

La dimensión socioeconómica: impacto y territorio

El sector también pone cifras sobre la mesa para que la discusión incorpore la variable social. La Xunta de Galicia, en una de las reacciones institucionales a la propuesta del MITECO, recoge que un informe de la Universidad de Vigo aportado por APROANG atribuye a la cadena de valor de la anguila un impacto total de 46,8 millones de euros en España y alrededor de 20,3 millones de valor añadido bruto.

Esa dimensión territorial —desde estuarios gallegos hasta el ámbito del Miño, pasando por enclaves donde la actividad es parte del tejido productivo local— explica por qué la decisión del 17 de febrero no es solo una discusión ambiental: también es un pulso sobre cómo se construyen las transiciones cuando la conservación toca actividades históricas.

Claves del manifiesto

APROANG y FNCP resumen su posición en tres ideas fuerza:

1. Ciencia, sí; pero ciencia completa: datos, diagnóstico integral y evaluación de impactos.
2. Corresponsabilidad: la recuperación no depende solo de vedas; exige actuar sobre ríos, hábitats y presiones no pesqueras.
3. Gobernanza y diálogo: coordinación real entre administraciones y reconocimiento del conocimiento territorial del sector, en una especie con dimensión transfronteriza.

En paralelo, el movimiento social y gastronómico que pide frenar el consumo de angula ha ganado presencia en el debate público, algo que el propio MITECO ha incorporado a su narrativa para reforzar el mensaje de urgencia.

Lo que ocurra este 17 de febrero de 2026 en el Comité de Flora y Fauna marcará el rumbo inmediato. Pero el debate de fondo —y ahí se sitúa el manifiesto— seguirá abierto: si la anguila necesita una respuesta excepcional, también necesita una política completa que no traslade el peso de la recuperación a una sola pieza del sistema.