El Congreso de los Diputados ha aprobado la nueva Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que busca reducir a la mitad los residuos alimentarios per cápita en el ámbito de la venta minorista y el consumo. También pone en el foco a la cadena de producción y suministro, donde el objetivo es que las pérdidas de alimentos bajen un 20% para el año 2030. Además, estipula que los excedentes que aun así puedan producirse se destinen a la donación, a otros tipos de redistribución para el consumo humano y, en última instancia, a alimentación animal, compostaje o producción de biogás.
Los excedentes de alimentos que se produzcan en empresas del sector de la distribución tienen que donarse a entidades sociales y bancos de alimentos, excepto cuando la inviabilidad de los productos esté justificada.
También hay un cambio significativo en los restaurantes. Actualmente no se podían negar a que los clientes se llevasen las sobras, pero podían establecer un precio por los táperes u otros recipietes utilizados para el transporte de la comida. La nueva ley marca el derecho a llevarse las sobras en envases reutilizables o reciclables sin coste adicional. Además, los locales deben informar claramente a los clientes de esta posibilidad.
Como buenas prácticas, establece el deber de incentivar a los agentes de la cadena alimentaria a que ajusten las fechas de consumo preferente de sus productos hasta el máximo que garantice una adecuada calidad de los mismos.
Además, la ley apela a incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, de acuerdo a la jerarquía de prioridades de uso.
Igualmente, la norma establece que las administraciones han de promover nuevos modelos de negocio enfocados a la reutilización de excedentes alimentarios y a la investigación e innovación sobre la viabilidad de los alimentos para alargar la vida útil.
La ley establece, también como buenas prácticas, que las administraciones públicas fomenten que los establecimientos comerciales dispongan de líneas de venta productos «feos, imperfectos o poco estéticos». También recoge la promoción del consumo de productos de temporada, de proximidad o ecológicos.
Las administraciones públicas deberán promocionar campañas de sensibilización sobre hábitos de consumo responsable y desarrollar soluciones innovadoras para minimizar el desperdicio.
La norma aprobada en el Congreso establece un régimen sancionador para quien cometa infracciones. Las cuantías van desde los 1.000 hasta los 100.000 euros.
Por su parte, AECOC, la Asociación empresarial que reúne a más de 34.000 compañías de la industria y la distribución de diferentes sectores empresariales, analizará el próximo 26 de marzo a la 11:30h, en su Centro de Formación de Madrid (Av. del General Perón, 38, Ed. Master´s I 5 planta), la recientemente aprobada Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario y presentará las conclusiones de su 2º Barómetro sobre desperdicio alimentario en los hogares españoles, elaborado por AECOC Shopperview con la colaboración de Phenix.
Desde hace más de una década, AECOC impulsa la iniciativa “La Alimentación no tiene desperdicio”, un proyecto de adhesión voluntaria en el que participan más de 700 empresas y que comparte el espíritu y objetivos del reglamento aprobado ayer en el Congreso de los Diputados. Nuria de Pedraza, directora de Comunicación de AECOC y de este proyecto, analizará los requerimientos de la ley y su impacto para las empresas del gran consumo.
Por su parte, Marta Munné, responsable de estudios de AECOC Shopperview, presentará, junto a María Muriano, Marketing Manager Spain de Phenix, las conclusiones del 2º Barómetro sobre desperdicio alimentario en los hogares españoles , un estudio que tiene como objetivo conocer mejor los hábitos de aprovechamiento de la alimentación en el ámbito doméstico y los aspectos que contribuyen a desperdiciar comida en este entorno
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