Así, en el contexto de la resolución de una serie de cuestiones prejudiciales elevadas por Francia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea marca los pasos a seguir por los Estados Miembros, incidiendo en que cada país tiene la potestad de definir en forma de denominaciones legales los términos que deban quedar reservados para las industrias cárnicas o pesqueras. Asimismo, el Tribunal recuerda que con la redacción actual del Reglamento 1169/2011 de información alimentaria facilitada al consumidor se puede —“y se debe”, puntualizan desde Anfaco-Cecopesca— perseguir al operador que induzca a error al consumidor.
La resolución del TJUE viene a decir que aquellos países que deseen diferenciar los productos de origen animal de aquellos veganos de imitación deberán implementar a nivel nacional listas de denominaciones legales en las que definan y limiten su uso. “Nombrar las cosas es definirlas”, apuntan desde Anfaco-Cecopesca, por ello desde la alianza #CadaCosaPorSuNombre –en la que, además están representadas la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, la Asociación Interprofesional Española de la Carne Avícola y la Confederación Española de Detallistas de la Carne– llevan tiempo defendiendo “que los países desarrollen, en defensa del consumidor, legislaciones claras sobre qué términos pueden ser empleados para definir los productos veganos y cuáles no”.
Así, tras esta resolución, los Estados Miembros “no pueden ampararse en la incertidumbre del reparto de competencias o jurisdicciones con la Unión Europea y deben asumir su papel de fuerza organizadora y reguladora de la información al consumidor y de la competencia desleal y desarrollar legislación de denominaciones legales que atienda a las nuevas realidades y proteja a los consumidores”, inciden desde Anfaco-Cecopesca. “Ha de tenerse en cuenta –continúan– que no estamos hablando de un mercado residual o alternativo sino de una tendencia global con un crecimiento exponencial que en España supera los 500 millones de euros de facturación”.
Desde #CadaCosaPorSuNombre solicitan, de este modo, que se desarrolle “con urgencia” la legislación nacional al tiempo en que se dota a Comunidades Autónomas de las herramientas necesarias para perseguir los etiquetados “que puedan confundir al consumidor”.
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