Noticia general

Las medidas del Estado rector del puerto (PSMA) fundamentales para acabar con la pesca ilegal

Un informe de Cepesca evidencia el interés del sector pesquero español por afrontar la pesca ilegal No Declarada y No Reglamentada (INDNR) y los importantes resultados conseguidos un año después del primer tratado internacional destinado a poner fin a la también denominada, por sus siglas en inglés, pesca IUU (INDNR en español): el Acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (PSMA). Se trata de un hito importante en la carrera para acabar con una lacra que, no solo supone una clara competencia desleal para las flotas que pescamos de forma sostenible y responsable, también es una práctica que se ha demostrado ligada a la explotación laboral e infantil, y supone una zancadilla en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (SDS) 14, que contempla la conservación y utilización sostenible de océanos, mares y recursos marinos, y para ello persigue, entre otros, erradicar a la pesca IUU en el horizonte de 2020.

España, a través de la Unión Europea (UE) es una de las 54 partes que se dhirió al PSMA y con la conmemoración de su entrada en vigor se pone de relieve el carácter prioritario de una lucha que persigue poner fin a una práctica que, según la FAO, supone hasta 26 millones de toneladas de pescado al año capturado de forma ilegal y hasta 23.000 millones de dólares en términos económicos, además de estar vinculada con prácticas inadmisibles, tales como el trabajo infantil y el tráfico de personas.

El PSMA es fundamental en la lucha global para acabar con la pesca IUU en tanto que: establece las condiciones para la entrada y el uso de los puertos por parte de las embarcaciones pesqueras extranjeras, define las normas internacionales mínimas que deben aplicar los estados rectores del puerto en el momento de examinar la información de capturas de forma previa a la entrada de los barcos en puerto -especialmente de aquellos que operan en aguas fuera de la jurisdicción del estado de pabellón- y establece la realización de inspecciones y la adopción de medidas contra aquellos barcos que hayan participado en la pesca INDNR. El éxito de la puesta en práctica del PSMA descansa en el intercambio de información entre los estados, las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesqueras (OROP) y otros organismos internacionales.

El sector pesquero que desarrolla su actividad de forma responsable y sostenible, respetando la regulación e invirtiendo en innovación, es el primer interesado en erradicar la pesca IUU, un objetivo que exige un compromiso decidido y que resulta vital teniendo en cuenta que la pesca es fundamental tanto para alimentación de la población como para la sostenibilidad de las comunidades que se dedican a esta actividad. No podemos olvidar que la pesca genera hasta el 70% y el 20% del aporte de proteínas de las personas que habitan en zonas costeras y en zonas de interior, respectivamente. De hecho, y de acuerdo con el informe SOFIA 2018, el pescado representó alrededor del 17% de la proteína animal consumida por la población mundial y proporcionó casi un 20% del aporte medio de proteínas animales per cápita a unos 3.200 millones de personas.
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Desde la perspectiva sociolaboral, la pesca representa el medio de vida de un 10% de la población mundial. Se estima que 40,3 millones de personas desarrollan su trabajo en el sector primario de la pesca: alrededor de 354.000 en Europa. En España, que ocupa la primera posición de la UE tanto en volumen como en valor de las capturas pesqueras, la actividad pesquera proporciona trabajo a cerca de 33.300 tripulantes en una flota formada por 9.146 barcos, de los cuales 8.840 son de bajura (7.173 de menos de artes menores) y faenan en aguas nacionales, 106 desarrollan su actividad en aguas europeas no españolas y 192 en aguas fuera de la UE.

Estas flotas representan, respectivamente, el 39% (349.445 Tm), 3% (26.930 Tm) y 58% (521.625 Tm) de unas capturas totales, que se sitúan en torno a las 900.000 Tm o, lo que es lo mismo, 10 millones de raciones de comidas saludables al día, es decir, 3.700 millones de comidas saludables al año. Así mismo y como primer eslabón de la cadena, la actividad pesquera es clave para una multitud de sectores económicos, que abarcan desde la construcción naval hasta la venta minorista, pasando por el sector del transporte, la logística y los servicios financieros; jugando también un papel fundamental como garante de la seguridad alimentaria.

En este contexto, la pesca IUU no solo supone una amenaza para la sostenibilidad de mares, océanos y recursos marinos, también constituye una clara competencia desleal para las flotas que se esfuerzan, invierten y dan cumplimento a la normativa. Y es que, naturalmente, las flotas que desarrollan una actividad pesquera que cumple escrupulosamente con la legislación asumen unos costes operativos mucho más elevados que los que tienen las flotas piratas.

Abanderados de la pesca sostenible y responsable

Desde su creación en 2007, en la Confederación Española de Pesca tenemos entre nuestros objetivos la lucha contra la pesca IUU y, más allá de cumplir con el Reglamento 1005/2008 de la UE, que establece el sistema comunitario para prevenir la pesca IUU, hemos mantenido un sólido compromiso con el desarrollo de una pesca sostenible desde una triple vertiente medioambiental, económica y social. En 2014 Cepesca se adhirió al Decálogo ‘Compromiso del sector pesquero español con la pesca sostenible’, que promueve la aplicación del Código de Conducta de Pesca Responsable de la FAO y ese mismo año firmamos el ‘Protocolo de intenciones para la monitorización de la actividad pesquera, por parte de la Secretaría General de Pesca, de buques de interés español abanderados en un tercer país’. Desde el sector pesquero también apoyamos de forma expresa el sistema de validación de licencias privadas de España, que fue utilizado como modelo en el Reglamento de la UE 2017/2403 del Parlamento Europeo y el Consejo para la gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores.

Las flotas que desarrollan una actividad pesquera que cumple escrupulosamente con la legislación asumen unos costes operativos mucho más elevados que los que tienen las flotas piratas.
El sector pesquero europeo ha apoyado asimismo, desde su misma concepción, iniciativas que contribuyen directamente a la eliminación de la pesca IUU como es la puesta en marcha en 2017 de la primera versión operativa del Registro Mundial de buques de pesca, transporte refrigerado y suministro; una iniciativa mundial conjunta y progresiva que, como se ha mostrado durante la reciente celebración en Roma de la 33 reunión del Comité de Pesca de FAO, facilita el acceso a información de los registros de flota de 46 estados miembros y más de 8.000 embarcaciones con número IMO.

Este Registro Mundial es una herramienta fundamental para la aplicación del Acuerdo PSMA y otros acuerdos internacionales tales como el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las Poblaciones de Peces, en tanto que permite consultar el historial de los barcos y contrastar la información que proporcionan los patrones de las embarcaciones pesqueras al solicitar la entrada a puerto. Asimismo, facilita información útil para determinar el origen legal o no de los productos pesqueros mediante vínculos a los sistemas de documentación de la captura (SDC) a través del identificador único del buque.

Comprometidos con el desarrollo y la adopción de este tipo de herramientas, la flota comunitaria y, específicamente, la flota española también realiza una importante labor de denuncia y, de hecho, lo ha hecho en múltiples ocasiones sobre la situación en océanos como el Índico, donde a la amenaza constante de piratería, se suma el poco o nulo control de prácticas ilegales de pesca, tales como el uso de redes de enmalle a la deriva, al igual que sigue ocurriendo en el Mar Mediterráneo. Del mismo modo, desde Cepesca venimos demandando desde hace años la prohibición de los transbordos en alta mar ya que está demostrado que estas prácticas en muchas ocasiones enmascaran prácticas pesqueras ilegales.

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Caja azul (ELB) de buque fabricada por Satlink.
El establecimiento de este tipo de restricciones pasa por el compromiso y el consenso de la mayoría de las partes representadas en las OROP, cuyo papel clave no puede obviarse tanto a la hora de establecer medidas técnicas y obligaciones de control, como en el impulso a la cooperación entre las naciones pesqueras que, sin lugar a duda, es condición indispensable para lograr el éxito en la lucha global contra la pesca IUU.

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