2.874 millones para levantar el campo y sostener la mar, tras las borrascas de Andalucía y Extremadura

El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete específico de ayudas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) por 2.874,1 millones de euros para agricultores, ganaderos, pescadores y acuicultores golpeados por el “tren de borrascas” del último mes. La medida se integra en un real decreto-ley de respuesta urgente a daños por inundaciones y episodios climáticos adversos ocurridos desde el 1 de enero de 2026, con especial foco en Andalucía y Extremadura, las comunidades con mayor siniestralidad.

Para el sector marítimo-pesquero, el anuncio llega con un mensaje doble: por un lado, ayudas directas para armadores que han visto caer su actividad por cierres de puerto, temporales y pérdida de jornadas; por otro, un esquema de reconstrucción de infraestructuras y financiación que busca evitar que el golpe de la meteorología termine traduciéndose en cierres empresariales, pérdida de empleo y descapitalización en las zonas costeras.

El corazón del plan: 2.174 millones en ayudas directas “de oficio”

El MAPA cifra en 2.174 millones de euros el bloque de ayudas directas para pérdida de renta y apoyo extraordinario, con una característica que el Gobierno subraya como clave: se concederán de oficio, sin que el beneficiario tenga que iniciar trámites, en 619 municipios de Andalucía y Extremadura.

Dentro de esa cuantía, el reparto se estructura en tres carriles:

• 2.121 millones para compensar la pérdida de renta de titulares de explotaciones (agricultura, ganadería y también acuicultura), con una ayuda entre 5.000 y 25.000 euros, calculada como el 30% de los ingresos agrarios de la última declaración fiscal.
• 43,1 millones adicionales para quienes tengan seguro agrario, con una subvención complementaria que puede alcanzar el 70% del coste de la prima (máximo permitido por la normativa europea) y cobertura de la franquicia en pólizas con daños parciales.
• 10 millones en ayudas directas a armadores de buques pesqueros con puerto base en Málaga, Cádiz y Huelva, con compensación cuando se acrediten pérdidas superiores al 40%.

En clave estrictamente pesquera, la dotación de 10 millones sitúa el foco en el litoral andaluz más expuesto a los cierres y a la pérdida de operatividad, en plena temporada de alta sensibilidad para muchas flotas artesanales y de litoral.

600 millones para “coser” caminos y regadíos… y rearmar la logística del territorio

El segundo gran bloque moviliza 600 millones de euros para reparar caminos e infraestructuras agrarias dañadas y para recuperar instalaciones de regadío, con ejecución a través de las empresas públicas Tragsa y Seiasa. Aunque el titular es agrario, el efecto es transversal: reconstruir accesos, servicios y sistemas de apoyo en territorios donde el temporal ha tensionado también la cadena logística que conecta producción, transporte y mercados.

Financiación con “colchón” público: 100 millones vía ICO-MAPA-SAECA

Además de la ayuda directa, el Gobierno habilita una línea de financiación especial dotada con 100 millones de euros, articulada a través del ICO-MAPA-SAECA, que bonificará el 15% del principal de los créditos solicitados y asumirá el 100% del coste del aval. Está abierta a agricultores, pescadores y acuicultores en el conjunto de Andalucía y Extremadura.

Para el sector pesquero y acuícola, esta palanca puede ser determinante en un contexto de tensión de tesorería: no solo por días sin salir a faenar, sino por costes que siguen corriendo (energía, mantenimiento, piensos en acuicultura, logística, reparaciones y seguros).

Fiscalidad y empleo: ayudas exentas y “fuerza mayor” para evitar penalizaciones

El real decreto-ley incorpora medidas fiscales y laborales complementarias: las ayudas estarán exentas de IRPF y de Impuesto de Sociedades, y se contemplan herramientas como exención del IBI rústico y ajustes tributarios (reducción de módulos), además de una reducción extraordinaria de peonadas de 35 a 5 para acceder a prestaciones agrarias en zonas afectadas.

En paralelo, el Gobierno establece que estos temporales se consideren causa de fuerza mayor ante posibles incumplimientos de determinadas obligaciones, citando expresamente el marco de la PAC como ejemplo.
Aunque el texto del MAPA pone el foco en lo agrario, el mensaje político es relevante: en un clima cada vez más volátil, la administración empieza a reconocer que no se puede exigir “normalidad” cuando el mar y el territorio no la permiten.

¿Qué lectura deja para la pesca y la acuicultura?

El plan tiene un valor inmediato —parar la hemorragia— y un valor estratégico: acelerar mecanismos de respuesta cuando el temporal golpea la economía azul. En el comunicado oficial, el MAPA reconoce que el tren de borrascas ha afectado al litoral, causando perjuicios importantes a la actividad pesquera y acuícola.

En lo inmediato, la clave estará en dos elementos prácticos:

1. Acreditación de pérdidas en el caso de armadores (umbral del 40%).
2. Velocidad real de la ayuda “de oficio” para explotaciones y actividades con daños: que llegue antes de que el coste financiero y la caída de ingresos obliguen a recortar empleo o parar producción.

Y a medio plazo, la discusión de fondo seguirá abierta: estos episodios extremos, cada vez más frecuentes, obligan a revisar el equilibrio entre seguros, prevención, infraestructuras resilientes y ayudas públicas. La propia agenda estatal de ayudas se está moviendo en esa dirección, enmarcada en un paquete más amplio de respuesta a las borrascas que supera los 7.000 millones de euros y que incluye apoyos a personas y municipios afectados.

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Claves del plan (cifras rápidas)

• 2.874,1 M€: presupuesto total MAPA para sector agrario y pesquero.
• 2.174 M€: ayudas directas (de oficio) + seguro agrario + armadores.
• 10 M€: armadores con puerto base en Málaga, Cádiz y Huelva (pérdidas > 40%).
• 600 M€: reparación de caminos e infraestructuras agrarias y regadíos (Tragsa/Seiasa).
• 100 M€: línea ICO-MAPA-SAECA (15% del principal + avales).