Galicia

Luchamos contra la pesca ilegal

El Secretario de Pesca Marítimo Alberto López Asenjo ha publicado un interesante artículo sobre las gestiones que viene realizando el gobierno contra la pesca ilegal.

Una operación desplegada por la Guardia Civil en estos últimos días ha desactivado una supuesta red para comercializar productos de la pesca fuera de los cauces legales. Coordinada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo, esta acción policial, que sigue en marcha, es una buena noticia para quienes luchamos contra la llamada pesca INDNR: pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

La Secretaría General de Pesca ha colaborado desde el primer momento y seguirá haciéndolo en estrecho contacto con la Guardia Civil y la Autoridad Portuaria de Vigo. Estos trabajos son un refrendo de que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) tiene la lucha contra la pesca INDNR como una prioridad, tanto internacional como nacional. Combatiéndola, estamos luchando contra una de las mayores amenazas a la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y para la biodiversidad marina; pero, además, se trata también de defender a los pescadores que proceden responsable y honradamente, respetando las condiciones de sus autorizaciones de pesca.

La comisión Océano Mundial -órgano consultivo de las Naciones Unidas -calcula que la pesca INDNR en alta mar mueve unos 1.250 millones de dólares al año, que se elevaría a entre 10.000 y 23.500 millones dólares, según la FAO, si se incluyese la pesca INDNR realizada dentro de las jurisdicciones nacionales. No es de extrañar, por tanto, que la comunidad internacional haya incluido la erradicación de esta pesca ilegal para el año 2020, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por Naciones Unidas. Y España, potencia pesquera, no podía quedarse ajena a esta pelea.

Por ello, nuestro país abordó, ya en el año 2014, una importante reforma de la ley de pesca, para que la administración pudiera exigir responsabilidades sobre todos sus nacionales. Esta mejora del marco legislativo, junto con el reforzamiento de las competencias de los servicios de inspección, permitió que a lo largo de los años 2015 y 2016, se llevasen a cabo investigaciones junto a autoridades de la Unión Europea, Interpol y de terceros estados. Fruto de aquel esfuerzo, se descubrió la existencia de diversos entramados empresariales, dirigidos a ocultar la propiedad, gestión y explotación de numerosos buques identificados por participar en actividades de pesca INDNR. Aquellas actuaciones de la Inspección Pesquera se conocen como operaciones Sparrow, y han derivado en la imposición de sanciones económicas en vía administrativa de más de 24 millones de euros. Actualmente, se tramita un nuevo procedimiento sancionador contra los nacionales implicados en las actividades de los buques Tchaw y Thunder.

A las reformas legales y al reforzamiento de las competencias de los servicios de inspección, se suma un incremento de recursos humanos del Ministerio: acaba de incorporar a esta Secretaría General 20 nuevos inspectores, 4 de los cuales refuerzan desde esta misma semana el Servicio de Pesca en Pontevedra.

Con todo ello, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente mantiene firme su voluntad de luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Son claves la colaboración internacional y el control de los buques de bandera española, sus aguas, sus puertos y las importaciones de productos de la pesca procedentes de terceros países. Seguiremos en esta línea y esperamos obtener resultados relevantes como los de la operación de los últimos días.

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