El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado una declaración institucional de apoyo a la modalidad tradicional de pesca de arrastre, cuyo objetivo frenar el denominado “Plan de acción para la conservación de recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos” que impulsa la Comisión Europea y que “en su redacción actual supone un gravísimo perjuicio a la modalidad tradicional de Pesca de Arrastre al conllevar su eliminación en 2030”.
En esta declaración se señala que el Gobierno de Andalucía “de la mano del sector pesquero andaluz ha resaltado el esfuerzo cumplido y que realizan nuestros pescadores por la sostenibilidad de nuestros mares y océanos, destacando la compatibilidad de la misma con la actividad y rentabilidad de la actividad pesquera”. Al mismo tiempo, defiende que cualquier plan o norma que afecte a la actividad pesquera tiene que estar fundamentada en informes científicos certeros y actualizados”, recordando la repercusión que ello tiene en un sector al que reconoce como “vulnerable y fundamental”.
El documento advierte de su “importancia vital” para la economía de Andalucía y “la defensa férrea del sector pesquero”, ya que supone 23.000 empleos entre directos e indirectos y en lo que hace a la pesca de arrastre, con presencia en las cinco provincias litorales de Andalucía. Esta modalidad genera más de 3.000 empleos directos y la subsistencia de más de 200 barcos de la flota andaluza y se dedica a la pesca de especies tradicionales de la comunidad como la cigala, la gamba roja o el salmonete.
Por todo ello, la declaración institucional señala que “desde la Comunidad Autónoma de Andalucía no se comparte la necesidad de este Plan que consideramos no está justificado por informes científicos actualizados, no existen informes sociales ni económicos y no se ha escuchado debidamente al sector”.
Además, la declaración recuerda que todo esto se suma a los recortes de cuotas en el Golfo de Cádiz y de días en el Mediterráneo que ya sufre el 65% de la flota pesquera, que ha llevado a que “haya barcos por debajo de los 150 días de actividad al año y en niveles generales ha restado un tercio de la actividad normal que tenía la flota para su viabilidad”.
En la declaración se insta al Gobierno de España para que “busque alianzas para frenar en la Unión Europea” este Plan, “articulando una defensa integral del sector pesquero” y que se acompañe del impulso “a todos los niveles, de la interlocución con el sector”.
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