Noticia general

El acuerdo UE-Marruecos, pendiente de la justicia europea

Entre los derechos humanos y la autodeterminación en El Sáhara

Juan Carlos Barros

Las conclusiones del Abogado General (AG) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a favor de la nulidad del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea (UE) y Marruecos causaron preocupación en el Sector por lo que pudiera pasar con el recurso que ahora está pendiente ante ese mismo tribunal contra el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la UE y el Reino de Marruecos, y su último Protocolo de 16 de diciembre de 2013, por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera.

Sin embargo, ahora la situación ha dado un giro inesperado tras la sentencia del TJUE dada a conocer el pasado diciembre, que dice que Los Acuerdos de Asociación y de Liberalización celebrados entre la UE y Marruecos no son aplicables al Sáhara Occidental. El TJUE anula la sentencia anterior del Tribunal General, que se había pronunciado en sentido opuesto, y rechaza el recurso del Frente Polisario. El TJUE opina que, habida cuenta del estatuto del Sáhara Occidental en virtud de la Carta de Naciones Unidas y del principio de autodeterminación de los pueblos, no se puede considerar que la expresión «territorio del Reino de Marruecos», que define el ámbito territorial del Acuerdo de Liberalización, incluya al Sáhara Occidental.

La UE y Marruecos han destacado en un comunicado conjunto la vigencia del acuerdo comercial y se comprometieron a “trabajar activamente para su desarrollo en todos los ámbitos de interés mutuo”. Mientras que El Frente Polisario cree que la sentencia obliga a las empresas de la UE a retirarse del territorio, y que les corresponde a ellos tomar decisiones de comercio exterior sobre sus recursos. A partir de esa premisa dicen que se puede desarrollar un nuevo futuro comercial con Europa y llegar a acuerdos de interés mutuo.

Es decir, que a partir de ahora la preocupación es que el TJUE adopte el mismo criterio en el Acuerdo Pesquero y considere que tampoco la aguas territoriales de El Sahara Occidental son de Marruecos, lo que significaría que habría que negociar un acuerdo especifico con el Frente Polisario.

El Sahara Occidental no es territorio de Marruecos, según el Tribunal de Justicia de la UE

Así las cosas, en cuanto a la Pesca todavía hay que tener en cuenta que las razones alegadas por el AG consisten fundamentalmente en que no se ha tenido en cuenta la situación de los derechos humanos en El Sáhara Occidental. De tal modo, el artículo 1º del actual Protocolo de Pesca dice que su aplicación se efectuará de conformidad con el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales, y añade expresamente que constituyen un elemento esencial del Acuerdo Pesquero

El Frente Polisario (FP), al presentar su denuncia del Protocolo en 2014 dijo que no se puede saber como tuvo en cuenta el Consejo de la UE que El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo reconocido por la Organización de las naciones Unidas (ONU) y ocupado por Marruecos. Porque el resultado, según FP, es que se estaría aplicando un acuerdo internacional al territorio de El Sáhara Occidental pese a que ningún Estado de la UE ha reconocido la soberanía de Marruecos. Además tampoco se consultó a la población de El Sáhara Occidental, incluso cuando la ONU había afirmado que ninguna actividad podía tener lugar a menos que fuera de acuerdo con los deseos del pueblo saharaui.

El Acuerdo de Pesca estuvo mucho tiempo detenido en el Parlamento Europeo (PE), que votó en contra de su prórroga a finales de 2011, hasta que dos años después decidió dar su aprobación al nuevo Protocolo. El Informe de la Comisión de Pesca dio el visto bueno, aunque con condiciones, y concretamente dijo que se aprobaba “a reserva de su aplicación de conformidad con el Derecho internacional (..) El derecho de autodeterminación, incluido el derecho de los pueblos a ejercer de modo permanente la soberanía sobre sus riquezas y recursos naturales, constituye una norma del Derecho internacional que no admite ninguna excepción.”

Si el Parlamento Europeo constata que no se respetan los Derechos Humanos se suspendería el Acuerdo.

El Informe de la Comisión de Pesca del PE resalta la importancia que se da en el Protocolo al respeto de los derechos humanos, puesto que figura en el articulo 1º, y además porque cualquier incumplimiento por parte de Marruecos de esa cláusula entrañaría la suspensión del Protocolo, según el artículo 8º.

La posición del PE en la decisión de aprobación es muy firme y recuerda su derecho a estar puntual y completamente informado sobre la aplicación del Protocolo y sus resultados. Además, solicita la documentación sobre el apoyo a la política del sector pesquero de Marruecos y toda la información necesaria que permita el adecuado seguimiento, incluido el informe final de Marruecos sobre la ejecución del programa de apoyo sectorial.

En el caso de la política sectorial, Marruecos debe justificar la elección de proyectos desde el punto de vista de sus repercusiones económicas, sociales y de empleo, así como el impacto de su distribución geográfica. No se efectuarán pagos por la UE si las justificaciones de Marruecos sobre la ejecución no son plenamente satisfactorias.

El Protocolo de Pesca afecta a 126 buques de once países de la UE (España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Lituania, Letonia, Países Bajos, Irlanda, Polonia y el Reino Unido), de los cuales 99 son españoles. Las oportunidades de pesca han aumentado en un tercio en comparación con el anterior Protocolo, y ahora llegan a las 80.000 toneladas, que incluye pequeños pelágicos, especies demersales, pesquerías artesanales y atuneros.

El coste de acceso a las posibilidades de pesca ha disminuido en un 30 % en comparación con el Protocolo anterior y anualmente supone 30 millones €, de los que 16 millones € corresponden al pago por el acceso a los recursos y 14 millones € por el apoyo estructural al sector pesquero de Marruecos. La contribución de los armadores europeos, por su parte, es muy considerable, pues asciende a 10 millones €.

La justicia inglesa también ha recurrido la aplicación del Acuerdo de Pesca en aguas de El Sáhara Occidental

Pero, el Acuerdo de Pesca no solo está sometido a la revisión de la justicia europea por ese recurso de FP, sino que también en Inglaterra, el Alto Tribunal de Justicia (ATJ) admitió la demanda de “Western Sahara Campaign” contra el Ministerio de Agricultura por aplicar el Acuerdo a las aguas del Sahara Occidental, y en octubre de 2015 el ATJ presentó una cuestión prejudicial ante el TJUE para que determine su conformidad con el derecho europeo.

El ATJ dice en su sentencia que es un hecho indiscutible que cuando los estados europeos han concedido licencias para pescar en aguas de Marruecos, tal pesca ha tenido lugar dentro de las aguas territoriales de El Sáhara Occidental y las capturas han sido desembarcadas y se han pagado las tasas portuarias a las autoridades marroquíes en puertos localizados en el territorio de El Sáhara Occidental. Ademas añade que no hay nada en los Acuerdos ni en el Protocolo que garantice que sus beneficios vayan exclusivamente a la población de El Sáhara Occidental.

El ATJ considera de singular importancia las opiniones de Hans Corell (el relator de la ONU que hizo el informe sobre El Sáhara) con respecto al Acuerdo, y acepta que las relaciones de la UE con Marruecos son de la mayor importancia y que hay un interés mutuo en que las pesquerías de la costa oeste de África sean gestionadas de forma efectiva y estén supervisadas. No obstante, en cuanto a la jurisdicción en las aguas territoriales de El Sáhara Occidental dice Corell que “cualquier jurisdicción sobre esas aguas está sujeta a las limitaciones que emanan de las reglas de autodeterminación”.

Corell duda que su opinión de 2002 se pueda usar para apoyar el Acuerdo de Pesca, a no ser que la CE establezca que el pueblo de El Sahara Occidental ha sido consultado y que ha aceptado tanto ese Acuerdo como la forma en que los beneficios del mismo repercuten sobre los saharauis.

El ATJ ha llegado a la conclusión que un Acuerdo Pesquero en el que no se hace distinción entre las aguas adyacentes a El Sahara Occidental y las agues adyacentes al territorio de Marruecos, viola la legislación internacional.

El ATJ, ahondando más en la cuestión pesquera, considera que hay una diferencia entre los problemas que se plantean bajo el Acuerdo de Pesca, donde se habla literalmente de “aguas dentro de la soberanía de Marruecos” y aquellos otros asuntos de tipo comercial y que se refieren a los derechos de aduana incluidos en el Acuerdo de libre comercio, donde la referencia que se hace en el texto es solamente al territorio de Marruecos, sin mencionar la soberanía.

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