Los armadores de la flota consideran que la pesca se han convertido en un sector «hipercontrolado», una vez de haber leido el proyecto de orden que la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura -del Ministerio de Agricultura y Pesca que se ha redactado para regular en España el sistema de localización de buques pesqueros vía satélite. Un texto que va mucho más allá de la reglamentación comunitaria y, a decir de organizaciones y asociaciones pesqueras del Cantábrico, «sobrepasa cualquiera de los requerimientos exigidos por la Unión Europea» y además genera un problema de competencia con el resto de flotas al situar a España en una clara desventaja».
Entidades de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, todas representantes de flota de distintas modalidades, se han rebelado contra lo que consideran un intento de instaurar un Estado policial en el mar. El sector no quiere se lleve a cabo la instalación de observadores electrónicos, «porque solo puede emplearse ese calificativo a un sistema que, aprovechándose del poder que confiere la política pesquera a la regionalización, impone normas de control más restrictivas que las del resto de los socios comunitarios al pretender», por ejemplo, que los barcos de más de doce metros de eslora transmitan datos de su posición y velocidad a través de la caja azul cada cinco minutos. Eso es algo que no exigen las normas comunitarias, que tampoco observan que se tenga que enviar el DEA (diario electrónico de a bordo) a través de ese dispositivo de monitoreo.
Las asociaciones del Cantábrico se hacen eco de las alegaciones que contra este proyecto de orden presentó una empresa fabricante de aparatos electrónicos del País Vasco, Zunival, que también interpreta que la norma española sobrepasa con creces las exigencias de las normas comunitarias y que, además, introduce condiciones técnicas que no deben observar otros países de la UE, por lo que apela a «unificar las características de los sistemas de localización».
El borrador del decreto indica que cada 5 minutos se debe notificar el posicionamiento del buque con el consiguiente incremento de los mensajes que pasarán a ser de 720 mensajes a a 8640, una cantidad inasumible para el sector al no contarse con tarifa plana.
En cuanto al observador electrónico, la empresa vasca apunta que «es una apuesta de algunas empresas privadas», por lo que, mencionarlo en el borrador «resulta fuera de lugar, discriminatorio y una posible práctica restrictiva de la competencia». Eso da pie al sector pesquero a sospechar que se esté tratando de favorecer a alguna compañía.
La aplicación de la norma exime a los barcos con menos de 15 metros y que no pasan 24 horas en la mar, además de faenar dentro de las aguas territoriales. No obstante, la oposición parte que lo peor es que, a juicio de la flota, el proyecto está «impulsando ya con cambios normativos la instalación de observadores electrónicos a bordo como una medida de control más a las ya existentes, innecesaria» además, «con costes adicionales para el sector y muy discutible en relación al derecho a la privacidad de los trabajadores de la pesca», apuntan en sus alegaciones. La implantación de estos observadores tiene un marcado carácter coercitivo, «España no puede ser precursora de un control a través de cámaras a bordo a efectos de verificar la obligación de desembarque cuando lo más correcto es que se introduzca la flexibilización de la normativa que permitirá su cumplimiento, caso de la obligación del desembarque»
Flexibilidad de los descartes
Este punto provoca una oposición frontal de los profesionales, que, además, no ocultan su indignación al sentirse ninguneados: «Que a lo que demanda el sector español, que entiende que solo mediante la flexibilización de esta medida se puede aspirar a su cumplimiento y no con más medidas coercitivas y de control».
Otro reproche que hace la flota es la relativa a los costes. Para mantenerse como primera en mataria de control, España no repara en gastos. Pero en los gastos de los demás. Porque transmitir la posición a Madrid por la caja azul cada 5 minutos supondrá que un barco pasará de transmitir entre 360 o 720 mensajes automáticos al mes a enviar 8.640, con lo que los costes de comunicación «solo por esto se incrementarán entre 12 y 24 veces». Un sobrecoste «inasumible para la embarcación, dado que el sistema Iridium que utilizan no tiene tarifa plana, que los dejará en peores condiciones con respecto al resto de la flota comunitaria, que no tiene que dar el parte de situación con tanta frecuencia.
En principio, la bajura no estaría afectada por la orden, dado que deja al margen a los barcos de menos de 15 metros que faenen exclusivamente en aguas españolas o que no pasen más de 24 horas en el mar. Pero el sector cree que se deja una puerta abierta a su inclusión, al recoger que están obligados a llevar un dispositivo de seguimiento los buques afectados por planes plurianuales, de gestión o de recuperación, «al margen de su eslora».
